Los trabajadores petroleros también se convierten en presos políticos

Desde el año 2017 ha aumentado el número de trabajadores petroleros detenidos durante la administración de Maduro. Hasta la fecha, muchos de ellos acusados de traición a la patria por divulgar información de Pdvsa, aún esperan por una acusación formal o por el avance de sus juicios. Para varios, la alternativa ha sido asumir una culpabilidad que no tienen para salir en «libertad»   


En Venezuela, las protestas de los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tienen como objetivo la restitución de sus derechos laborales contemplados en anteriores contrataciones colectivas, pero también para pedir por el cese de la persecución y represión contra los petroleros y representantes sindicales.

El número de trabajadores de la empresa estatal detenidos durante la administración de Nicolás Maduro, calificado por su propio partido como el «presidente obrero» por su experiencia como trabajador sindical, ha aumentado desde 2017. Fue precisamente ese año cuando hubo mas arrestos, empezando por la de los nueve petroleros detenidos por funcionarios de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), el mismo día en que fueron llamaron desde Pdvsa para una reunión.

De acuerdo a cifras presentadas por la organización no gubernamental Foro Penal y las recabadas por TalCual, existen unos 60 trabajadores petroleros presos, integrantes de las nóminas menores y representantes sindicales. Pero de acuerdo a la ONG, 17 de ellos están calificados como presos políticos.

Según la información de Foro Penal, los 15 trabajadores de Pdvsa Occidente detenidos entre septiembre-octubre de 2017, figuran en la lista de presos políticos, cuya cifra total para el 25 de febrero de este año es de 329. Luego de más de tres años, la audiencia preliminar de este grupo se llevó a cabo el pasado 8 de febrero, pasando sólo tres de ellos a juicio; las restantes 12 personas admitieron hechos y fueron condenados a 5 años para los obreros y a 9 años para los gerentes.

Hasta la fecha, los delitos por los cuales se les acusa a todos los petroleros se relacionan con traición a la patria, terrorismo, sabotaje a la industria, asociación para delinquir y divulgación de información confidencial, pero también instigación al odio, alteración del orden público y agavillamiento. Otros han sido detenidos por supuestos hechos de corrupción, pero tras años en la cárcel sin la debida presentación en tribunales para mostrar las pruebas hacen dudar de estas acusaciones.

«La acusación traición a la patria es ahora la que más se utiliza para detener a las personas, antes era la agresión al centinela, esto lo han convertido como el delito de moda en las imputaciones judiciales y lo escogen por la gravedad del delito ya que la traición a la patria tiene una pena mayor», sostuvo Blanca Rosa Mármol de León, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Para Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Futpv (Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela), todas esas acusaciones solo son producto de la actitud tomada por sus compañeros tras oponerse a las políticas del chavismo-madurismo y, más que todo, por denunciar las condiciones precarias de la industria petrolera nacional. Sostiene que solo esto bastó para que muchos fueran detenidos en amplios operativos en los cuales tumbar las puertas de sus casas para allanarlas se convirtió en el modus operandi.

«La situación de nuestros compañeros detenidos es muy grave, no se puede conocer de qué se les acusa porque se ha negado el acceso a sus expedientes de muchos de ellos. Lo que se ha llegado a decir es que serán acusados de terrorismo, traición a la patria, daño a las instalaciones, en fin, tantos delitos. No le dan la opción a la defensa, porque no permiten que sus abogados estén presentes en las audiencias», afirmó Freites quien se encuentra en el exilio desde el pasado diciembre tras haber sido informado que podría ser también apresado.

La mayoría de los trabajadores petroleros se encuentran detenidos desde el año 2017 y con una treintena de veces diferidas sus audiencias de presentación. Muchos se encuentran en arresto domiciliario, en varias sedes del Dgcim en el país, en los calabozos del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) ubicados en el Helicoide, y en el Centro de Formación para el Hombre Nuevo «El Libertador» en Tocuyito, estado Carabobo, uno de los penales más peligrosos en Venezuela.

Para intentar agilizar sus procesos, se creó la «Fundación para la defensa de los trabajadores petroleros», integrado principalmente por las esposas de los detenidos y otros familiares. En varias ocasiones han hecho llamados a las autoridades para que cesen el hostigamiento y la criminalización del trabajo sindical, pero los mismos no han sido escuchados.

Recientemente, Tarek William Saab, fiscal designado por Maduro, informó que unas 103 personas han sido procesadas por hechos de corrupción en Pdvsa, al desvelarse «28 tramas de corrupción que le ha costado al Estado miles de millones de dólares». No obstante, muchos de los acusados forman parte de la nómina mayor de la empresa estatal detenidos por hechos ocurridos antes de 2017.

Pena anticipada

«Han pasado 17 días de la audiencia de mi esposo y aún no ha pasado el caso a ejecución para obtener el computo ni la publicación de la sentencia. Seguimos en un limbo jurídico que parece no tener fin», dijo Luzmer de Hurtado, esposa de Hirto Hurtado, trabajador de Pdvsa Occidente detenido el 24 de octubre de 2017. 

El retardo procesal ha sido una constante en la administración de justicia en Venezuela. Con los diferimientos de las audiencias de presentación comienza lo que se ha llegado a calificar como una «pena anticipada» que se impone a todos los presos políticos, constituye un patrón sistemático de violación de los derechos humanos de acuerdo a lo señalado en diferentes informes por organizaciones de DDHH. 

«La dilación procesal no se justifica, y hay veces que tienen delitos que no incluyen la traición a la patria y ya han cumplido la pena que les debería tocar en caso de ser enjuiciados y condenados. Siguen detenidos sin sentencia, en la práctica se le impone una pena anticipada, porque si la persona está detenida sin que se establezca su culpabilidad eso es sentencia previa si le sumas el tiempo que pasa. Entonces la persona cumple una sentencia y luego se averigua si es culpable», afirmó Blanca Rosa Mármol de León.

Explicó que se detiene a las personas bajo una imputación no justificada y sin pruebas suficientes, por lo que se supone que de acuerdo al debido proceso que está en el Código Orgánico Procesal, el detenido tiene derecho a una audiencia y a un procedimiento expedito que le permita exponer sus argumentos de defensa.

«Por el contrario, están en instancias interminables, porque difieren y difieren sin alegar las causas para ello. Ni siquiera se molestan en justificar los procedimientos, porque las audiencias no pueden ser diferidas al libre arbitrio, eso no existe. Las únicas excusas son que no se hacen los traslados por falta de transporte, pero muchas veces los trasladan y los dejan esperando todo un día sin comer ni beber agua en unas celdas inmundas ubicadas en los sótanos de los tribunales, para después decirles que no hay audiencia. Es decir, se comete abuso de sus derechos humanos».

Lo ocurrido a los petroleros de permanecer años encarcelados sin un juicio justo es para Iván Freites una situación sin precedentes. «Este es un régimen represor, con una represión nunca antes vista en el país, salvo durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un ataque contra una fuerza laboral tan importante como es la de los trabajadores petroleros».

A juicio de la exmagistrada si un juez difiere 30 veces una audiencia debe ser castigado, se le debe abrir un procedimiento y explicar por qué de su actuación. «Siempre ha habido injusticias o prisiones que no debieron haberse dado, pero esto se ha vuelto la norma en Venezuela, ahora es sistemático. En el caso de los trabajadores petroleros resulta conveniente ponerlos presos y dejárselos a unos jueces que tienen miedo de ser destituidos, detenidos o están agradecidos porque los designaron jueces sin tener los requisitos para el ejercicio del cargo».

A continuación tres casos que muestran el proceder de la administración de justicia en el país:

La emboscada

El 4 de septiembre 2017 a las 12 del mediodía, un grupo de trabajadores petroleros fue convocado telefónicamente por la directiva de la empresa a una reunión en el piso 4 del edificio sede de Pdvsa El Menito, ubicado en Lagunillas, estado Zulia. Mientras los trabajadores iban llegando a estas instalaciones, uno tras otro fueron detenidos por funcionarios de la policía política Dgcim. El operativo resultó para el resto de sus compañeros una emboscada que inició un periplo agotador para sus familiares.

Al mes siguiente, otros empleados de la industria, entre obreros y gerentes pertenecientes también a Pdvsa Occidente, fueron encarcelados por los mismos hechos de sabotaje y corrupción con los que acusaron al primer grupo.

De acuerdo a lo señalado por varios familiares y representantes sindicales, la acusación provino de una información dada por otro trabajador, sin pruebas y con solo una motivación política. Estos trabajadores cumplieron más de tres años sin audiencia preliminar, las cuales fueron diferidas unas 30 veces.

«Esperando en Dios se de la misma, ya 30 audiencias preliminares diferidas, 3 años y medio en lo mismo estancados judicialmente. Todos han perdido mas de 30 kilos, los están matando lentamente bien sea por el riesgo de contraer covid o por la falta de comida en el penal», escribió a finales de enero en su cuenta en Twitter Roselyn León Valero, esposa de uno de los detenidos.

La detención de estos trabajadores ha sido calificada de ilegal por varios juristas. «Este caso ya puede calificarse de irregular, y en un sistema de justicia en el cual hay respeto por las leyes, ya a estos trabajadores operaría de oficio el decaimiento de la privativa acordada. No obstante, al final quizás por el cansancio, la mayoría de ellos prefirió aceptar la responsabilidad de los que se les acusa, siendo inocentes, para tratar de dar fin a sus penurias», dijo un abogado que prefirió mantener su anonimato.

Una foto con Guaidó

Una foto con Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, fue motivo suficiente para que Guillermo Zárraga, un ingeniero petrolero y representante sindical, se convirtiera en blanco de las autoridades.

Luego de haber participado en un encuentro realizado en la Universidad Metropolitana en Caracas entre distintos actores del sector petrolero con el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, las actuaciones contra Zárraga comenzaron a incrementarse, según cuentan sus familiares y compañeros.

A Zárraga le imputan por terrorismo y asociación para delinquir, al vincularlo con el norteamericano Matthew Jhon Heath, detenido en el estado Falcón el 15 de septiembre de 2020, acusado de sabotaje y desestabilización. Pero también lo responsabilizan por lo sucedido con la implosión de una torre en la refinería de Amuay.

«Mi padre fue invitado para la presentación de Plan Proyecto País relacionado con la recuperación de la industria petrolera. Durante el evento hubo una foto grupal en la que él aparece con Juan Guaidó, a raíz de ahí en cuestión de días lo sacan de la empresa, no le dijeron el motivo, sino que fue sin justa causa», informó Diego Zárraga, hijo del representante sindical en declaraciones a TalCual.

Luego de su desincorporación a Pdvsa, Zárraga comenzó a gestionar su reenganche a la empresa al introducir una demanda al Ministerio del Trabajo, «pero la respuesta que le daban era que no se podía hasta tanto no se diera la orden desde las instancias más altas de la industria».

La primera vez que fue detenido en Coro (Falcón) fue el 11 de noviembre de 2020 por funcionarios del Sebin, cuando se dirigía a comprar pan para desayunar, se lo llevaron en plena calle. Su esposa lo acompañó y cuando uno de sus hijos fue a verlo, también lo dejaron detenido para interrogarlo. Sin embargo, tres horas después fueron liberados con la advertencia de que «vieran muy bien con quién se relacionaban o hablaban porque la próxima vez iban a llegar a su casa tumbando puertas».

Como efectivamente pasó tres días después, el 14 de noviembre, a las 3 de la madrugada, llegó una nueva comisión con 15 funcionarios de la Dgcim y sin orden de allanamiento. «Ese día recorrimos todos los organismos del Estado en la región para saber adónde se habían llevado a mi padre y ninguno nos daba respuesta. Estuvo 10 días desaparecido hasta que lo presentaron en los tribunales en Caracas el 24 de noviembre».

El hijo del ingeniero petrolero, Diego Zárraga, reveló que un funcionario de la Dgcim le dijo a su padre que lo mejor era que aceptara los cargos y se declarara culpable para poder obtener beneficios, entre ellos su libertad. Una práctica que también se ha hecho una constante en la justicia venezolana. «Obviamente que mi padre no acepto los cargos porque es inocente y a raíz de eso, lo confinaron con luz encendida las 24 horas».

Para Blanca Rosa Mármol de León, exmagistrada del TSJ, la forma en la que ahora se hace aceptar la culpabilidad de un detenido, se ha convertido en «una aberración y una distorsión espantosa» de lo que comenzó siendo una figura buena, con la cual se admitían los hechos para rebajar la pena. Esto -explicó- también ahorra gastos a la administración de justicia y costos al Estado.

«Sin embargo, ahora no le rebajan la pena o le dan casa por cárcel y segundo nunca hay sentencia, por lo que lo tienen como una espada de Damocles que la pueden usar contra la persona en cualquier momento. Esto es una extorsión judicial, la persona se encuentra bajo amenaza. Es un manejo inaceptable de lo que debería ser un junio penal y un proceso de admisión de los hechos», indicó la abogada.

Los primeros delitos que le imputaron a Zárraga fueron terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, pero en la audiencia preliminar solo dejaron los delitos de revelación de información confidencial y asociación para delinquir. La juez Carol Padilla ordenó que siguiera detenido en el Dgcim en Caracas.

Preso por informar

Eudis Girot fue detenido el jueves 18 de noviembre de 2020 acusado de los delitos de terrorismo y asociación para delinquir de acuerdo a los artículos 37 y 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. También se le inculpa por supuestamente revelar información confidencial de acuerdo a los artículos 132 y 134 de del Código Penal.

En la Venezuela actual, informar se ha convertido en un delito. Girot junto a otros representantes sindicales han sido fuentes permanentes de los medios de comunicación a los cuales estuvo informando sobre la precaria situación de la industria petrolera.

El dirigente sindical había denunciado 30 irregularidades en la producción de gasolina y gas, además del deterioro de las refinerías en el país y, de las mafias que comercializan ilegalmente los combustibles. Igualmente, en todo el año 2020 organizó diversas protestas y marchas para exigir reivindicaciones laborales en las principales sedes petroleras. Según llegó a decir, el Ministerio Público del estado Anzoátegui tenía orden de aprehensión en su contra desde el mes de octubre, hasta que se hizo efectiva un mes después.

«Hoy 18 de noviembre a las 5:00 pm se presentaron en mi residencia funcionarios del Dgcim con orden de detención en mi contra. Agradezco la solidaridad y apoyo de los vecinos. Basta de atropello y criminalización de las protestas», escribió el sindicalista a través de su cuenta en la red social Twitter momentos antes de ser apresado.

El director ejecutivo de la Futpv fue trasladado el lunes 23 de noviembre a la sede de la Dgcim en Caracas, para ser presentado ante el tribunal especial tercero en funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo.

Representantes de organizaciones de derechos humanos denunciaron de la desaparición forzada de Girot, puesto que familiares, compañeros de labores y abogados desconocían su paradero. Hace varios días se dijo que sería presentado ante los tribunales, pero no ha habido información al respecto. Lo que si se pudo obtener fue una prueba de su actitud aún sin doblegar.

El 24 de noviembre de 2020 se leyó en Puerto la Cruz, estado Anzoátegui, una carta escrita del puño y letra de Girot la cual tituló: «Por ahora preso físicamente, pero eternamente nuestro espíritu estará libre».

De trabajadores petroleros a presos políticos:

1.- Eudis Girot (Pdvsa, detenido en 2020)

2.- Guillermo Zárraga (Pdvsa, detenido en 2020)

3.- Juan Carrillo Martínez (Pdvsa, detenido en 2017)

4.- Gustavo Malavé Bucc (Pdvsa, detenido en 2017)

5.- Héctor Roque Ramírez (Pdvsa, detenido en 2017)

6.- César Valera Villarroel (Pdvsa, detenido en 2017)

7.- Adolfo Torres Vargas (Pdvsa, detenido en 2017)

8.- Henry Sánchez Mora (Pdvsa, detenido en 2017)

9.- Juan Barreto Ramos (Pdvsa, detenido en 2017)

10.- Hirto Hurtado Briceño (Pdvsa, detenido en 2017)

11.- Luis Gerardo Martínez Cardozo (Pdvsa-CVP, detenido en 2017)

12.- Adolfo Ramón Artigas (Pdvsa-CVP, detenido en 2017)

13.- Raibeth Atencio (Pdvsa-CVP, detenido en 2017)

14.- Hjalmar Antonio Granado Rodríguez (Pdvsa-CVP, detenido en 2017)

15.- Noris Alberto Perozo Villanueva (Ministerio de Petróleo, detenido en 2017)

16.- Juan Carlos Gamboa Gutiérrez (Pdvsa, detenido en 2017)

17.- Oswaldo de Jesús González Portillo (Pdvsa, detenido en 2017)

Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2021-03-02 05:45:05
Fuente

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