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NACIONALES   

(Comunicado del Ministerio Publico) Sala Constitucional usurpó funciones con designación de Vicefiscal

07 de Julio de 2017 | comentarios | 2963 visitas | Ver imagen original | A+ | A -
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(Comunicado del Ministerio Publico) Sala Constitucional usurpó funciones con designación de Vicefiscal

El Ministerio Público concluyó  tras la reunión de miembros de su directiva que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “usurpó funciones” de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y de la Asamblea Nacional al designar a Katherine Haringhton como Vicefiscal.

El organismo aclaró al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de un comunicado que la designación del Vicefiscal, es una atribución de la Fiscal General de la República con previa autorización de la Asamblea Nacional, según lo establecido en la Ley Orgánica del MP en su artículo 5 numeral 3.

Esto a propósito de la interposición por parte del Vicefiscal General de la República (E), Rafael González Arias, de un recurso de nulidad contra el Decreto presidencial que fijó las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ante la actuación de la Sala Constitucional que, sin pronunciarse sobre lo solicitado en tal recurso, declaró nulo el nombramiento de Arias.

En el texto, el MP recuerda al TSJ que “no puede anular actos administrativos” como los que resuelven la designación de un funcionario.

Más temprano, Katherine Haringhton, quien fue designada como vicefiscal por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), llegó a la sede del Ministerio Público para “tomar posesión de su cargo”, pero las puertas permanecieron cerradas.

A continuación el Comunicado completo: 

 Con ocasión a la interposición por parte del Vicefi­scal General de la República (E), Rafael González Arias, de un Recurso de Nulidad contra el Decreto Presidencial que ­fijó las Bases Comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sin pronunciarse sobre lo solicitado en ese recurso y actuando fuera de lo pedido, declaró nulo el nombramiento del Vice­fiscal General de la República e indicó que mediante auto separado designaría uno temporal.

 En consecuencia, debe tenerse en cuenta:

 Que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece en su artículo 25, numeral 3, que es una atribución de la Fiscal General de la República designar al Vicefi­scal General de la República, previa autorización de la Asamblea Nacional.

 Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no puede anular actos administrativos, como los que resuelven la designación de un funcionario; esta es una competencia de la Sala Político Administrativa (art. 26.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).

 Que los autos judiciales deben ser para resolver asuntos relacionados con el debate del proceso; no para dictar actos administrativos como la designación de funcionarios públicos.

 Que a pesar de que el desacato es una sanción de carácter personalísimo (no extensible a personas que se encuentren en situación similar ni a órganos), prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ante el incumplimiento de una decisión de amparo constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considera que bajo este supuesto debe asumir por sí misma las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional por mantenerse esta en desacato.

 Dicho criterio que fue plasmado en su máxima expresión en las cuestionadas sentencias 155 y 156 que han incrementado, en buena medida, la conflictividad actual en el país.

 Que tomando en consideración tales circunstancias, la Fiscal General de la República solicitó a la Asamblea Nacional la autorización de la designación del ciudadano Rafael González Arias, para que sea rati­ficado como Vicefi­scal General de la República, lo cual fue aprobado el día 3 de julio de 2017 por la mayoría absoluta del órgano legislativo nacional.

 Que para el día 4 de julio de 2017, el cargo de Vice­fiscal General no se encontraba vacante.

 Se concluye que:

1.- Con la decisión contenida en el auto de fecha 4 de julio de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia usurpó funciones de la Fiscal General de la República y de la Asamblea Nacional.
2.- La pretendida designación de la ciudadana Katherine Nayarith Harrington Padrón, titular de la cédula de identidad Nro. V- 10.548.414, como Vice­fiscal General es inconstitucional, ilegal, ilegítima y representa una continuidad a la ruptura del orden constitucional.
3.- Representa un deber ineludible para todo ciudadano, investido o no de autoridad, desconocer dicho nombramiento con el objetivo de colaborar en el restablecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, previsto en su artículo 333.

 

 

Caracas, 6 de julio de 2017

 
Fecha de la Noticia: 07 de Julio de 2017
Hora: 07:06:21
Fuente: VARIAS
Publicado Por: RC
 
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