Ataúdes y gas lacrimógeno: la imagen de la represión en Bolivia

Fuente: La Vanguardia

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La policía de Bolivia ha reprimido este jueves con gases lacrimógenos una multitudinaria marcha que llegaba a La Paz desde El Alto, acompañando los ataúdes de cinco de las ocho personas que murieron el pasado martes en la planta de acopio de gasolina y gas de Senkata, en las afueras de esta última ciudad. “No respetan ni a los muertos”, se escuchaba entre los grupos de manifestantes que quedaron desperdigados por el centro de la capital boliviana tras la actuación policial.

La marcha había salido por la mañana desde Senkata, el lugar de la ciudad de El Alto donde hace dos días un operativo de fuerzas de seguridad dejó ocho muertos por disparos, cuya autoría se investiga mientras el Gobierno y la presidenta interina, Jeanine Áñez, niegan que fueran los militares.

La marcha salió por la mañana desde la zona donde murieron el martes ocho personas en El Alto.

Los manifestantes querían denunciar en la capital la muerte de sus compañeros y desmentir que pertenecieran a grupos armados como había asegurado el Gobierno interino de Áñez. Denuncian que el Gobierno está consumando una “masacre” en el país sudamericano.

Al llegar frente a la iglesia de San Francisco, la policía comenzó a dispersar la marcha y familiares, amigos y compañeros que llevaban los féretros no tuvieron más remedio que dejarlos en medio de la calle para refugiarse, muchos incluso pidiendo ayuda a las puertas de la iglesia por los efectos de los gases. “Nos tratan como perros”, “primero nos matan, ahora nos gasifican” fueron algunos de los gritos que se escucharon durante el dispositivo mientras otros a su alrededor culpaban de tanta violencia a Áñez.

La policía de Bolivia utilizó gas lacrimógeno para disuadir a los manifestantes

La presidenta interina enviaba por la noche un mensaje al pueblo boliviano mostrando su lamento hacia las muertes del pasado martes. Los ocho fallecidos por disparos elevaron a 32 los muertos en más de un mes de conflicto tras las elecciones del 20 de octubre. Dos días después y desde el palacio de Gobierno en La Paz, Jeanine Áñez lamentaba “desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en El Alto”.

“Nos duelen, porque somos un Gobierno de paz”, aseveraba la jefa de Estado interina, para ofrecer a su “gabinete en pleno” con tal de “comenzar a dialogar inmediatamente” con los sectores que no le reconocen y desean la vuelta de Evo Morales, quien sigue presente en la política boliviana ahora desde su asilo en México.

La ministra interina de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, llevaba días transmitiendo quejas al Ejecutivo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrado, por permitir que Morales siga haciendo política desde México. El detonante de la queja es un video donde supuestamente Evo Morales conspira y anima a un líder cocalero a mantener las protestas contra el Gobierno de Áñez.

Tanto el Gobierno provisional como el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, llaman a la paz desde hace días. Siguen en trámite en el Parlamento las leyes de urgencia para acelerar el camino a unas nuevas elecciones.

En una Asamblea Legislativa con mayoría del MAS frente a una oposición sustentada por el Gobierno de Áñez, la dinámica parlamentaria no ha dado pistas aún del estado de esos trámites, pero seguramente a principios de 2020 el pueblo boliviano deberá acudir otra cita con las urnas.

El ex vicepresidente de Morales durante los 14 años de su gobierno, Álvaro García Linera, ha asegurado a una entrevista con EFE desde México que ni él ni el expresidentes concurrirán a esas elecciones “para no generar rechazo de las fuerzas golpistas”.

Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde que el día después de las elecciones, cuando comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo. El 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Morales anunció su renuncia, presionado por los militares, para al día siguiente salir asilado hacia México.

La renuncia de Morales es calificada de “golpe de Estado” por varios gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

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