Campaña profundizó «típicas irregularidades» pero opositores y el CNE callaron

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Chantajes, uso de recursos públicos, censuras en medios de comunicación estatales y hasta sangre formaron parte de la campaña para el 6D, ante lo cual las autoridades del CNE hicieron silencio mientras modificaban a la calladita la ubicación de centros de votación y migraron a más de un millón de electores


La noche del jueves 3 de diciembre cerró la campaña de cara al evento electoral del 6 de diciembre, que el gobierno de Nicolás Maduro afirma resultará en una nueva Asamblea Nacional. Durante un mes, los candidatos del oficialismo y de grupos adversos llamaron a votar en un periodo caracterizado por violaciones a las leyes electorales, incumplimiento de compromisos políticos e inobservancia de recomendaciones por la pandemia del coronavirus.

Además, se registró violencia política con el asesinato a tiros de Waldo Santeliz, del partido Primero Venezuela (que el CNE creó modificando nombre y colores de otra tolda para entregarlo a José Brito cuando le fue retirado el control de Primero Justicia). Sus compañeros de tolda, acusaron al candidato rival, el psuvista Michel Duque, de ser el autor intelectual. El también exalcalde del municipio Santa Isabel del estado de Trujillo negó participación alguna y llamó a que la justicia diera con los responsabes.

Durante la campaña, el Observatorio contra el Fraude instalado por la Asamblea Nacional registró chantajes hechos por candidatos del oficialismo al respecto de la entrega de bonos en efectivo por parte de la administración de Nicolás Maduro, anunciando que serán sustraídos a quienes no voten.

La candidata Iris Varela (PSUV), postulada por la «lista nacional» del PSUV envió un mensaje a funcionarios y directores del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que ella encabezó hasta hace algunas semanas, y pidió  que «el que no vote, que lo boten». En el audio también admite que hubo migraciones de electores.

Entretanto, abanderados del PSUV hicieron campaña entregando cajas de comida subsidiadas del CLAP en más de 55% de los municipios del país, según ese observatorio. De igual forma, se produjeron entregas de bombonas de gas, cuando el país atraviesa una severa escasez en la distribución del combustible doméstico.

Por otra parte, militantes del oficialismo también aprovecharon materiales de ayuda humanitaria enviados a Venezuela por Unicef, el fonde de Naciones Unidas para la infancia, para entregarlos como parte de la campaña electoral, denunció el diputado Carlos Valero. La propia Unicef hizo llamados a suspender esta práctica.

Nicolás Maduro y el PSUV han hecho campaña electoral y han utilizado recursos del Estado, con transmisiones televisadas, mensajes presidenciales llamando a votar por una parcialidad, y movilización partidista utilizando equipos gubernamentales locales, regionales y nacionales. Ante esto, el CNE no ha emitido pronunciamiento alguno.

El 2 de septiembre, Jorge Arreaza envió una comunicación a Naciones Unidas y la Unión Europea en el que afirmaba que se comprometían a no utilizar «recursos del Estado para actividades de corte proselitista en la campaña electoral». Ya ese día ocurría, y luego siguió ocurriendo.

En aquella carta, Arreaza anunciaba que el Ejecutivo garantizaba que los medios públicos transmitirían de manera equilibrada a todos los actores políticos participantes, con «cobertura objetiva de la campaña». Pero durante este periodo, el Partido Comunista de Venezuela ha denunciado censura y exclusión, señalando responsabilidad en funcionarios del régimen de Maduro, y apuntando incluso al propio mandatario.

El partido Avanzada Progresista, en voz de su secretario general Luis Romero, también dijo a TalCual que en los espacios radioeléctricos «la participación ha sido desvergonzadamente ventajista por parte del gobierno. Se acentúa en el interior del país. Hay estados donde es prácticamente imposible que un candidato nuestro salga por radio. Las emisoras se autocensuran o forman parte de un conglomerado pro gobierno».

Por si fuera poco, la organización de los debates televisados, transmitidos por televisoras privadas, han estado determinados por la voluntad del Ministerio de Información y el partido de gobierno que han tenido la última palabra al decidir quién participa en ellos.

Sobre el cumplimiento de disposiciones jurídicas, al menos 90 integrantes de la asamblea constituyente chavista se postularon como candidatos para el 6D sin renunciar al cargo que ejercen tres meses antes del proceso electoral, como lo establece la Constitución.

Por otra parte, 30% del tarjetón electoral -equivalente a más de la mitad de los partidos que no forman parte del Polo Patriótico- corresponde a partidos intervenidos por el Tribunal Supremo controlado por el oficialismo que les impuso directivas para entregarles los símbolos, las tarjetas y las claves con las cuales inscribieron candidatos.

Cambios calladitos del CNE

Mientras avanzaba la promoción de candidaturas, el Consejo Nacional Electoral operó cambios que afectarán la participación del 6D. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) estima que más de un millón de electores fueron migrados de centro electoral sin solicitarlo y que a cuatro de cada 10 afectados el nuevo centro le queda más lejos de su residencia con respecto al anterior.

Asimismo, durante el último fin de semana del 28 y 29 de noviembre, el CNE publicó en su sitio web y sin mayor aspaviento la reubicación de 100 centros de votación, que se sumaron a otros 200 que ya habían sido migrados el mes anterior. Esos cambios no han sido promocionados en medios masivos por parte de esas autoridades electorales. Los partidos políticos que participan de este proceso poco o nada han hecho para dar a conocer esa información.

Ello se suma a la reducción de cerca del 27% de las mesas de votación que hubo hace un lustro cuando la oposición unida derrotó al chavismo gobernante. También, al debut de nuevas máquinas para sufragar donde el voto «entubado» se impone al filtrar las voluntades por colores partidistas y complicando la selección de candidatos nominales, a las cuales los partidos opositores tuvieron accceso luego de la presentación televisada y no antes.

Los equipos lo provee la empresa argentina Ex-Clé, aunque está inhabilitada para contratar con el Estado y el propio exvicepresidente de la autoridad electoral, Rafael Simón Jiménez, pidió investigar en agosto, cuando renunció al cargo. La máquina, presentada como «hecha por ingenieros venezolanos», se puede encontrar en la plataforma de venta online china Alí Baba por la empresa TouchWo (ubicada en la provincia de GuangZhou). El software para contar los votos también es nuevo, y aunque se ha afirmado se diseñó con código abierto, en las auditorías se reveló que las máquinas utilizan Windows 10.

Diputados de la actual Asamblea Nacional han denunciado que el control del sistema está en manos de Jorge Rodríguez, exministro de Nicolás Maduro, expresidente del Consejo Nacional Electoral y ahora candidato por el partido de gobierno.

máquina de votacion excle cne

Coronavoto

Casi todas las campañas que ejecutaron los partidos políticos han violentado las disposiciones de la cuarentena por la pandemia -que solo se flexibilizó a partir de diciembre-, siendo el partido de gobierno el que organizó la mayor cantidad de eventos multitudinarios donde no se respetó ninguna norma de bioseguridad, excepto por el uso esporádico de mascarilla, violentando disposiciones de un decreto presidencial vigente desde marzo pasado.

Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, ha criticado la desatención a recomendaciones y protocolos internacionales. «El CNE ha reiterado las promesas de la necesidad de tomar medidas biosanitarias para reducir el riesgo de contagio en medio de la pandemia durante el 6 de diciembre. Sin embargo, en la práctica, tales promesas no se cumplen con rigurosidad».

Lander recuerda que las asambleas indígenas no respetaron el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla fue esporádico. «Cosas similares se han visto en los actos partidistas, con aglomeraciones de gente». El PSUV fue protagonista de este tipo de actividades, durante las últimas dos semanas de campaña y con fuerza en los cierres de la misma.

En Avanzada Progresista afirman que «hemos hecho un esfuerzo por preservar la salud de la gente» y por tanto «hemos prescindido de actos tradicionales, como grandes concentraciones en lugares cerrados, grandes movilizaciones, mítines, que ya no se pueden hacer por la pandemia y por los costos». Pero las redes sociales de ese partido muestran otra cosa.

Ante eso, ha destacado el silencio por parte del CNE. Desde el Observatorio Electoral Venezolano esperan que el 6 de diciembre «se sea más riguroso». Pero el periodista y analista electoral Eugenio Martínez lo duda. «El CNE ha desatendido la mayoría de las recomendaciones internacionales que se han hecho sobre cómo organizar elecciones en pandemia. Las medidas se limitan a utilizar mascarilla, tratar de guardar distancia física y lavarse las manos. Pero más allá de eso, el CNE no tiene protocolo específico. Entre las recomendaciones internacionales por ejemplo está evitar el uso de materiales físicos, pero el CNE incluso lo amplió, y algo como instalar pantallas acrílicas para proteger a funcionarios y miembros de mesa de los electores ni siquiera se ha considerado».

El mensaje oficial afirma que «votar es seguro» en términos sanitarios -lo dicen vallas instaladas por el poder Electoral-, aunque las medidas se limitan a uso de mascarillas, tratar de guardar distancia física, y aplicar gel para la limpieza de manos. Además, el gobierno de Nicolás Maduro flexibilizó las cuarentenas durante todo el mes de diciembre, pues afirma que ha logrado aplanar la curva de contagios.

El candidato José Luis Acosta (PSUV) murió en Zulia el 1° de diciembre a consecuencia del covid-19.

Los gremios médicos califican de poco confiables las cifras oficiales pues denuncian un gran subregistro por falta de pruebas PCR, que calculan han disminuido en al menos 66% desde mayo pasado. Ya la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas registraba en mayo que apenas 2% de las pruebas que hace el gobierno venezolano corresponden a las PCR, y el resto a pruebas rápidas con menos efectividad de detección.



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talcualdigital

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