Avalan extradición de abogada que ofrecía colar narcos en la JEP

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La Corte Suprema de justicia avaló la extradición a Estados Unidos de la abogada María Claudia Fernanda Lorza Ramírez, señalada de obstruir a la justicia de ese país, ofreciendo evitar la extradición de personas investigadas por narcotráfico.

Lorza Ramírez es pedida por una Corte de Texas por tres cargos y la Corte Suprema avaló su extradición solo por uno de ellos, el de obstrución a la justicia.

Según la investigación de agencias de los Estados Unidos la abogada ofreció sus servicios a personas vinculadas a cargos de narcotráfico para incluirlos en las listas de desmovilizados de las Farc con lo que podrían evitar su extradición a Estados Unidos.

En el expediente dice que la abogada desde el año 2016 se reunió con otras personas para impedir que solicitados en extradición fueran enviados a ese país y menciona a procesados como Juan Carlos Melo Guerrero, alias Aurelio; Ramiro Figueroa Legarda, alias Rocco; Gerardo Enrique Obando Montaño alias Cheko y Tomas Martínez Minota, alias Pataso.

La abogada habría pedido dinero a los procesados para garantizar que no serían extraditados incluyendo «suministrar documentación fraudulenta para sustentar su argumento de pertenecer a las Farc,  a sabiendas de que estos individuos no eran miembros de las Farc».

En el expediente aparece la declaración de un testigo que dice que en junio de 2017 conoció a la abogada estando detenido y que ella le pidió medio millón de dólares para incluirlo en las listas de las Farc y que necesitaba un adelanto de 355 mil dólares a más tardar en tres días.

Dos internos le advirtieron al testigo que no pagara el dinero porque podría ser estafado.

Otro capturado por narcotráfico le dijo a los agentes que la mujer le ofreció meterlo en las listas de las Farc a cambio de un pago de 568 mil dólares.

En mayo de 2017, otra fuente confidencial se reunió con Lorza Ramírez cerca de Cali y propuso un acuerdo de colaboración con agentes de Estados Unidos que le evitaría la cárcel y que costaría 414 mil dólares, y un plan B de hacerlo pasar cono guerrillero lo que costaría 355 mil dólares.

«Dijo  que ella había estado previamente encarcelada en los Estados Unidos y que estaba familiarizada con el sistema judicial estadounidense», se lee en el expediente.

Uno de los testigos alcanzó a pagar 250 mil dólares mediante una serie de pagos en efectivo y transferencias bancarias electrónicas pero no fue incluido en las listas de Farc y fue extraditado.

Igualmente está el testimonio de otro procesado que se reunió con la abogada en Cali, y ella afirmó que «acababa de reunirse con los líderes de las Farc para negociar la compra fraudulenta de seis lugares en la lista y que cada lugar costaría entre 319 mil y 414 mil dólares». 

En la investigación dice que un recluso le entregó como pago la escritura de un lujoso predio avaluado en 414 mil dólares.

Por los mismos hechos la mujer era pedida por los cargos de concierto para persuadir de manera corrupta a otra persona a estar ausente en un procedimiento oficial y persuadir de manera corrupta a otra persona a estar ausente en un procedimiento oficial, por los cuales no se avaló la extradición.

El alto Tribunal consideró que esos dos cargos no son delitos en Colombia y que no había como equipararlo con alguna otra conducta penal existente en el país.

Tras la decisión de la Corte solo resta que el presidente Iván Duque firme la orden de extradición con lo cual se podrá avanzar en ese proceso.

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