Cecodap: El Estado debe usar recursos al máximo para prevenir suicidio en niños y adolescentes

Cecodap divulgó este 9 de marzo un informe referente al suicidio infantil, un problema que consideran ha sido olvidado por los medios de comunicación y las políticas públicas del país. El estudio aborda la salud mental de los niños y adolescentes venezolanos.

La presentación del informe fue hecha por Vanessa Moreno Losada, coordinadora de Comunicaciones de Cecodap, Carmen Inojosa, periodista e investigadora, Abel Saraiba, coordinador adjunto de la ONG y Carlos Trapani, coordinador general de la institución.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que en el país no se mencionan a los niños, niñas o adolescentes en los programadas de salud mental. Es decir, que se deja un vació muy grueso sobre la falta de protección de esta población para tratar casos de depresión y salud mental.

“De acuerdo con los principios de la Doctrina de Protección Integral, el interés superior del niño y la prioridad absoluta, la no discriminación y la participación, no hay acciones privilegiadas ni preferentes para la atención de niños, niñas y adolescentes. Se puede decir que el norte de los planes y las decisiones que se tomaron no estuvieron orientadas a lograr el beneficio y garantizar el derecho de esta población”, se lee en el informe.

A partir de una revisión de Memorias y Cuentas y Presupuestos de la Nación se detectó que hubo tres programas que abordaban el tema de la salud mental. Sin embargo éstos son deficitarios e insuficientes. Inojosa señaló que solo se pudo recabar datos de las Memorias y Cuentas entre 2014 y 2017, pues el resto no ha sido publicado por el Estado.

“La niñez está invisibilizada en los tres proyectos identificados. Pero también en los servicios que presta la red hospitalaria en materia de atención psiquiátrica y psicológica. Esta realidad evidencia la violación al derecho a la salud mental de niños, niñas y adolescentes”, destacó Cecodap, luego de revisar las Memorias y Cuentas, junto a los presupuestos, publicados por el gobierno.

Inojosa enfatizó que los proyectos de salud mental pública no cumplen con los requisitos mínimos de la perspectiva de los derechos de la niñez. “Los planes ni en su diseño ni en sus objetivos consideran la niñez como un asunto a abordar. Además, año tras año los proyectos cambian y no se exponen resultados concretos”, reveló.

La investigadora aclaró que si bien, existen algunos programas de salud mental en donde se mencionan a los NNA, esto no evidencia acciones concretas que permitan la atención inmediata, el goce y el disfrute de sus derechos.

La falta de datos sobre profesionales de la salud, sanitarios, por distribución de habitantes, o al menos, la organización de los servicios de salud mental, especializados en los niños y adolescentes, generó una preocupación a las investigadoras.

Se concluyó que no hay centros de salud psiquiátrica especializados en niñez. “…pero tampoco hay datos sobre la disponibilidad en la red sanitaria de servicios para la atención de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. No existen en todos los estados datos estadísticos de consultas psiquiátricas y psicológicas demandadas por niños, niñas y adolescentes cada año”, recordó Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap.

Sin programas de prevención

Cecodap reveló, luego de hacer una revisión de los documentos oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que no existen programas de prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes: “No se encontraron campañas educativas y formativas orientadas a la prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes. No se identificaron modalidades de asistencia ni datos estadísticos sobre los niños, niñas y adolescentes que tuvieron una intención suicida”.

«El Estado no recurre al máximos de sus posibilidades para atender a la niñez. La atención al suicidio y la prevención es delegada a la familia», señaló Inojosa durante su presentación, sobre la falta de políticas publicas en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Saraiba enfatizó que debido a la falta de políticas públicas sobre la prevención del suicidio en NNA, el Estado esta incumpliendo con sus obligaciones, no solo establecidas en acuerdos internacionales, sino en la propia legislación, impulsada por el gobierno actual. «No es suficiente de que existan leyes sin un presupuesto», sostuvo.

Agregó que actualmente existen muchas dificultadas para atender o referir a un niño, niña o adolescentes con riesgo de cometer suicidio a instituciones psiquiátrica en el país, debido a la falta de presupuesto, planes e instituciones especializadas.

«El Estado debe informar con mayor amplitud sobre el funcionamiento de centro de salud. Nosotros que ofrecemos una atención psicológica en Cecodap, conocemos la dificultad que existe para referir un caso a un centro psiquiátrico, no solo en Caracas, sino en el interior del país. Es muy difícil acceder a ese tipo de atención», enfatizó.

Destacó que el Estado debe crear una política pública en materia de salud mental con enfoque integral para la atención del núcleo familiar, con planes y acciones que alivien el sufrimiento de los hogares afectados por la emergencia humanitaria compleja y la vulneración de derechos humanos en el país.

Diagnóstico del problema

En el informe de Cecodap se advirtió que los casos de suicidios de niños, niñas y adolescente en el país están en aumento desde 2017, año en el que la emergencia humanitaria compleja se acentuó en el país. “Anualmente, hemos encontrado un incremento significativo de este tipo de sucesos: en 2014 se reportaron 11 casos de suicidio de niños, niñas y adolescentes; en 2015 se registraron 14 suicidios; en 2016, fueron 17 casos, y en 2017 el informe señaló que habían ocurrido al menos 34”, se lee en el informe.

La investigación agrega que para 2019, los casos de suicidios de la infancia cerró en 88. Para el primer semestre del año 2020, el Observatorio Venezolano de Violencia, documentó 19 casos más.

Se detalló que el Servicio de Atención Psicológica (SAP) Creer sin Violencia de Cecodap, entre enero y junio de 2020, encontraron que 31% de las personas atendidas llegaron debido a las alteraciones en su estado de ánimo. De ese total, 20% presentaron riesgos ideación e intento de suicidio.

Para Cecodap estas aproximaciones permiten tener una idea del alcance del problema, pero no detallar patrones masivos de conducta. “No existe una caracterización oficial del suicidio infantil que permita establecer patrones y que responda a una estrategia de prevención nacional”, se lee.

En el documento, a través de un monitoreo de prensa, entre enero de 2019 hasta junio de 2020, se logró identificar varios factores sobre los suicidios infantiles pero, debido a la falta de detalles en los medios de comunicación (sumado al poco acceso de los periodistas a los familiares de las víctimas), solo se puede evidenciar que existe un subregistro de los casos.

“En total, se documentaron 26 suicidios de niños, niñas y adolescentes en 12 estados del país. Esto arrojó un promedio de un reporte de una muerte por autolesiones al mes”, explicó Vanessa Moreno, coordinadora de la Agencia Pana, durante su presentación.

53,9% de las víctimas eran niños y adolescentes varones, la edad promedio era de 13 años de edad. Mientras que 46% de los casos eran de niñas y adolescentes mujeres, cuya edad promedio era de 14 años.

60% de las víctimas estudiaban en instituciones públicas. Sin embargo, la mayoría de los registros sobre suicidios no contenían detalles sobre el año escolar ni identificación de las víctimas.

61% de los suicidios ocurrieron en los hogares de las víctimas. 11,5% en espacios públicos y 3,8% fueron en las escuelas de los fallecidos.

Los detonantes del suicidio fueron identificados como: 50,7% por conflictos familiares; 3,8% por abuso sexual, 3,8% por trastornos psiquiátricos. El resto, 30,8% de los casos no se identificó el motivo de la acción.

Periodismo como fuente de información

El suicidio de niños, niñas y adolescentes en Venezuela existe. Sin embargo, el estigma cultural, los obstáculos para el acceso a datos públicos y la persecución al periodismo invisibilizan este problema de salud pública. Así fue analizado en el informe de Cecodap sobre el papel de los medios de comunicación y periodistas, sobre la cobertura de los suicidios de la niñez.

Para Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, es importante que los medios de comunicación, así como sus periodistas, entender que la documentación correcta sobre los suicidios de la niñez puede ayudar a crear una memoria colectiva que permita advertir y prevenir sobre las consecuencias del suicidio.

«Una recomendación que se les puede dar a los periodistas es que cada caso debe ser tratado con mucha dignidad, sin que afecte a la memoria del niño o niña, así como a sus familias. Todos los casos tendrán sus particularidades. Considerar pedir el permiso de las familias para publicar el nombre de las víctimas . Y, sobre todo, no poner en una situación de riesgo a la familia», estableció.

En las ocaciones en las que un medio publica sobre este tipo de sucesos, mayormente, lo hace desde un ángulo preventivo y educativo.“Tras el análisis de los datos obtenidos con la encuesta, se puede evidenciar cómo los medios muestran recelo con respecto a la publicación de casos de suicidios, tanto de adultos como de niños”, se lee en el informe.

Para Cecodap, una de las causas que podría explicar la falta de detalles en los medios sobre los suicidios de niños o adolescentes es la interpretación que hacen los medios de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), del artículo 65, en donde hay una serie de prohibiciones que se toman como impedimentos para informar sobre estos casos.

“Por otra parte, aunado a la controversia que rodea este tipo de muerte, está un contexto político en el que los medios de comunicación son perseguidos por el gobierno, por lo que suelen preferir la autocensura para evitar ser sancionados por alguna autoridad, con el pretexto de hacer cumplir la Lopnna”, se lee.

También se nota una diferencia entre la postura del medio y la de los periodistas al abordar el tema. Estos últimos consideran importante publicar, de acuerdo a los reporteros entrevistados.

“La salud mental no tiene fuerza en la agenda editorial de los medios, aun cuando los efectos de la emergencia humanitaria compleja también impactan este aspecto. Según 81% de los periodistas encuestados el medio no posee un espacio determinado para abordar temas relacionados con la salud mental”, reveló el informe de Cecodap.

Recomendaciones

1. Es necesario que el Estado establezca prioridades dentro de los planes de salud mental, que deriven en planes y creación de la infraestructura para la prevención y atención del suicidio en niños, niñas y adolescentes.

2. En el contexto de emergencia humanitaria compleja, a la que se agrega la crisis sanitaria por Covid-19, los niños, niñas y adolescentes requieren de atención prioritaria y especial (derecho a la vida, supervivencia y desarrollo).

3. El Estado debe hacer cumplir su marco legal y las normas dispuestas en materia de salud y de salud mental, entre ellas el artículo 83 de la Constitución, los artículos 32 y 41 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Salud y la Resolución No G-1085 de la Gaceta Oficial No. 35725 de 1995.

4. El Estado debe crear medidas de carácter legislativo que respondan a los principios y normas de Derechos Humanos, así como también, instituciones que respondan cuando los derechos de la niñez se vean amenazados.

5. El Estado debe promover acciones educativas sobre salud mental para toda la población.

6. Es necesario un programa de educación pública, que cuente con partidas presupuestarias suficientes, para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes.

7. El Estado debe publicar las memorias y cuentas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. También los proyectos de Ley de Presupuesto de los años 2018, 2019 y 2020.

8. Es necesario que el Estado informe con mayor amplitud sobre el funcionamiento de los centros de salud de la red hospitalaria con servicios de atención psiquiátrica y psicológica para niños, niñas y adolescentes para poder comprender el alcance de la cobertura, y así responder qué porcentaje de la población podría estar quedando fuera del sistema, y si son suficientes los especialistas y personal formado en el país para brindar esta atención.

9. El Estado debe rendir cuentas sobre las mesas técnicas de 2014 para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes en salud mental y adicciones.

10. El Estado debe dar continuidad a la iniciativa planteada en 2014 de crear protocolos de atención a niños, niñas y adolescentes.

11. Es importante que el Estado evalúe y analice la situación de los niños, niñas y adolescentes en salud mental, y use los resultados para adecuar los planes ya existentes o crear nuevos programas con prioridad absoluta en la niñez.

12. El Estado debe disponer de sus máximos recursos para crear políticas públicas en materia de salud mental, y en programas de prevención y atención del suicidio que lleguen a la totalidad de los niños, niños y adolescentes.

13. El Estado debe crear una política pública en materia de salud mental con enfoque integral para la atención del núcleo familiar, con planes y acciones que alivien el sufrimiento de los hogares afectados por la emergencia humanitaria compleja y la vulneración de derechos humanos en el país.

Nota de prensa

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