Isla de Margarita: Crónica oscura de un virus con corona Por Antonio González Abad (SEGUNDA PARTE)

Fuente: Reporte Confidencial

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REPORTE CONFIDENCIAL Por Antonio González Abad l Desaparece la gasolina en Margarita y puede preverse que la temporada de pesca en la isla se irá con el vapor del combustible (la veda se había levantado el 14 de marzo); por lo pronto, en el otro extremo de la cadena alimenticia, el ministro de pesca y designado «Protector» de esta entidad trata de dar garantías a los pescadores de que eso no será así, que sus bidones serán llenados y podrán hacerse a la mar, aunque en el vecino estado Sucre ya se registren protestas entre los pobladores de Araya impedidos de buscar sustento en el mar por falta de derivados del petróleo… por supuesto nuestro «Protector» nos trata como a niños y no informa cuánto carburante queda en reserva, a cuánto ha quedado reducido el nivel de consumo, ni de qué manera se normalizará el despacho. La opacidad es la norma en estos días.

Investido en su nuevo papel de jefe de inmunología del estado (de facto), el «Protector» nos ofrece, eso sí, cifras preocupantes: 72 contagios de coronavirus (uno se habría recuperado, aunque curiosamente omite fallecimiento alguno en su cuenta), distribuidos geográficamente en: Antolín del Campo (1), Díaz (2), Mariño (3), Maneiro (11), Arismendi (13) y Gómez (43); 12.044 pruebas rápidas realizadas y 93.976 pesquisas (¡¡!!)

Mas allá del asombroso número de pesquisas, detrás de las pruebas rápidas se esconde un error fundamental, pues ha sido la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la que ha desaconsejado el uso de este tipo de pruebas para hacer la detección del virus y, ello se debe, a su falibilidad. El Reino Unido, Holanda y España han descartado utilizar los test de fabricación china que se emplean de manera masiva en esta latitud, cuya exactitud en el mejor de los casos ronda el 60% y que pudieran ser empleados para medir la presencia de anticuerpos en los pacientes recuperados (inmunidad), en el tránsito autorizado de personas a través de fronteras o para medir a posteriori las secuelas del virus en una población determinada.

Lógicamente no quedaría otra alternativa que la de echar mano de pruebas genéticas (PCR) de forma masiva, de mayor exactitud, aunque ciertamente mas lentas en sus resultados. El problema radica en que, si bien todavía existen en el país laboratorios privados con la capacidad de realizar esas pruebas, el asunto se ha centralizado en el Instituto Nacional de Higiene (INH), que tendría –a decir de Reuters- apenas la capacidad de procesar unas 100 pruebas diarias para todo el país (para poner las cosas en perspectiva: en Colombia, verbo y gracia, la capacidad para procesar este tipo de pruebas va por el orden de 2.700).

Teniendo en cuenta lo anterior, solo es posible deducir que la diferencia entre los casos reales y las cifras publicadas es incalculable y que, si esos son los números sobre los que se trata de elaborar una política epidemiológica, las autoridades se están engañando a sí mismas.

En este orden de prioridades que va desde la crisis del combustible, hasta la realización de un sistema de pruebas confiable, pasando por la agudización del descalabro económico, los encargados han optado por: a) detener a 5 personas como chivos expiatorios del contagio; b) recluir y dispersar a los enfermos por los distintos centros asistenciales del estado; c) cerrar las fronteras de los municipios Maneiro (Pampatar) y Gómez (Santa Ana) –aunque en la práctica esto último implique la clausura de Marcano (Juan Griego), condenado a buscar salida sin gasolina por la remota vía de Taguantar- y; d) imponer un toque de queda con restricción de horario.

El sentido común debería enseñar que: a) criminalizar y recluir a la fuerza a los contagiados incentivará a los ciudadanos a no reportar los síntomas; b) centralizar, por ejemplo en el Hospital Militar (que no tiene área de obstetricia o pediatría) a los que padecen de Covid-19, reduciría la probabilidad de esparcir los contagios, mantener los centros de salud funcionando para otras dolencias y concentrar el limitado equipamiento de forma racional; c) abrir las fronteras de los municipios permitiría aliviar de alguna forma la penuria económica y destinar mejor los recursos humanos y materiales para la realización de los necesarios confinamientos selectivos y; d) levantar el toque de queda evitaría innecesarias aglomeraciones de personas que se vean forzadas a realizar todas sus actividades en el reducido horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

Las Naciones Unidas adoptaron el denominado Protocolo de Siracusa hace ya casi 40 años, destinado a fijar las pautas que los gobiernos deberían atender para el control de epidemias. Ahí se establece la gradualidad y proporcionalidad de las medidas de control sanitario, que deben atender criterios siempre de naturaleza científica, procurando limitar la afectación de garantías constitucionales solo a las medidas que resulten indispensables… quizás suene a quimera el cumplimiento de normas en el estado actual de cosas, pero el primer paso empieza por andar este camino.

Ahora bien, esta narración inicia con el combustible, porque para poder echar a andar la máquina de las soluciones, se requiere de una sociedad que al menos pueda ser capaz de transitar cuando esté enferma, cuando deba atender a un pariente, cuando deba producir de forma segura , simplemente cuando deba para unir esfuerzos… y esta falencia, que parece justificar en las sombras al toque de queda, nos estalla en la cara justo en un momento en que, para apretar el nudo en la cuerda del ahorcado, el petróleo se vino a pique y no tenemos la menor idea de cómo el «Protector» o su jefe cuente con alguna capacidad de financiar la tormenta perfecta que se le viene.

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