Acoso y persecución del régimen dependen del momento político

El comisionado del gobierno interino para el sistema de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, destaca que el régimen de Nicolás Maduro ataca a la sociedad civil porque atienden y denuncian la emergencia humanitaria. Por ello, insisten en estos espacios internacionales para lograr una presión que lleve a mejorar la situación


Los pasados 10 y 11 de marzo se dieron dos actualizaciones orales sobre el caso de Venezuela dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). La primera fue por parte de la Misión de Determinación de Hechos, un mandato creado por ese consejo para seguir en específico las presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas en el país. 

Durante su actualización oral, la jefa de la Misión, Martha Valiñas, mencionó el aumento de las ejecuciones extrajudiciales, el seguimiento a los casos de tortura y nuevas denuncias de violencia sexual y de género, así como el incremento de las detenciones arbitrarias, acoso y judicialización a gran parte de la población debido al aumento del concepto del “enemigo interno”, por parte de la administración de Nicolás Maduro. 

Un día después, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también presentó su informe donde pidió a Maduro investigar las ejecuciones extrajudiciales, cesar la persecución y hostigamiento contra las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación; así como puso en evidencia la debacle de los servicios públicos, el salario, al igual que la vulnerabilidad de los venezolanos ante las redes de tráfico y trata de migrantes. 

En el caso de la Misión de Determinación de Hechos, es la primera vez que realizan este tipo de actualizaciones orales, que quedó establecido dentro de la resolución cuando fue ratificada su labor por el Consejo en septiembre pasado, refiere Miguel Pizarro, comisionado del gobierno interino para el sistema de Naciones Unidas. 

En entrevista para la alianza Provea – TalCual, Pizarro señala que ahora la Misión de Determinación de Hechos debe profundizar su investigación durante dos años, y tiene que dar informes recurrentes dentro del Consejo, mientras que la Alta Comisionada se prepara para dar un informe detallado sobre el cumplimiento (o no) de sus recomendaciones al Estado venezolano en materia de derechos humanos. 

En medio de este panorama, la administración de Nicolás Maduro prosigue en la retórica de que estos reportes son hechos “para desestabilizar al país”, e incluso condicionó la cooperación con la Oficina de Bachelet, por medio de una carta de cooperación y entendimiento firmada en 2019, si se siguen produciendo este tipo de intervenciones. 

– ¿Qué diferencias hay entre esta actualización oral de la Misión de Determinación de Hechos y las últimas que ha hecho la Alta Comisionada Bachelet?

— Hay cosas importantes que en ambas actualizaciones fueron mencionadas y le dan peso a las cosas que suceden. Primero, es muy claro que en Venezuela se mantiene la violación a gran escala de derechos humanos como política de Estado, y por ello muchas de esas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Se persiste en la detención arbitraria, se persiste en la tortura, se persiste en el ejercicio de censura y acoso a trabajadores de la prensa. Ambas actualizaciones hicieron menciones especiales al tema de inhabilitaciones políticas, persecución a ONG y cierres de medios de comunicación. Son la mejor forma de resumir la foto actual de lo que está pasando en Venezuela. 

Un tema importante de la Misión de Determinación es que ellos insisten en que el tema venezolano no es aislado o que se realiza por parte de un par de funcionarios, sino que es una política de Estado que tiene como objetivo acallar la disidencia, acallar a quienes se organizan para proveer servicios o atender a la población. 

La Alta Comisionada también hizo dos menciones políticas que vale la pena reforzar. Una, es que cualquier proceso electoral o de elección en Venezuela pasa por un Consejo Nacional Electoral que le dé credibilidad a estas elecciones. Lo segundo tiene que ver con la detención y acoso de personas. Habló de los líderes sindicales, de los diputados electos en 2015 pero por primera vez agregó a los familiares, que empieza a ser una práctica nueva dentro del régimen de citar a las esposas, allanar las casas de los papás, acosar a los abuelos, que empezamos a ver al cierre del año pasado y pasa a ser un tema ya dentro de sus actualizaciones. 

También hago mención especial sobre el caso de Salvador Franco, ambas actualizaciones ponen su caso como un ejemplo claro sobre condiciones de detención. Salvador Franco era un preso político pemón, un indígena que muere de shock séptico y tuberculosis por la negación de atención médica. Esto en cualquier otro contexto o en cualquier otro país hubiera sido un escándalo, solo porque es el tema de Venezuela y nos hemos empezado a acostumbrar a este tipo de denuncias, esto no tiene el peso y el volumen que amerita, pero que estén en el informe es el primer paso para eso.

– Una de las cuestiones que enfatiza el informe de la Misión de Determinación es el concepto de “enemigo interno”. ¿Considera que se ha ampliado tal como se refiere?

— Totalmente, el concepto del enemigo interno lo empezamos a ver incluso desarrollado en los ejercicios militares del régimen. Uno de los cambios más importante del último ejercicio de soberanía es que ponía mucho más énfasis en acción y narrativa, enfocados al concepto de enemigo, desestabilizador, terrorista interno que a ese enemigo externo que han denominado al imperialismo norteamericano, etcétera. 

En este concepto de enemigo interno es que entran las acusaciones contra la ONG Azul Positivo, por ejemplo, a quienes no se les enjuicia propiamente por su acción humanitaria, sino que los cargos a los que los vinculan son de terrorismo, lavado de dinero. Acciones que ponen al margen de cualquier acción legal. 

Este concepto del enemigo interno además es el que se usa contra los actores políticos, a quienes no se trata como un adversario, a quienes no se les dan las prerrogativas mínimas de derecho judicial o debido proceso, sino que se les trata como enemigos de guerra. Por eso ocurren detenciones como la de Gilberto Sojo, el caso arbitrario de Roland Carreño, o el juicio contra Juan Requesens, que lo están acelerando.  

– En las rondas interactivas luego de las actualizaciones de la Misión de Determinación de los Hechos y la Alta Comisionada, varios países mostraron preocupación de cómo actuar en el caso venezolano. ¿Qué les recomienda en su posición de comisionado?

— Hoy (11 de marzo) hubo una declaración conjunta importante porque es la primera declaración de 55 países en esta nueva oleada del Consejo, y es una foto clara de condena a lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro y de apoyo a la denuncia de víctimas y organizaciones. En la interacción que tenemos con todas las misiones se los hemos dicho, el caso de Venezuela debe ser una combinación de la visibilización y la presión, acompañado con mecanismos concretos de protección, de forma que garanticen que las víctimas no sufran retaliaciones y las organizaciones puedan trabajar con garantías y acompañamiento necesario. 

Lo podemos resumir así: Un primer elemento es visibilizar, sustanciar, denunciar y acompañar estos informes; el segundo es proteger y garantizar que los actores nacionales no gubernamentales tienen una capa de protección y acompañamiento con las misiones y el Consejo; y el tercero tiene que ver con abrir formas de reparación y ejercicio de justicia universal. 

Muchas misiones tienen la duda de cómo persuadir al régimen para que abra el compás, persiga menos, a que libere presos, persiga menos, de paso a unas elecciones justas y verdaderas. Ahí hay una forma y un mensaje que hemos venido reiterando, y es que la única manera de que el régimen de Maduro se abra a negociar y podamos elegir libremente es que toda la presión internacional enfoque y los lleve a que su única opción sea liberar presos, devolver los partidos, reconstruir el sistema electoral, dejar de utilizar a la policía política y las FAES como un brazo ejecutor y abrir el proceso de democratización. Eso no suena rápido, no suena simple, por lo que también implica entender que esto no es una solución mágica, esto no es un atajo, nos toca asumir con seriedad este proceso y saliendonos de la lógica del cortoplacismo. 

– En dichas rondas también se vio la dura respuesta del representante de Maduro, ¿pudiese haber represalias a ONG, sociedad civil o dirigentes políticos?

— Creo que no las relacionaría. Maduro ha decidido tener represalias contra la sociedad civil, contra las víctimas, contra las organizaciones, no por un reporte o un informe sino por el acumulado completo de su trabajo. El ataque de Maduro hacia la sociedad civil es la incomodidad de saber que hay otros que atienden, asisten, pero también visibilizan y denuncian. El odio de Diosdado Cabello contra Provea tiene que ver con el respeto gigante que tiene dentro del Consejo y entre los estados miembros, además de la capacidad que tienen para hacer denuncias. 

Así que creo al final que en nuestro país varía el nivel de énfasis que pone el régimen en el acoso y la persecución dependiendo del momento político. Mientras que el régimen exista como régimen y tenga todo el poder, no hay garantías para nadie dentro de Venezuela que un día pueda tornarse incómodo para Maduro y por ende ser sometido a un proceso judicial, a un allanamiento, a que les monten una olla. 

Si hacemos un balance de los últimos acontecimientos, el caso de Roland Carreño o Gilberto Sojo fue político. Parte de la población podría creer que solo pasan por esto al ser políticos, esto ya ha pasado antes o es más o menos normal, pero ¿de qué puedes acusar a Azul Positivo?, ¿de qué puedes acusar a Alimenta la Solidaridad, a Convite o Save the Children?, ¿qué tipo de acción dentro de la respuesta humanitaria desestabiliza o genera algún tipo de escenario político? Ninguna, pero vemos que les congelan las cuentas, los judicializan. Al final es una forma de entender el poder, pero una forma de entender el poder es la cohesión y unidad de los actores internos y con mucha visibilización y protección de este tipo de organismos como el Consejo, la Oficina de la Alta Comisionada y los países que hacen parte de esto.

– Mencionaba en sus comunicados que todas las recomendaciones que ha hecho la Alta Comisionada han sido ignoradas, ¿qué se puede hacer entonces desde estos espacios?

— El próximo Consejo tiene una peculiaridad. La resolución del mandato de Bachelet indica que el próximo informe es un examen en detalle del seguimiento de las recomendaciones, qué ha pasado con lo que ella ha dicho, qué ha hecho el régimen y cuál debería ser la acción a seguir. 

Una cosa clave de esto es que sabemos que el régimen no ha hecho caso a ninguna de las recomendaciones. No ha disuelto a las FAES, no ha liberado a los presos políticos, no ha disminuido la tortura, no ha dejado la persecución a las organizaciones, pero el que nosotros lo sepamos lamentablemente no es suficiente. Necesitamos que en el Consejo, como cuerpo que hace este mandato y construye estas recomendaciones, esta discusión se dé. Efectivamente se hará el mes de junio, y luego en septiembre la Misión de Determinación de Hechos debe hacer un segundo reporte oral en profundidad. 

– ¿El gobierno interino envió información para estas actualizaciones orales?

— Sí, nosotros permanentemente tenemos canales de cooperación e intercambio de información tanto con la Misión de Determinación de Hechos como con la Oficina de la Alta Comisionada. Nuestra labor aquí no es solamente con ambas instancias, porque allí hay un trabajo muy importante de ONG, familiares y víctimas. Hay que reconocer que ahí está la mayoría del esfuerzo de la documentación y capacidad de abogacía neutra e imparcial. 

El segundo trabajo más duro para nosotros es con los estados miembros, para organizar y ayudar a reunir las firmas de 55 países para la aprobación conjunta, estimularlos para que tomen la palabra, tengan planteamientos y además garantizar que Venezuela siga siendo uno de los temas prioritarios. 

Recordemos que Venezuela se enfrentaba con el golpe de Estado en Myanmar, con la detención de Alexei Navalny, con la crisis de Bielorrusia. Estamos en un contexto internacional donde la situación venezolana siempre necesita del ejercicio de diplomacia y reforzar lo prioritario y lo urgente que es, porque a veces se pierde. 

– ¿Qué hará como comisionado antes de la entrega de los informes en junio y septiembre?

— Junto con el comisionado Humberto Prado estamos preparando un informe detallado, comprensivo, amplio, recomendación por recomendación de lo que planteaba la Alta Comisionada, qué ha pasado durante el tiempo y con ejemplos concretos. Lo ideal es compartirlo con todas las misiones, con la Oficina de la Alta Comisionada y el resto. Estamos intentando ayudar a organizarse a grupos de víctimas para que brinden su testimonio de cara a la actualización de la Misión de Determinación de Hechos, sobre todo en temas como minería y extracción ilegal de oro, tráfico de personas, presencia de la guerrilla, uso de la comida como arma de control social dentro del Arco Minero. 

Además queremos acompañar a la sociedad civil, familiares y víctimas a las rondas que haya que montar, en los ejercicios con las misiones de países. Estamos produciendo eventos paralelos sobre situación de refugiados, protocolos de explotación minero, vacunación con el sistema Covax y la misma vacunación como derecho. 

– Hasta ahora hemos visto menciones cortas sobre afectación a poblaciones indígenas, Arco Minero, redes de trata y explotación sexual. ¿Pedirán mayor mención sobre estos temas en los informes y actualizaciones orales?

— Sin duda. Hay dos ángulos en los que estamos pidiendo profundizar información y hacer énfasis porque nos parecen claves. Uno, es el impacto diferenciado de todo esto en la mujer, no solamente en el ámbito de la emergencia humanitaria y los derechos económicos y sociales, sino en general en todo el tema de violación de derechos humanos. La mujer es la que está más expuesta a la violencia sexual, acoso y persecución judicial de una forma diferenciada. 

Lo segundo, es sobre poblaciones indígenas en las zonas vulnerables. En el caso de la mujer es la mayoría de nuestra población, entonces ver ese impacto diferenciado va a poder incidir en una discusión distinta a la visión genérica sobre derechos humanos. En el caso de los indígenas es muy importante desmitificar la narrativa de emancipación, revolución y redención de poblaciones indígenas que el régimen intenta vender en el Consejo de Derechos Humanos y con algunos países neutros de cara a Venezuela. Explicar lo que pasa en esos territorios ancestrales es un factor clave para hacerlos cambiar de opinión frente al régimen.

Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2021-03-14 10:30:23
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