Tenemos nombres de torturadores del Sebin y la Dgcim

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Ninguna de estas personas logró que el régimen de Nicolás Maduro aportara algún dato. «Enviamos más de seis comunicaciones al gobierno de Venezuela, la primera estando en Ginebra, solicitando una reunión formal con la representación de Venezuela ante Naciones Unidas, porque nos interesaba trabajar con ellos, coordinar, hablar con ellos para que pudieran facilitar información. También se hicieron solicitudes expresas y precisas sobre casos concretos que no fueron respondidas por el gobierno. Ninguna de nuestras comunicaciones fueron respondidas, todas fueron ignoradas. Los expedientes entonces fueron obtenidos a través de abogados de distintos representantes de víctimas, y de organizaciones no gubernamentales».

-¿El gobierno de Maduro tuvo oportunidad de revisar el informe antes de hacerlo público?

-Les preguntamos cuál era el canal de comunicacion para remitir el informe y que ellos hicieran sus observaciones y luego ver cómo nosotros las incorporábamos, las respondíamos, las manejábamos. El gobierno venezolano no nos dio respuesta. No nos contestó. No teníamos canal de comunicación y no podíamos enviarlo.

-¿Por qué creen que no hubo respuestas de las autoridades venezolanas?

-La reacción posterior, incluso desde que se anuncia una Misión, es que el gobierno no la reconoce sino que se entiende con la Oficina de la Alta Comisionada. Entiendo que esa es la respuesta oficial.

-¿Esta actitud del gobierno venezolano se ha visto antes en otro gobierno que se haya negado a dar así la cara?

-No es la primera Misión que tiene que trabajar sin poder ingresar al país. El ejemplo más reciente es Myanmar, donde no colaboraron de ninguna forma con una Misión. Es una práctica de algunos Estados que intenta esconder la cabeza en la arena e ignorar las conclusiones que llegan de distintos organismos de derechos humanos. No es tan frecuente obviamente en países con un récord democrático y con un récord más o menos positivo de los derechos humanos.

-Este informe será discutido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y puede llegar a la Corte Penal Internacional. ¿Esa actitud del gobierno venezolano pesa a la hora de evaluar este documento?

-Una de las recomendaciones que se hizo cuando se crea la Misión es que el Estado venezolano colaborara en la entrega de información. Yo no soy diplomático y no sé decirle si tiene o no impacto, pero revisar que el Consejó solicitó que se colaborara y no se colabora, se evalúa como algo negativo porque no se cumplió con la petición del propio Consejo.

-¿Cómo se explica que esa sea la actitud de un país que es miembro del mismo Consejo que ordenó esa Misión?

-Creo que la actitud de Venezuela es no reconocer ninguna legitimidad de la Misión, y hablar sería reconocerle algun tipo de legitimidad. Si eso es buena decisión o no, o si eso favorece a la defensa de derechos humanos en Venezuela, escapa a mi rol como miembro de la Misión.

-Una de las recomendaciones del informe es que las autoridades venezolanas investiguen lo que está contenido en el documento para determinar responsabilidades. ¿Se le está pidiendo a los violadores de derechos humanos que se investiguen a ellos mismos?

-El derecho internacional de los derechos humanos, y más aún el derecho penal internacional interviene una vez que ha fracasado o no existe la voluntad o no se puede investigar un delito a nivel nacional. Es decir, primero se tiene que acreditar que las autoridades nacionales no quieren o no pueden hacerlo, para que pueda activarse el aparato internacional de manera efectiva. Entonces, nuestro llamado es a que se dé cuenta si es que se quiere y no se puede investigar, y por lo tanto dar la oportunidad a las instituciones del Poder Judicial y de la Fiscalía a que lo haga. Y, por otra parte, sí hemos detectado que hay jueces, juezas, fiscales que sí han intentado hacer su labor y reciben amenazas, pero tenemos que dar la oportunidad a que las autoridades locales cumplan con su mandato. Esa recomendación, que puede parecer ingenua, tiene que hacerse sobre la base del derecho internacional, sobre el cual nosotros construimos nuestro mandato.

-¿Hacia dónde se conducen los siguientes pasos una vez publicado este informe?

-El informe es una acumulación de información. En la Corte Penal Internacional se hace un examen preliminar que analiza la situación de muy arriba, la globalidad. Nosotros hemos podido entrar al detalle y establecer patrones de conducta, cómo se ejecutan las órdenes, quiénes son las personas involucradas, cuáles son los organismos involucrados. Ese nivel de información es útil para la Corte Penal Internacional. No es que nosotros estemos trabajando coordinadamente, pero obviamente, al ser un documento público, que se entrega al Consejo, es algo que puede ser utilizado por la Corte o por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

-¿En qué se diferencia este informe a otros que se han publicado antes revelando violaciones de derechos humanos en Venezuela?

-Nosotros hemos utilizado una metodología más cercana a lo que es el derecho penal internacional, que a lo que es habitualmente una misión de derechos humanos, y por lo tanto con ese enfoque hacia determinación de responsables. Los detalles precisos obviamente tienen que ser determinados en juicio. Cada institución es independiente. De hecho, nosotros no hemos accedido a la información que tiene la Oficina de la Alta Comisionada. El mandato que se nos dio es determinar los patrones de conducta, la cadena de mando, la toma de decisiones, qué delitos se están cometiendo. Si uno revisa los informes anteriores y los más recientes, se habla de tortura, de situaciones muy similares a los que nosotros estamos documentando, pero con otro enfoque. Somos entes independientes, no estamos alineados en nuestras conclusiones, en nuestra información. Ahora, a mí me parece que los hechos que hemos recabado hablan por sí solos. Las conclusiones casi como que cayeron por sí solas, una vez nosotros aplicamos el método que se aplica para cualquier investigación en términos de derecho penal internacional y en términos de derecho internacional de los derechos humanos cuando se está frente a crímenes de lesa humanidad.

-¿Las conclusiones a la que llega esta Misión de Verificación de Hechos acerca a Nicolás Maduro a la galería donde están Augusto Pinochet, Jorge Videla y otras figuras históricas reconocidas internacionalmente como violadoras de derechos humanos?

-Yo sinceramente prefiero no emitir opinión sobre eso. Yo sigo siendo miembro de la Misión y tengo un mandato muy determinado. La gente puede leer el informe y sacar sus propias conclusiones.

-¿Maduro o las otras personas señaladas pudieran ser detenidos si salen de Venezuela?

-Yo no conozco de casos abiertos, pero efectivamente hay países -como Bélgica, Francia o Alemania- en donde existe la jurisdicción universal donde una víctima venezolana puede concurrir y tratar de activar esos mecanismos en esos países y sin duda que eso es un riesgo una vez que hay un informe como el nuestro circulando que tiene antecedentes que pueden ser utilizados. Ahora, cada país tiene su propia legislación y tendrán que ser los o las fiscales de esos países respectivos quienes se formen la convicción para ver si inician una investigación o no, y eso es algo que en el fondo escapan de nuestras competencias. Pero el informe sí documenta información que señala que Nicolás Maduro y las personas que usted menciona contribuyeron a la realización de los delitos.

-Luisa Ortega Díaz ha dicho públicamente que ella aportó información y documentación a la Misión (ella aparece mencionada en el informe pues era Fiscal durante varios años de los eventos narrados). ¿Usted puede confirmar que esto fue así?

-Sí, ella efectivamente entregó información.

talcualdigital

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