Solo una orden puede otorgar beneficio a PM que quedan en Ramo Verde

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Los tres exPolicías Metropolitanos (PM) que siguen presos en Ramo Verde dependen de una orden superior que lleve a la juez Ada Marina Hernández a otorgarles beneficios procesales. Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín fueron condenados a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002


Los tres exPolicías Metropolitanos (PM) que siguen presos en la cárcel militar de Ramo Verde dependen de una orden superior que lleve a la juez Ada Marina Hernández a otorgarles beneficios procesales. Mientras, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín han visto salir en libertad a sus compañeros Marco Hurtado y Arube Pérez, tras cumplir sus condenas.

Pero para que concluyan las suyas aún falta. Han cumplido casi 18 años de los 30 años de prisión a los que fueron sentenciados, tras los sucesos del 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.

“En diciembre de 2019, la juez Ada Marina Armas no quiso hacer ningún pronunciamiento. Nos supo decir en nuestra cara que si por ella fuera todos iban a pagar su pena completa y así lo han cumplido con quienes han salido. Dijo que ella estaba esperando una llamada telefónica, una orden de arriba. Todo depende de una orden de Miraflores”, expresa Yarahis Heredia, esposa de Erasmo Bolívar, en entrevista con TalCual.

Ada Marina Armas es la juez 1ro. de Ejecución del Estado Aragua, donde está radicado el caso. Desde el 2007, Bolívar, Molina y Rovaín aguardan por los derechos procesales que permitirían la ejecución de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena y de la Ley de Redención de la Pena por Estudio y Trabajo.

Los exPM fueron condenados por homicidio calificado frustrado en grado de corresponsabilidad correspectiva, según decisión de la juez Maryorie Calderón, actual magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En diciembre de 2020, los expolicías cumplieron 17 navidades en Ramo Verde. En septiembre de 2020, tras los “indultos” otorgados por el gobernante Nicolás Maduro, el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo que los expolicías no podían ser beneficiados con una medida de este tipo. La razón esgrimida fue que asesinaron a inocentes, “violando así materialmente los derechos humanos”.

“¿Qué diría la nación? Si el día de mañana pueden ser sujeto de una revisión que le pidan a la Comisión por la Justicia, la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública que me toca presidir que evalúe ese caso lo evaluaríamos, pero dejo la interrogante al aire”, dijo Saab.

PM doblemente condenados

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, puntualiza que en el caso de los expolicías hay un doble condena: la pena máxima de 30 años de cárcel y la negación de sus beneficios procesales.

«Con los Policías Metropolitanos hay una discriminación manifiesta respecto a los demás detenidos. El hecho de que la juez del caso no presente ningún argumento razonable para negar los beneficios adicionales evidencia que se trata de una decisión política», subraya Daniels.

Explica que según la edad y la condición médica de los detenidos se puede otorgar el beneficio de casa por cárcel,  pero también los permisos de salida, en algunos casos para trabajar fuera del centro de reclusión.

Destaca que hay un ensañamiento hacia los exPM y rechaza el argumento del fiscal Tarek William Saab de que no pueden ser beneficiados con medidas como el indulto. Daniels refiere los expolicías fueron juzgados por crímenes precisos y no crímenes de lesa humanidad, como asevera Saab.

De acuerdo con el relato de Yarahis Heredia, esposa de  Erasmo Bolívar, aunque los expolicías se han mantenido optimistas y activos dentro de la cárcel militar, la recurrente falta de respuestas a las medidas que les corresponden han trastocado su estado anímico. Antes de la pandemia, Erasmo Bolívar, de 45 años, estaba encargado de la parte deportiva y de recreación de Ramo Verde.

Heredia relata que, desde el inicio de la pandemia, no ve a su esposo dado que están prohibidas las visitas. Afirma que mide el pulso de la situación que vive el distinguido Erasmo Bolívar a través de los papelitos que le hace llegar cuando va a Ramo Verde, cada dos semanas, a llevarle lo que necesita.

En agosto de 2020, luego de que Bolívar se contagió con covid-19, pudo llevarle acetaminofén, azitromicina, aspirina, dexametasona, vitamina C y jugos naturales. Yarahis Heredia destaca que, en Ramo Verde «hay que ponerse tosco» para hacer valer los derechos y en eso los familiares de los exPM están curtidos.

“En Ramo Verde no tienen acceso a médicos especialistas, a Erasmo lo atendió un enfermero. Varias veces se ha solicitado sea llevado a un médico porque allí se le desprendió la retina del ojo derecho y tuvo una lesión en la rodilla, pero no se ha logrado nada”, refiere.

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En medio de la convalecencia de Bolívar por covid-19, el Comisionado Presidencial para Emergencia en Salud de Juan Guaidó, José Manuel Olivares, los familiares y organizaciones de derechos humanos pidieron una medida humanitaria y un traslado a un centro asistencial que nunca llegaron.

Activos en Ramo Verde

Laura Pérez, exesposa de Luis Molina, señala que tanto él como Eramo Bolívar y Héctor Rovaín han trabajado durante su larga estadía en Ramo Verde.

«Desde que empezó el proceso, todos empezaron a trabajar pero se han desanimado y la juez Ada Marina Armas nada que decide sobre los beneficios procesales ni otorga medidas cautelares. Con la pandemia, dejaron de trabajar. Con cada cambio de director en la cárcel cambian de normativa», indica Pérez en entrevista con TalCual.

El expolicía Molina fue nombrado jefe de mantenimiento general de Ramo Verde. Su exposa refiere que él y otros presos se encargaron de arreglar los pisos y los cuartos, además de soldar las rejas. «Él soldó sus propios garrotes», señala. Asegura que antes de eso el penal castrense estaba en el suelo.

Hace seis años, Luis Molina recibió la certificación del Ince como maestro.

Asimismo, Laura Pérez enfatiza que están cansados de que les digan que la juez Armas espera que le den órdenes, y que no se apegue a la ley y haga su trabajo. Expresa que los expolicías son inocentes y llama a cumplir las mismas leyes que los condenaron injustamente para que se apliquen las fórmulas cautelares ya vencidas.

Con Molina, Pérez tiene casi dos años sin poder ver a dos de sus cuatro hijos. El expolicía sufre de la presión arterial y de gastritis, padecimientos que aparecieron durante su reclusión.

Al igual que la esposa de Erasmo Bolívar, la exesposa de Luis Molina señala que no hay atención médica de especialistas en Ramo Verde, ni siquiera de un internista. «Llevan enfermeros, pediatras, odontólogos y no un médico que haga una evaluación completa. Tienen médicos como de emergencia en caso de que haya que remitirlos a un hospital», asevera.

La esposa y el hijo del exinspector Héctor Rovaín, el tercero de los exPM que sigue tras las rejas, están fuera del país. Durante su reclusión, Rovaín perdió a sus padres, pero no pudo asistir al sepelio de su papá.

De religión cristiana, «su pena la mitiga con su servicio a Dios, a través de los cultos que organiza en prisión», se indica en la cuenta de Twitter que lleva su nombre.

Los que están afuera

El excabo primero José Arube Pérez Salazar salió en libertad el 15 de febrero, tras cumplir su condena de 17 años y 10 meses de cárcel por dos de las muertes ocurridas el 11 de abril de 2002. Después su salida, Pérez contó que él y sus compañeros se enfocaron en tener fe y esperanza y aferrarse a Dios.

“Jamás vi Ramo Verde como un penal, nos hacíamos la mente de que nos estábamos preparando, de que estábamos estudiando. Cada quien se enfocaba en su actividad, yo trabajaba en el área administrativa», indicó.

Sobre la juez Marjorie Calderón, quien los condenó, Pérez expresó: «Allá arriba hay un Dios. Ella sabe qué hizo con nosotros los privados de libertad. No solo nos privó, nos mantuvo todos estos años privados de libertad aún sabiendo que nosotros no cometimos nada de los que nos acusan”.

El 23 enero de 2020, la libertad le llegó a Marco Hurtado. Fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno. Antes de su liberación, la abogada Theresly Malavé denunció que la juez Ada Marina Armas se había negado a emitir la boleta de excarcelación.

Ni Hurtado ni sus compañeros pudieron ser beneficiario de los derechos procesales contemplados en la ley, como medidas alternativas al cumplimiento de la pena o redención de la pena por estudio y trabajo.



Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2021-02-20 10:27:17
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