Amnistía Internacional a gobiernos de Latinoamérica: No deporten a los venezolanos

Fuente: ENH

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Amnistía Internacional (AI) instó a los gobiernos de América Latina y el Caribe a garantizar la protección de los venezolanos que huyen de la grave crisis de su país y a no deportarlos debido al riesgo que corren de sufrir violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Esa organización hizo la solicitud este miércoles durante el lanzamiento de su campaña “Welcome Venezuela” (Bienvenida Venezuela), que tiene como objetivo reconocer la “gravedad” de las violaciones a los derechos humanos en la nación sudamericana.

“Los venezolanos requieren protección internacional. Deben poder solicitar la condición de refugiado u otros mecanismos alternativos para regularizar su estadía sin restricciones ni demoras, y deben tener acceso a servicios de salud, educación, trabajo y otros servicios públicos sin discriminación. Bajo ninguna circunstancia deben ser devueltos a Venezuela “, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en América.

Según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados ACNUR, 3.7 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años, y al menos 7 millones necesitan asistencia humanitaria dentro del país.

Guevara-Rosas enfatizó que los países de la región no deben imponer barreras que impidan la entrada de personas que huyen de la crisis de derechos humanos en Venezuela, ni “devolver a nadie”.

Al denunciar la grave crisis que afecta a Venezuela, dijo que los estados de la región deben ser coherentes en sus palabras y garantizar la protección de todos los que huyen del país.

“La campaña ‘Bienvenida Venezuela’ es nuestra forma de reconocer la gravedad de las violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en Venezuela y de reiterar nuestro compromiso con las víctimas, tanto dentro como fuera del país “, expresó.

La crisis de derechos humanos en Venezuela sigue aumentando y profundizándose, dijo AI, afectando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de millones de personas.

Con el lanzamiento de la campaña, AI está resaltando el hecho de que la crisis requiere una acción inmediata para atender las necesidades más urgentes de las personas en Venezuela.

La directiva dijo que cualquier solución o acción para enfrentar la crisis debe ser consistente con las obligaciones internacionales de respetar y proteger los derechos humanos y las víctimas siempre deben ser el foco de las discusiones.

En ese contexto, detalló que los líderes de los otros países de la región deben apoyar los esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por la crisis de derechos humanos y reconocer los derechos de las personas que huyen de Venezuela en busca de protección internacional.

Explicó que los estados tienen el deber de proteger los derechos humanos buscando soluciones bajo el principio de responsabilidad compartida, como se refleja en el Proceso de Quito y su Plan de Acción, así como en el Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Migrantes (RMRP) para Refugiados y Migrantes de Venezuela propuesto por Plataforma interinstitucional, coordinada por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En un reciente informe, la organización Refugees International describió un “panorama terrible” sobre la situación que viven los venezolanos en Curazao. El reporte se basó en los testimonios de primera mano de venezolanos que viven en situación irregular, miembros de la diáspora venezolana con condición legal en la isla y representantes de organizaciones de la sociedad civil y agencias de las Naciones Unidas.

Refugees International denunció en esa ocasión que el gobierno de Curazao no solo no estableció un mecanismo de protección para los venezolanos, sino que ha aplicado una “estrategia activa de expulsión” mediante el arresto, la detención y la deportación de esas personas en situación irregular.

“Se insta al gobierno de Curazao a que cese las deportaciones de venezolanos de vuelta a su país; otorgue a los migrantes venezolanos permisos de residencia temporal que les den acceso al mercado laboral, la educación y la atención a la salud y establezca un sistema de asilo que permita a las personas que buscan protección internacional solicitarla en cualquier momento, independientemente de cómo ingresaron en el país”, se indicó en el informe.

Refugees International recordó que Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos y, por consiguiente tiene la obligación de cumplir varios tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). “Sin embargo, los venezolanos en Curazao no tienen acceso a estos derechos”.

En Trinidad y Tobago, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, descartó en abril pasado la posibilidad de instalar un campo de refugiados para los venezolanos que con frecuencia son deportados de esa isla caribeña.

“Me han contactado fuerzas externas, agencias externas para abrir campos de refugiados en Trinidad para los venezolanos. Me he negado rotundamente (…). Esas son las puertas que una vez que las abres, son muy difíciles de cerrar “, dijo, según una información publicada en el diario Guardian de Trinidad y Tobago.

Más de 9,000 venezolanos habían solicitado asilo político en ese país en el 2018, de acuerdo con cifras de Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela.

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