Privados de libertad ocho funcionarios de la policía del estado Anzoátegui por la muerte de un hombre

Fuente: Prensa MP

A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad ocho funcionarios de la policía del estado Anzoátegui por su presunta responsabilidad en la muerte de Gabriel De Jesús Fernández Toledo (29), hecho ocurrido el dos de noviembre del año 2018 en el interior de una vivienda, ubicada en el sector Cruz Verde de Barcelona, municipio Simón Bolívar.

Aproximadamente a las seis de la mañana de ese día, los funcionarios se introdujeron en la vivienda de Fernández Toledo y se lo llevaron detenido sin orden de allanamiento a bordo de una unidad de la policía con rumbo desconocido.

Posteriormente, los efectivos trasladaron a la víctima hasta el Hospital Doctor Luis Razetti de Barcelona, donde ingresó sin signos vitales y con heridas producidas por arma de fuego en el tórax y un antebrazo.

Luego de labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público y efectuadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se determinó la responsabilidad de los oficiales en el hecho, por lo que fueron detenidos el ocho de octubre en el comando general de la policía regional, luego de una orden de aprehensión solicitada ante el Tribunal 1º de Control de Barcelona.

En la audiencia de presentación, representantes de la fiscalía 19ª de la referida jurisdicción imputaron al oficial jefe Julio César García Romero por el delito de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles en grado de complicidad correspectiva, y simulación de hecho punible.

Igualmente, fueron imputados por los mismos tipos penales los oficiales Carlos Alexander Uzcátegui Flores, Fernando Luis Campos Lovera, Jesús Rafael Díaz Díaz, Edwar Gabriel Maldonado Betancourt, Alex Rafael Leal Hurtado, Edgardo José Torres Medina y Jackdiel José Gómez. Tales delitos están previstos en el Código Penal.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el Ministerio Público, la referida instancia judicial decretó la medida de privativa de libertad para los uniformados, quienes permanecerán recluidos en la sede de la policía regional.

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