Misión de la ONU denuncia 200 asesinatos por policías en Venezuela

Las ejecuciones extrajudiciales persisten en Venezuela, donde las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde el pasado mes de septiembre, denunció este miércoles la Misión Internacional de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano.

Marta Valinas, jefa de una misión de investigación de la ONU, dijo que el saldo incluía personas muertas en un operativo policial en La Vega, en Caracas, a principios de enero, reseñó Reuters.

La operación policial es «una de las más letales hasta la fecha», en la que participaron 650 agentes y se perpetraron varios asesinatos.

«Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los muertos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales», dijo Valinas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en el que analizó la evolución de las libertades fundamentales en Venezuela desde que presentara su primer informe, el pasado septiembre, y señaló que la represión contra toda voz crítica sigue sin remitir, informó EFE.

La delegación de Nicolás Maduro rápidamente desestimó las acusaciones sin abordarlas específicamente. «Una vez más, la misión de investigación presenta información politizada sin equilibrio ni imparcialidad», dijo en el foro de Ginebra.

Persecuciones

La jurista también recordó que el 6 de diciembre el país celebró unas elecciones parlamentarias «injustas y carentes de libertad» mientras «el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar».

Citó en este sentido ejemplos como la detención el 25 de febrero del parlamentario Gilberto Sojo, en relación con acusaciones de terrorismo, o el mantenimiento del proceso penal contra Juan Requesens, acusado de delitos como intento de homicidio contra Nicolás Maduro, añadió EFE.

«Nos preocupa que su juicio se celebre a puerta cerrada sin justificación aparente», subrayó Valiñas, quien también citó que se mantienen procedimientos penales en más de dos tercios de las 110 detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares ya documentadas en el anterior informe.

Valiñas también mostró preocupación por la creciente persecución a activistas humanitarios y organizaciones no gubernamentales, mientras la administración de Maduro endurece los requisitos para el registro, financiación y funcionamiento de esas ONG.

La detención del coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad en noviembre, o la de seis miembros de la ONG Azul Positivo en enero, ejemplifican este problema, defendió Valiñas ante el Consejo de Derechos Humanos.

EFE

Reporte Confidencial

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