Chilenos aprueban cambiar la constitución por inmensa mayoría

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La inmensa mayoría de los chilenos aprobó que se redacte una nueva Constitución que sustituirá a la que rige actualmente y que fue una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, revelaron los primeros datos oficiales del Servicio Electoral.

De acuerdo con las primeras tendencias oficiales, con base en el escrutinio del 76,53% de las mesas, el «Apruebo» obtenía 78,12%, y el «Rechazo», el 21,88%.

Además de decidir si querían o no una nueva Constitución, 14.8 millones de chilenos también estaban convocados a definir si, en caso de ganar el «Apruebo», la nueva Carta Magna debía ser redactada por una Convención Constituyente integrada por 155 ciudadanos, o por Convención Mixta formada por 86 miembros del Parlamento y 86 ciudadanos electos especialmente para este nuevo órgano.

Según los primeros resultados, el 79,05% apoyó una Convención Constitucional, por los que sus integrantes serán elegidos por el voto popular el 11 de abril del próximo año. Este nuevo órgano, deberá tener paridad entre varones y mujeres y cupos especiales para pueblos originarios.

Los festejos de las miles de personas que colmaron Plaza Italia, en el centro de Santiago, y que fue rebautizada como Plaza Dignidad por los manifestantes que iniciaron la revuelta de Chile el año pasado, comenzaron en cuanto se dieron a conocer los primeros resultados.

Las votaciones se realizaron en completa calma y sin incidentes durante el día, pese a que durante el último mes han reaparecido las protestas callejeras y las grandes manifestaciones, como la realizada el pasado 18 de octubre cuando millares de personas conmemoraron el llamado «estallido social». Esa manifestación del domingo anterior al plebiscito tuvo un saldo de 530 personas detenidas en todo el país, una persona muerta en Santiago por disparos de la Policía, la destrucción de bienes públicos y el incendio de dos iglesias en la capital.

El cambio constitucional ha sido resultado de las grandes movilizaciones que duraron tres meses a partir de octubre del año pasado. Las protestas abrieron una crisis social y política que puso al desnudo las fracturas y deficiencias del modelo chileno consagrado en la Constitución de Pinochet, que no reconoce como derechos sociales asuntos relevantes para la población como la educación, la salud y las pensiones, al mismo tiempo que mantiene recursos y servicios básicos como el agua, las energías, las mineras, forestales y pesqueras exclusivamente en manos privadas. Los altos grados de violencia que acompañaron a las protestas empujó a Piñera a declarar el estado de excepción y sacó a los militares a las calles, lo que produjo un alto número de víctimas, entre muertos, torturados por agentes del Estado, mutilaciones por disparos de escopetas de balines, incluidos más de 300 personas que sufrieron estallidos oculares.

Acuerdo por la paz

El 15 de noviembre de 2019, casi un mes después de iniciadas las protestas, por una propuesta del gobierno, el Congreso alcanzó el llamado «Acuerdo por la paz y el cambio constitucional» que fijó la fecha y mecanismos para consultar sobre el destino de la carta magna vigente. El plebiscito quedó fijado para abril de 2020, pero la pandemia obligó a su postergación.

Piñera tiene previsto reunirse hoy con su gabinete. El gobernante buscará reagrupar sus fuerzas de apoyo para hacer frente a otro momento clave: la elección de los delegados constituyentes que redactarán el nuevo pacto social, que está prevista para el 11 de abril del próximo año.

 

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