La Comisión Europea, sobre el viaje de Delcy Rodríguez: «Corresponde a España implementar las sanciones»

Fuente: El Mundo

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La Comisión Europea se pone de perfil en la delicada cuestión del viaje de Delcy Rodríguez a España. Tras guardar silencio a lo largo del jueves, este viernes los portavoces de Ursula Von der Leyen y de servicio de Acción Exterior, dirigido por el alto representante Josep Borrell, se han lavado las manos sobre si hay una violación o no de las sanciones europeas, que desde 2018 prohíben a Rodríguez y otros 24 dirigentes bolivarianos la entrada en la UE. Y no tienen intención de investigarlo.

«Podemos confirmar que Delcy Rodríguez está entre los dirigentes incluidos en la lista junto a otros 24 individuos y que las sanciones contemplan la congelación de activos y los viajes a la UE. La implementación de las sanciones corresponde a los Estados miembro. Esperamos que todos los estados cumplan las sanciones», ha explicado Virginie Battu-Henriksso.

Preguntada sobre si las sanciones permiten de alguna manera una escala en Barajas, incluso de catorce horas y media, los portavoces no han querido pronunciarse. Fuentes del equipo explicaban a lo largo de mañana que es un tema complicado que se está estudiando. Pero la parte más llamativa ha llegado justo después, cuando han explicado que no les corresponde a ellos ni a nadie en Bruselas decidir si este viaje se ajusta a la legalidad europea o no, sino a Moncloa.

«La evaluación de la violación de las sanciones es responsabilidad de las autoridades de cada Estado miembro, está claramente indicado en las provisiones legales. Corresponde al estado miembro evaluar», ha insistido la portavoz Battu-Henriksson.

La figura es muy extraña, pues dejan en manos del posible Gobierno infractor, de manera voluntaria o no, o por lo menos de la autoridad que no habría implementado las sanciones aprobadas por el Consejo, la evaluación de si hay algo irregular. Pero la respuesta ha sido muy clara. «Las sanciones se adoptan por el Consejo por unanimidad. Cada Estado Miembro está de acuerdo. Como cualquier legislación, no hay opción, tienen que hacerlo. Pero les corresponde a las autoridades competentes evaluar. Aquí hay un caso específico. Hay muchas veces que hay alegaciones sobre si una compañía está violando sanciones, y ahí también le corresponde a las autoridades nacionales evaluar si hay violación o no», ha insistido. «Pero no hay confusión, hay autoridades nacionales. Para cada caso que tiene lugar en su territorio», ha zanjado Battu-Henriksso.

«Es así», ha apuntillado Eric Mamer, el portavoz principal de Von der Leyen. Es el Ministerio de Exteriores el responsable último, incluso si hubiera potencialmente una violación por parte de un ministro del mismo Ejecutivo. Una respuesta que ha resultado chocante a muchos de los presentes en la sala de prensa, pues la Comisión es la guardiana de los Tratados, y si no tiene ningún papel en el proceso y si alguien puede romper las sanciones, no garantizar que se cumplen y decidir en última instancia si en efecto ha ocurrido algo irregular, todo el mecanismo es como un castillo de naipes.

La situación es muy incómoda en Bruselas, pese a lo que digan públicamente los portavoces y ha causado sorpresa y malestar. La mera posibilidad de que no se estén respetando las sanciones erosiona la credibilidad de las mismas y de la UE como actor internacional. Sobre todo con un ex ministro de Exteriores español al frente de la diplomacia comunitaria.

La paradoja es que, formalmente, las instituciones no tienen rol formal. En teoría nadie, ni de la Comisión, ni del Consejo ni del Servicio de Acción Exterior puede preguntar de oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores (la autoridad encargada de velar por las sanciones) si se ha producido una violación. Y al mismo tiempo, los funcionarios están revisando la letra pequeña del acto legislativo que aprobó las sanciones para saber si una escala en el aeropuerto, por larga que sea, supone una posible vulneración de las normas o no. Cada régimen de sanciones de la UE es diferente, pero en teoría los principios generales y el espíritu en estas cosas es el mismo. Pero por ahora parecen satisfechos con el mensaje de Moncloa de que Ábalos no sabía que Delcy Rodríguez estaba a bordo y por lo tanto no hubo infracción alguna por su parte, sino como mucho una sorpresa.

Otra cosa es si la número dos de Maduro se saltó las sanciones o si fue de hecho la primera vez.

Las cuestiones de Política Exterior y de Seguridad Común son diferentes a las de Competencia o a las de mera regulación, por ejemplo. Aquí técnicamente no se abre un procedimiento de infracción, ni si hubiera una violación de las normas, porque no se trata de una Directiva comunitaria o una decisión del Tribunal de Justicia. Se trata casi de un acto de fe y confianza, pues todas las capitales han firmado y acordado las sanciones y la Comisión no contempla la posibilidad de que una parte no cumpla sus funciones.

En todo caso, Von der Leyen tendrá que dar alguna respuesta, ahora o más tarde. El PP, por ejemplo, ya ha registrado una pregunta del eurodiputado Esteban Rodríguez Pons sobre la «entrada ilegal en territorio de la UE de una persona sujeta a medidas restrictivas». Y en ella se piden explicaciones a Josep Borrell sobre si la estancia de Rodríguez supone «un incumplimiento flagrante» de las normas, y, de ser así, «qué medidas tiene previsto tomar para garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse».

Los portavoces han indicado que van a indagar sobre el hecho de quién tiene acceso a los datos de los pasajeros, en vuelos privados, y si hay forma de saber por adelantado si alguien que está en la lista de sanciones va a entrar en territorio comunitario. Tanto en Madrid como en Bruselas.

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