Humberto Prado: Informe de la ONU abre la posibilidad para que se abra la jurisdicción universal

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El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, se pronunció sobre el informe presentado el 16 de septiembre por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, destacando que, con esto, se “abre la posibilidad para que se abra la jurisdicción universal”.

lapatilla.com 

“En este caso abre la posibilidad para que los estados, abran la jurisdicción internacional, cualquier país a través de la persona cuando ponga la denuncia puede abrir ese tipo de investigación”, dijo durante rueda de prensa este jueves 17 de septiembre.

“Este informe lo que genera es una canallada de lo que se ha hecho con los venezolanos, con las muertes, en la forma como la describen, eso no se olvida”, destacó.

Añadió que “No hay democracia sin Derechos Humanos y no hay Derechos Humanos si no hay democracia”.
“Esto tiene que traer como consecuencia la suspensión inmediata del gobierno que se encuentra sentado en el consejo de Derechos Humanos”.

Indicó que “Aquí sería como un llamado para los países que organizaron la denuncia, a que la ratifiquen con una actualización anexándole no solo lo que ha dicho la Alta Comisionada, sino también con este informe”.

“Aquí también se puede apresurar de lo que se encuentra actualmente en investigación en la CPI, con este informe hay suficientes hallazgos para que la CPI impulse la fase 3”, enfatizó.

“Habla de los responsables del gobierno, de la falta de poderes público y el poder judicial. Hay investigaciones que nunca realizaron”, manifestó.

“Ellos hacen recomendaciones debido a que las investigaciones no se han hecho como han debido hacerse. Hablan del tema de género y tortura sexual, el abuso por parte de funcionarios a mujeres privadas de libertad”, acotó.

“Vuelven a reiterar la disolución de las Faes, el Dgcim y Sebin como principales brazos ejecutores, las torturas que están bien detalladas, no solo en cárceles clandestina”, dijo.

“Todo lo que se está ratificando aquí en este informe es diferente a lo que presenta la Alta Comisionada, porque aquí se presenta de manera individual los casos”, añadió.

El día 16 de septiembre de 2020, el equipo que conforma la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (en adelante, “FFM” por su referencia en anglosajón), rindió una rueda de prensa pública en la que dieron a conocer las conclusiones de su investigación. La Sra. Valiñas, presidenta de la FFM, fue contundente en su intervención: “Sobre la base de la información recopilada, la Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales en el contexto de protestas públicas, de represión política selectiva y en el contexto de operaciones de seguridad”.

En este sentido, la FFM determinó que desde el año 2014 hasta la actualidad se ha desarrollado un ataque generalizado y sistemático contra la población venezolana, coordinado de conformidad con las políticas represivas de la usurpación. Esto derivó en torturas, desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Así, respecto a las ejecuciones extrajudiciales cometidas en ese período, la FFM investigó 16 casos de operativos policiales, militares o conjuntos que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudicial; y examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad. Es importante resaltar que el CICPC y las FAES, cuya dependencia funcional y administrativa se encuentra en el Ministerio de Interior, fueron responsables del 59% de las muertes ejecutadas, inclusive, funcionarios de las FAES expresaron a la FFM que los asesinatos son simulados como enfrentamientos entre antisociales.

En cuanto a los actos de tortura y tratos crueles, la FFM manifestó que tiene motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad, incluidas la GNB, PNB y el SEBIN, sometieron a manifestantes a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el periodo examinado. De esta forma, la FFM constató que los actos de tortura y tratos crueles incluían golpizas, descargas eléctricas, ser forzadas a posiciones de estrés, exposición a gases lacrimógenos en áreas cerradas, violencia sexual y de género y/o tortura, golpes en genitales masculinos y malos tratos psicológicos que eran perpetrados en algunos casos con fines de castigo y en otros para extraer información.

De igual manera, en atención a las detenciones arbitrarias se indicó que las mismas fueron realizadas contra personas por su afiliación, participación, opiniones o expresión política, resultando que el SEBIN y la DGCIM fueron los principales cuerpos de seguridad involucrados. Así, mientras que el SEBIN tenía por objetivo identificar a los civiles que percibía como disidentes a las políticas del gobierno(incluyendo defensores de derechos humanos); la DGCIM se encargaba de identificar a los militares y a los civiles asociados con ellos (familiares, amigos, vecinos, entre otros), presuntamente implicados en golpes de Estado o rebeliones. Resaltó además que en varios de los casos investigados los detenidos eran sometidos a breves desapariciones forzadas. La FFM indicó que no hay estadísticas públicas, empero, organizaciones de la sociedad civil han efectuado seguimiento del número de detenciones en el contexto de las protestas, identificando entre 3.459 y 3.696 en 2014, entre 2.553 y 5.549 en 2017 y una cifra estimada de 2.252 en 2019.

Por todo lo anterior, la FFM reconoció que esos actos no son ejecuciones aisladas, sino producto de la cooperación de autoridades estatales –tanto a nivel presidencial como ministerial-, quienes tenían y ejercían su poder y supervisión sobre las fuerzas y organismos de seguridad civiles y militares señalados. Por ello, la FFM concluyó que existían motivos razonables para responsabilizar a las siguientes personas por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad: Nicolás Maduro, quien se hace llama “Presidente” y dirige la usurpación; Néstor Reverol, Ministro de Interior y Justicia de facto; Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa de facto; Douglas Rico, director del CICPC de facto; Gustavo González López, director del SEBIN de facto; Elio Estrada Paredes, director de la PNB de facto; José Miguel Domínguez, director de las FAES de facto e; Iván Hernández Dala, director del DGCIM de facto.

Adicionalmente, la FFM Independiente de Determinación de Hechos formuló recomendaciones pertinentes al efecto. Por un lado, sugirió a la comunidad internacional que los Estados que la integran evalúen la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el informe. La Comisión Presidencial destaca esta aseveración de la FFM ya que constituye la afirmación y reconocimiento de la aplicación de la jurisdicción universal en el caso de Venezuela. Igualmente, la FFM consideró fundamental no solamente que continuarán las investigaciones sobre el caso desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino que recomendó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tener en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente, especialmente a las víctimas de crímenes investigados y cristalizado en el informe publicado el día de hoy. Al respecto, es de recordar que actualmente el caso de posibles comisiones de crímenes a la luz del Estatuto de Roma se encuentra en la fase II del examen preliminar ante Corte Penal Internacional, por lo que se espera que este informe de una FFM acelere e incentive una investigación formal en la Fiscalía.

Asimismo, luce en este contexto inviable la permanencia de la usurpación como representantes de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos cuando un informe de la FFM, mandatado directamente por el propio Consejo, confirma la configuración de crímenes de lesa humanidad. La petición de la ONG, Observatorio de Naciones Unidas, tiene hoy más que nunca vigencia. Los violadores de derechos humanos no pueden tener a su cargo la vigilancia sobre el cumplimiento de estándares en la materia de otros Estados de la comunidad internacional, por lo que, urge su separación del Consejo de Derechos Humanos.

La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas celebra este nuevo paso dado por las Naciones Unidas para asegurar que los responsables por los crímenes cometidos en Venezuela no queden impunes y las víctimas puedan obtener la justicia que merecen, destacado que a diferencia de otros informes previos de otros organismos internacionales relevantes como la CIDH, la Corte IDH y la propia Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, este informe de la FFM se destaca por un hecho hasta ahora inédito: la identificación de responsabilidades individuales, motivo por el cual constituye fuente de prueba ineludible en cualquier proceso penal nacional o internacional. Precisamente por ello es que resulta necesario para toda la comunidad internacional apoyar la continuidad de esta FFM, al menos, por un año más, a los efectos de la extensión de su mandato.

Así, el informe reconoce que muchos casos no pudieron ser examinados aun cuando posiblemente versarían sobre crímenes comprendidos dentro del objeto de mandato de ese organismo, por tanto, sería fundamental una ampliación temporal alrededor de esta FFM en el seno del Consejo de Derechos Humanos a los efectos de la obtención de justicia por parte de las víctimas.

Finalmente, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas aprovecha nuevamente para reiterar su agradecimiento y felicitación, en nombre de los venezolanos y el Gobierno Interino, por el importante informe que han producido, y que, sin duda alguna, constituye un aporte de incalculable valor para la causa republicana nacional.

Nota de prensa.

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