Organizaciones de DD. HH. exhortan a Perú a no criminalizar a la migración irregular

Caracas.- Organizaciones académicas y de defensa de los derechos humanos condenaron el despliegue militar del Gobierno de Perú en su frontera con Ecuador para frenar el paso de migrantes a su territorio, la mayoría de ellos venezolanos, bajo el argumento de impedir la migración irregular y el contrabando.

Feline Freier, especialista en políticas de inmigración y refugio de la Universidad del Pacífico (Ciup), advirtió sobre las consecuencias negativas de militarizar las fronteras para contener el flujo de personas indocumentadas, en particular para frenar lo que considera una “migración de sobrevivenciacomo es la migración de venezolanos a Perú.

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“La gente no dejará de migrar porque se militaricen las fronteras. Esto solo es un acto político que vuelve aún más vulnerables a los migrantes venezolanos, quienes con esta medida quedan a merced de bandas de tráfico de personas”, destacó Freier a través de la cuenta de Twitter del Ciup.

La investigadora del Ciup recordó además que militarizar las fronteras va en contra de la Ley de Migración N°1350 de Perú, “que se basa en el principio de la no criminalización de los migrantes”. “¿Qué hacer entonces? Facilitar las vías de migración regular, haciendo uso de testeos e incluyendo a todos los migrantes en el plan de vacunación», añadió.

Freier llamó también al Gobierno de Perú a aprovechar las capacidades de los migrantes altamente calificados, que hoy en día cifra en alrededor de 50% de la población migrante venezolana en ese país.

Respuesta inadecuada a quienes huyen de una emergencia humanitaria

También el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) rechazó la militarización de la frontera entre Perú y Ecuador, alertando al presidente peruano Francisco Sagasti que esa medida “no puede ser la respuesta a quienes huyen de una emergencia humanitaria”.

“Es deplorable que @Minrel_Chile coordine con Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia para una «ofensiva» que afecta a civiles que requieren protección, mientras no se ponen de acuerdo en el proceso de Quito en áreas de identificación, corredor humanitario ni regularización”, expresó en su cuenta de Twitter.

No criminalizar a la migración irregular

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú (Idehpucp) defendió la necesidad de abordar el fenómeno migratorio desde un enfoque de derechos humanos y condenó el uso del calificativo “ilegales” para referirse a personas migrantes, pues “representa una clara vulneración de los derechos de las personas; particularmente vulnera el principio de no criminalización de la migración irregular”.

“Este tipo de acciones solo contribuyen a aumentar la intolerancia, discriminación y xenofobia contra personas migrantes, en lugar de facilitar la integración ordenada y segura entre estas y la población de acogida”, indicó en su cuenta de Twitter el miércoles 27 de enero.

El Instituto de Democracia y DD. HH. de la Universidad Católica de Perú reconoció como legítimo el interés del Estado peruano de ejercer control fronterizo, pero aclaró que también tiene la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes más allá de su estatus migratorio, según los compromisos internacionales asumidos y la normativa legal vigente.

Asimismo, exhortó al gobierno de Perú a tomar acciones inmediatas para evitar el uso de balas y otros métodos disuasivos que puedan atentar contra la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes migrantes, luego de lo ocurrido en la fronteriza Tumbes, donde soldados peruanos dispararon armas de fuego al aire para dispersar a un grupo de personas, entre ellas niños.

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“Las zonas fronterizas no son territorios desprovistos de protección; por el contrario, debe garantizarse, primordialmente, el derecho al refugio, principio de no devolución, estándares del uso de la fuerza, debido proceso, entre otros”, resaltó.

Perú es, después de Colombia, el país que alberga a más venezolanos, con 1.043.460 personas, pero a solo 477.060 les ha concedido estancia regular, de acuerdo con cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Redacción El PitazoVista_1

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