Maduro suministra a montón amenazas y detenciones al sector salud

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Nicolás Maduro ha abandonado al sector salud a su suerte en medio de la pandemia de coronavirus, de acuerdo con el Observatorio de Libertad Sindical del Centro de Formación e Investigación Laboral (Cefil), creado por profesores de la UCV, investigadores y activistas para monitorear, sistematizar, analizar y difundir las violaciones de los derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores en el sector público y en el privado


El sector salud venezolano ha estado abandonado a su suerte en medio de la pandemia. El personal sanitario enfrenta la crisis de la covid-19 sin equipo de protección, productos de higiene personal, servicios básicos ni salarios siquiera para su alimentación.

Estas precarias condiciones han provocado el fallecimiento de 150 trabajadores de la salud debido a la covid-19, de los cuales 107 son médicos, 29 enfermeras y 14 de otras profesiones, de acuerdo con la organización Médicos Unidos de Venezuela. Estas muertes no son discriminadas en los boletines diarios.

El gobierno de Nicolás Maduro no implementa medidas que garanticen el derecho a un trabajo saludable y seguro. La respuesta que le da a los trabajadores que protestan para exigir dotación de implementos de bioseguridad, mejoras en las condiciones laborales, un salario digno y suministro de combustible para poder llegar a los sitios de trabajo, ha sido la represión, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical del Centro de Formación e Investigación Laboral (Cefil).

«Durante la pandemia ha habido existido detenciones o amenazas de detención hacia compañeros del sector salud», afirma la abogada Jacqueline Richter, profesora titular a dedicación exclusiva en la Universidad Central de Venezuela y presidente del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. «Tenemos el caso de la compañera del Colegio de Enfermeras del estado Zulia, y los casos de los compañeros médicos que fueron detenidos, como del médico del Hospital de Carora, simplemente por decir en qué condiciones estamos».

El 15 de abril el ginecólogo Luis Araya, médico adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora, estado Lara, fue detenido, sin orden judicial, por la Dgcim en su consultorio privado, por publicar una crítica a un representante del gabinete de Maduro en un estado de Whatsapp.

Otro de los casos más sonados fue el del médico Williams Arrieta, quien fue golpeado y detenido arbitrariamente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una protesta por irregularidades y falta de gasolina, realizada el 9 de septiembre en una estación de servicio en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Fue liberado un día después. Organizaciones y defensores de derechos humanos sostienen que nunca debió estar preso.

«El sector salud es uno de los que más está sufriendo en este momento violaciones de sus derechos, entre otras cosas por la falta de implementos de bioseguridad», señala la socióloga Consuelo Iranzo, miembro del Observatorio de Libertad Sindical.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), los trabajadores del sector salud han exigido salarios dignos, insumos y equipo de bioseguridad para garantizar su integridad y la de sus pacientes. Denuncian ser víctimas de criminalización y amedrentamiento por denunciar la situación o faltar a sus puestos de trabajo por falta de combustible.

De las 5.811 protestas documentadas por el OVCS entre enero y agosto de 2020, 1.321 han sido manifestaciones por derechos laborales, un promedio de cinco protestas diarias. El 22,7% del total. Diversos gremios exigen la dolarización del salario, resignificación del empleo y respeto a las contrataciones colectivas. «El bienestar ciudadano no es precisamente motivo de preocupación del régimen de Nicolás Maduro, sino su permanencia en el poder», asegura el OVCS.

También ha habido varias detenciones de dirigentes sindicales de otros sectores. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, desde enero hasta principios de junio de 2020 se registraron al menos 107 detenciones arbitrarias.

Darío Salcedo, secretario de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pesca Acuicultura y Actividades Conexas, fue detenido el 5 de mayo de 2020 por mandar un mensaje a través de Whatsapp a Carmen Hinojosa, directora de Recursos Humanos del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca). En el mensaje, rechazaba el aumento de la bolsa de alimentos que venden a los trabajadores del ente público de 15.000 a 1,3 millones de bolívares, cuando el salario era de 250.000 bolívares.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue a su casa con una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 35 de Control del Área Metropolitana, y lo llevaron a la sede del Cicpc ubicada en la avenida Urdaneta, donde estuvo dos meses detenido. El 4 de julio le otorgaron arresto domiciliario, medida que limita significativamente su actividad sindical.

«Rescatamos del primer trabajo de investigación del observatorio que ha habido una destrucción de la negociación colectiva y una pérdida de ámbitos de actuación sindical que favorecían no solo al trabajador sino también a su familia, y de los espacios para un manejo más democrático de las relaciones laborales», dice Richter.

Salvado por la pandemia

Según el Observatorio de Libertad Sindical, desde 2010 más de 100 dirigentes sindicales han sido sometidos a procesos penales, la mayoría con detenciones arbitrarias.

Consuelo Iranzo recuerda que las organizaciones sindicales han sido «terriblemente» perseguidas y atropelladas desde comienzos de este siglo XXI, y sobre todo en los últimos años.

Sin embargo, sostiene que la actividad de los sindicatos de dar a conocer los incumplimientos de las contrataciones colectivas y sus exigencias en materia de mejoras salariales, sobre todo en medio del empobrecimiento que enfrenta Venezuela, trascienden poco a la opinión pública. «Es un tema que no despierta mucho interés en la sociedad venezolana. Se tiene una imagen de las organizaciones como incómodas y fastidiosas, porque paralizan actividades laborales. Algunos empresarios no les interesa que existan las organizaciones sindicales. Hay empresarios, suponemos que una minoría, que hasta ofrecen bonos para que los trabajadores no se inscriban en sindicatos».

«Pero la razón más grave del porqué no se da a conoce lo que ocurre en este mundo, es el Estado venezolano», asegura la socióloga. «El régimen tiene especial interés en que no se conozcan las acciones sindicales, porque ha pretendido dar siempre la imagen de ser representante de la clase trabajadora. No puede aceptar que la clase trabajadora se manifieste en contra de él. Necesita preservar esa imagen, y menos todavía le interesa que sean actores chavistas quienes se manifiesten. El mejor caso ha sido el de Rubén González».

Indica que la reacción del régimen contra el movimiento sindical se ha expresado en la criminalización y judicialización de las acciones sindicales.

«La libertad sindical es un prederecho. Si un trabajador no tiene derecho a ejercer la libertad sindical, menos podrá ejercer sus otros derechos. Sin libertad sindical, no existe democracia».

En octubre de 2020 se cumple un año desde que la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su informe sobre la existencia en el país de prácticas que atentan contra las garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales. Maduro tenía tres meses para comunicar si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe y, en caso de que no las acepte, tenía la opción de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) e impugnar lo decidido por la Comisión.

Pero la pandemia «salvó» a Nicolás Maduro, al menos por el momento.

Richter dice que no está claro cuál será la respuesta del gobierno. «Tenía que responder a finales de diciembre si aceptaba o no las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, y el gobierno hizo un comunicado bien vergonzoso en el que insultaba y descalificaba a la Comisión de Encuesta, pero no terminaba de decir si iba a ir o no a la Corte Internacional o si aceptaría el informe. Hasta este momento, el gobierno ha estado en silencio y ha tenido la ventaja de que se suspendieron las reuniones del Consejo de Administración de marzo, junio y noviembre».

La involución bolivariana

Richter rescata que el aporte sindical fue fundamental en la consolidación de la democracia en Venezuela.

Dentro de los pactos fundacionales de la democracia que se instauró en 1958, uno fue el Avenimiento Obrero-Patronal, que se celebró meses antes que el Pacto de Puntofijo (octubre de 1958). «Esto situó claramente la importancia de este actor para la vida democrática».

El Avenimiento Obrero-Patronal fue firmado el 24 de abril de 1958 por Fedecámaras y el Comité Sindical Nacional Unificado, para «el progresivo desarrollo de la economía nacional», una «verdadera justicia social», consolidar «un sistema institucional» donde prevalezca «el libre ejercicio democrático de las instituciones». Con el acuerdo, se daría mutuo cumplimiento a los contratos colectivos y la Ley del Trabajo, y se crearían «comisiones de avenimiento» en las empresas, con representación paritaria de patronos y obreros, destinadas a conocer los problemas laborales.

La contratación colectiva del sector salud de los años 80 y 90 no solo garantizaba buenas reivindicaciones económicas, también la discusión de la tabla salarial y contenía una serie de beneficios para el trabajador y su familia.

«Cualquier tipo de decisión que se tomara sobre el ingreso, el traslado o el ascenso de un trabajador, se hacía a través de mecanismo de concertación y de diálogo social. Si uno analiza los convenios de los años 90, se encuentra que todos esos convenios, ya sea que los abarcaban obreros, empleados o médicos, tenían lo que se denomina cláusulas paritarias, en las cuales el empleador, para tomar decisiones sobre el manejo del personal, debía conversar y consultar con la organización sindical».

Pero a partir del 2000 la cosa cambia. El cambio del sistema político también implicó un cambio en las reglas del juego. «Si uno analiza la última normativa laboral, firmada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) con Hugo Chávez, empieza a desdibujarse la participación sindical en la toma de decisión sobre el manejo del personal».

«Este proceso tiende a profundizarse en toda la década de 2000, y ya en el 2013 se instaura un mecanismo para negociar las condiciones de empleo que da muchas prerrogativas al Estado, que es la reunión normativa laboral, prevista anteriormente en la Ley Orgánica del Trabajo y ahora en el Decreto Ley dictado en el 2012. Esa normativa pone al Estado a dirigir las relaciones laborales, lo que significa que tiene doble función: por un lado como Estado, y en segundo lugar, al ser una normativa laboral para empleados públicos, como patrono».

Richter agrega que los sindicatos que participan en esa normativa ceden algo que siempre ha sido el centro de la negociación colectiva: la discusión del salario. Además, una serie de beneficios sociales se monetizaron. «Hasta los 90 la clausura tanto de uniformes como las vinculadas a las familias se pagaban daban, por ejemplo, un determinado número de uniformes, juguetes y útiles escolares para los hijos. Todo eso desaparece y pasan a ser pagos salariales de montos irrisorios».



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talcualdigital

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