Le pedimos a Jorge Rodríguez que nos atienda

Los familiares de la capitana de navío Zoranyi Salazar niegan que esté involucrada en planes terroristas o la fuga de su hermana, la capitana de la Aviación Laided Salazar. Esperan que se les permita verla o, al menos, que se juramente la defensa privada 


A la capitana de navío Zoranyi Salazar la fueron a buscar el 23 de diciembre tres comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim): una a su vivienda, otra a la de sus padres y la tercera al ambulatorio donde trabajaba. Ella se encontraba en casa de una amiga, resolviendo un trabajo del centro de salud cuando recibió la llamada de su esposo.

Entre las 10:30 pm y 11:00 pm salieron de su vivienda en Las Colonias, una zona de San Antonio de los Altos (estado Miranda), en su carro y escoltados por los funcionarios de la Dgcim. Desde entonces, la madre de la capitana, Ana Teresa Maldonado, no ha sabido de su estado de salud o de su esposo Ronald Jorge Rodríguez. Incluso sus abogados tampoco han podido acceder a sus defendidos, juramentarse como legítima defensa y mucho menos tener acceso al expediente con las acusaciones.

Los familiares de Zoranyi Salazar aseguran que en nada tiene que ver con las acusaciones hechas por la ministra de Interior y Justicia, Carmen Mélendez, de que estaba involucrada en una supuesta operación para boicotear la instalación de la Asamblea Nacional (AN) electa en unos cuestionados comicios del 6 de diciembre.

Capitana Zoranyi Salazar. Foto Twitter

También niegan que esté involucrada en la fuga de su hermana, la capitana de la Aviación Laided Salazar, quien escapó en julio de 2018 de su arresto domiciliario, luego de estar presa durante cuatro años por presuntamente formar parte del llamado Golpe Azul. Durante su tiempo en la cárcel de Uribana, la militar y sus familiares denunciaron que fue víctima de torturas, e incluso llegó a pesar 35 kilos por la negación de alimentos por parte de las autoridades de esa prisión.

«Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, así lo dice la ley. No dejar tener acceso a su abogado o su familia, esas son cosas que yo quiero que la Asamblea Nacional, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo se aboquen porque hay una violación de los derechos humanos por parte de la Dgcim», dice Maldonado.

Ahora la historia de cárcel y zozobra se repite para la familia Salazar Maldonado, con la diferencia que la capitana Zoranyi Salazar es la única hija que les queda en el país. Su caso es conocido por la comisión en terreno de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como otros organismos naciones e internacionales.

«Yo como madre le pido a Jorge Rodríguez, ya que el mismo dijo que quería convertir a la Asamblea en un epicentro de diálogo y paz, le pido que se aboque al caso, que nos atiendan. Le pido también a la bancada de oposición que ganaron que se aboquen, que consigan la liberación no solo de mi hija, sino de todos los presos políticos», pidió.

¿Qué ha pasado con Salazar?

Desde la detención de Zoranyi Salazar, médico ocupacional asimilada a la Armada hace más de 20 años, y su esposo, el también capitán de navío Ronald Jorge Rodríguez, solo ha habido un pronunciamiento oficial, y fue el que hizo la ministra Carmen Mélendez el pasado 29 de diciembre cuando los acusó de colaborar y ser partícipes de un supuesto «plan desestabilizador» de la oposición, dirigido por Iván Simonovis, comisionado para Seguridad e Inteligencia designado por Juan Guaidó, y Leopoldo López, con el que pretendían impedir la instalación de la nueva Asamblea Nacional el pasado 5 de enero.

Tenemos entendido que el 26 de diciembre estuvieron ante tribunales pero no sabemos nada, refiere Ana Teresa Maldonado, madre de la capitana. Ese mismo día estuvo en la sede de la Dgcim, ubicado en la urbanización Boleíta Norte, para confirmar su detención debido a que no tenían información de ella desde el 23 de diciembre.

En esa visita, los funcionarios le dijeron que no podía verla debido a que la capitana Salazar estaba siendo investigada. «Sobre su esposo dicen lo mismo, que no puede tener visitas, que está en investigación. Tampoco le dejan un abogado. Ellos dicen (la Dgcim) que ya tienen un abogado. Pregunto yo, ¿un abogado puesto por ellos mismos?», dice Maldonado.

«Eso que dice la ministra, que la acusa de hechos tan graves. Primero dice que está vinculada a la fuga de su hermana y eso es totalmente falso, además la vincula a gente que primera vez que oigo los nombres (…) No es porque sea mi hija, pero meto las manos al fuego por ella. Es una mujer querida y respetada en la Fuerza Armada», asegura.

Además refiere las contradicciones entre los cuerpos de inteligencia y los tribunales para impedir ver a su hija o que pueda ser atendida por un abogado de confianza. «En los tribunales al abogado le dicen que debe llevar un documento firmado por ella para juramentarse, y en la Dgcim le exigen que debe traer un permiso judicial para verla«.

Hasta ahora, la única certeza que tienen es que la pareja de militares podría haber sido imputada por el supuesto delito de terrorismo por parte de un tribunal especial.

Apoyo y moral

De la casa de Ana Teresa Maldonado se llevaron celulares personales (de su nieto y su esposo). La Dgcim tampoco les quiere entregar el carro de su hija, que serviría para trasladar al padre de la militar a las diálisis que debe realizarse tres veces por semana. «Gracias a Dios al apoyo de conocidos y amigos que no ha perdido ninguna diálisis».

Entre lágrimas, Maldonado refiere que la capitana era «mi mano derecha, mi único bastón que tengo en el país (…) Siempre venía a buscar a su padre para llevarlo a las diálisis. Por eso le pido a esa comisión especial de la AN que tome en cuenta a Zoranyi. Ella tiene un hijo menor de 16 años que quedó con nosotros«.

En julio de 2020, Zoranyi Salazar fue ascendida al grado de capitán de navío. «Ella siempre me decía estas palabras ‘Mamá, yo soy leal al presidente de turno sea del partido que sea, porque ese fue el juramento que hice como militar’. Es una militar de intachable conducta y obediencia», dice su madre.

Otra anécdota que refiere la madre de Salazar es su trabajo desde que se decretó la cuarentena en marzo de 2020 en un ambulatorio para atender a los pacientes con covid-19. «Ella no preguntó si eran chavistas ni opositores. Por eso hago el llamado a que la Asamblea Nacional se aboque y revise que está pasando con la situación de los derechos humanos«.



Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2021-01-24 05:45:25
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