Aislamiento de la dictadura Ortega Murillo pasa realización a Nicaragua, que no puede lograr a millonarios fondos internacionales

Fuente: La Prensa

La Audiencia Nacional investiga la transferencia masiva de bienes por parte de la trama del ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en plena investigación policial por blanqueo de capitales.

El Juzgado de Instrucción número uno ha descubierto que el jerarca de la petrolera venezolana PDVSA, Juan Carlos Márquez, que se suicidó en Madrid hace cinco meses tras ser imputado por el juez Santiago Pedraz por desviar a Raúl Morodo y a su hijo al menos cuatro millones de euros mediante falsas asesorías, traspasó de golpe media decena de inmuebles por valor de más de dos millones de euros el mismo día.

Quien fuera directivo de PDVSA, y hombre de máxima confianza de Morodo, vendió un lote de propiedades el dos de julio de 2018 a una empleada venezolana de Telefónica en Chile, Ana Karina Ulloa. A lo largo de una misma mañana esta trabajadora de la operadora, con la que ha intentado ponerse en contacto sin éxito EL MUNDO, adquirió un inmueble en la selecta zona madrileña de El Encinar de los Reyes por 950.000 euros. Acto seguido hizo lo propio con un piso en la zona residencial de Las Tablas por 395.000 euros así como con otra vivienda, esta vez en pleno centro de la capital, en la calle Corazón de María, por 269.000 euros.

Karina, a la que los investigadores señalan como testaferro de la trama para saquear la petrolera estatal venezolana, adquirió también a Márquez un inmueble en la zona de Clara del Rey por 40.000 euros y otro en San Sebastián de los Reyes por 375.000 euros.

Pocos meses después, en octubre de 2018, la Audiencia Nacional ha detectado también que la presunta testaferro de la trama suscribió varios fondos de inversión en España depositando en ellos importantes cantidades de origen desconocido.

Por ello el juez Pedraz ha requerido de inmediato al Banco Santander para que acredite la procedencia de los 189.000 euros que empleó Karina para comprar participaciones en uno de sus productos financieros. Lo propio ha hecho para determinar el origen de los 170.499 euros que utilizó para comprar acciones en dos fondos del Banco Popular. La investigación se extiende, además, según ha podido saber este periódico, a otro fondo en el que invirtió durante el mismo año, esta vez en Caixabank, y a dos cuentas bancarias abiertas durante dicho ejercicio.

La Audiencia Nacional puso en marcha el pasado mes de mayo la operación contra Morodo por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales tras documentar el desvío de unos cuatro millones de euros de PDVSA a través de una sociedad panameña con cuenta en Suiza controlada por la familia Morodo. Estas operaciones tuvieron lugar poco después de que Morodo abandonara su puesto como embajador en 2008, para el que fue nombrado por Zapatero cuatro años antes. El objeto oficial de los pagos a los Morodo fue la implantación de PDVSA en Europa, extremo que finalmente nunca se llevó a cabo.

Los pagos más importantes librados por el Gobierno venezolano y que están siendo objeto de investigación fueron canalizados a través de Alejo Morodo mediante la sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST. Esta empresa disponía de un depósito bancario en el Credit Suisse de Ginebra con la siguiente numeración: CH 67048351435769620100. También libró facturas a la petrolera venezolana mediante su bufete madrileño, Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.

Estas operaciones llevan siendo investigadas por la Policía Nacional desde 2015, cuando la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo que dirigía entonces Eugenio Pino recibió una primera remesa de documentación a través de una serie de confidentes venezolanos. La UDEF ha examinado durante los últimos años las operaciones y ha concluido que se trata de una operación de blanqueo de capitales y que los Morodo nunca prestaron servicio alguno a PDVSA.

La familia Morodo sostiene, sin embargo, que realizó trabajos de asesoría empresarial que no ha podido concretar. Se limita a asegurar que ayudaron a que PDVSA aterrizara en el continente europeo, pero no pueden justificar haber realizado servicios por un importe tan elevado. No en vano, una de las hipótesis de la Policía radica en que el ex alto cargo socialista no era el único destinatario final del dinero y que pudiera haber otros beneficiarios todavía inéditos. EL MUNDO ha intentado ponerse en contacto sin éxito con el ex embajador venezolano y con sus abogados para conocer su versión pero no han respondido a las llamadas de este periódico.

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