Chile privilegia expulsión de venezolanos como medida ejemplarizante sin ofrecer asistencia humanitaria

Caracas. Algunos migrantes, entre venezolanos y colombianos, vestían un overol blanco. De su lado izquierdo, un oficial de la Policía de Investigación de Chile les tomó el brazo mientras subían a bordo de un boeing 767 de la Fuerza Aérea de Chile.

A primera hora de la mañana, los 86 migrantes ya estaban en el aeropuerto internacional de Iquique, en la región Tarapacá en el norte de Chile, para ser expulsados del país como lo anunció este martes el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, desde la comuna de Colchane, zona fronteriza de la región Tarapacá. Otras personas también fueron de vuelta a Perú y Bolivia en buses, para un total de 138 expulsados.

En las últimas semanas han llegado 1800 migrantes y refugiados a Colchane, la mayoría son venezolanos que han cruzado caminando esta zona fronteriza con Bolivia en busca de protección y asistencia humanitaria. La situación generó una alerta en el Gobierno de Chile, que puso en marcha este martes el Plan Colchane: expulsiones, campaña informativa internacional y control y militarización de la frontera.

Desde el aeropuerto de Iquique, Delgado utilizó la imagen del avión a su espalda y los migrantes abordando como una medida ejemplarizante para enviar un mensaje: “Con esta expulsión estamos notificando a las personas que piensan ingresar a Chile por pasos irregulares de manera clandestina que se arriesgan a un proceso de expulsión”.

Y agregó: “Lo que queremos dar con esto es una potente señal de que tenemos que ordenar el flujo migratorio. Las personas que quieran venir a Chile lo tienen que hacer por las vías correspondientes. Vale decir, sacando la visa, que existe, sincerando los motivos”. Delgado anunció que los vuelos de expulsión en aviones de la Fuerza Aérea de Chile serán mensuales. El gobierno prepara una licitación para contratar vuelos comerciales.

Delgado calificó como “hito” estas expulsiones: “Es la primera vez que en un solo día se hace una expulsión administrativa tan masiva”. Las expulsiones son administrativas y judiciales, según explicó Delgado. La primera está vinculada a quienes cruzaron la frontera por pasos no habilitados y la segunda con delitos relacionados con el narcotráfico.

Aunque Delgado aseguró que los expulsados, que llegaron desde hace tres meses, no tienen hijos ni familiares en Chile, reporteros chilenos en el lugar encontraron testimonios que decían lo contrario. “Muy mal porque nunca me preguntaron ni por qué yo venía para acá. Yo tengo un hijo acá que va para tres años. Llegué el 30 de enero, crucé por Colchane, sé que está mal, pero es la desesperación de ver uno a un hijo”, dijo llorando un venezolano a Meganoticias Chile.

Con el reforzamiento militar en la frontera, entre las 8:00 a. m. del martes y las 8:00 a. m. de este miércoles, tuvieron un ingreso de 42 migrantes por pasos no habilitados. En días pasados, era de 300 personas. “Esto no es algo momentáneo, este control fronterizo llegó para quedarse”, dijo el ministro. E insistió: “Quienes piensen ingresar por pasos clandestinos, que lo piensen porque el destino de ellos será la expulsión”.

“Hay que privilegiar la política de protección”

Tras el anuncio del Plan Colchane, que supone una serie de expulsiones de migrantes, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) hizo un llamado al Estado chileno a “privilegiar la política de protección” y a adoptar medidas desde una perspectiva humanitaria para atender la situación de los venezolanos que llegan a la zona fronteriza de la región de Tarapacá.

“Se trata de personas cuya situación se enmarca dentro de la definición de refugiados y, en consecuencia, se les debe otorgar la protección que de acuerdo con la ley corresponde aplicar”, se lee en el comunicado. Desde 2015, por la emergencia humanitaria compleja, han huido 5,4 millones de venezolanos, esto se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo. En Chile viven 457.324 migrantes y refugiados venezolanos. Durante la pandemia, entre 500 y 700 venezolanos siguen saliendo del país por la frontera con Colombia.

El mayo de 2019 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitió una nota de orientación sobre consideraciones de protección internacional para los venezolanos. La organización hizo un llamado a los Estados para que permitan el acceso de los venezolanos a su territorio y la provisión de protección y estándares adecuados. Acnur también pidió que los migrantes, sin importar su estatus legal, no sean deportados o retornados forzadamente a Venezuela.

El ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito, así se establece en el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena, que indica que los solicitantes de refugio no serán sancionados por el ingreso de esta forma”, enfatiza el SJM

El SJM puntualiza que, aunque el gobierno llama al ingreso por vías regulares, esta posibilidad es casi inexistente para la población venezolana. Datos de la organización indican que las solicitudes de visas de Responsabilidad Democrática fueron rechazadas masivamente en los últimos meses, y desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no supera el 5 %.

“Las expulsiones en 24 horas que se han anunciado no se condicen con la voluntad declarada de apoyar a la población venezolana, ni cuentan con un fundamento legal de debido proceso y sentencia judicial previa, y así lo han sostenido los tribunales de justicia nacionales en innumerables ocasiones”, se lee en comunicado.

El SJM recuerda que quienes cruzan el continente, niños y niñas, mujeres embarazadas y personas mayores, ponen en riesgo su vida porque no cuentan con otra opción de sobrevivencia: “Su lugar de origen ya no es un lugar donde puedan vivir”.

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