FAES realiza el “trabajo sucio” en Apure y engrosa su lista de violaciones a DDHH

Expertos consideran que la participación de las FAES en el operativo militar en el estado Apure solo causó mayores violaciones a los derechos humanos de esa población, además comprometió la operatividad castrense y el desempeño de los mandos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y puso en duda el apoyo a la institución por parte de Nicolás Maduro en operaciones de esta envergadura.  Advierten sobre los riesgos de conceder beligerancia al organismo policial

Sofía Nederr | Luisa Quintero


El traslado de efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hasta la zona de conflicto en La Victoria, estado Apure, pone el foco sobre la política fronteriza del gobernante Nicolás Maduro.

Los enfrentamientos en esa localidad de Apure comenzaron el pasado 21 de marzo, cuando pobladores locales avisaron sobre ráfagas de disparos desde helicópteros y enfrentamientos en el terreno contra supuestos integrantes de las FARC, la disidencia que abandonó los acuerdos de paz en Colombia para continuar en sus actividades terroristas y delictivas. Del lado venezolano, fueron oficiales de la Fuerza Armada Nacional (FAN) quienes se enfrentaron a los guerrilleros comandados por alias “Farley”. 

Un día más tarde se pronunciaba el ministro de la Defensa, general en jefe (Ej) Vladimir Padrino López, sobre la captura de 32 supuestos combatientes, la muerte de dos oficiales venezolanos y un guerrillero identificado con el alias de “Nando”. 

A pesar de informar que el operativo se mantenía con el control de la FAN sobre la zona, para supuestamente capturar a otros guerrilleros, dos días más tarde se envió un contingente de las FAES al estado Apure para “apoyar” en el conflicto. A partir de allí, iniciaron las denuncias de atropellos contra la población civil de la zona -que se ha desplazado hasta la localidad colombiana de Arauquita-, e incluso de la ejecución extrajudicial de cuatro miembros de una familia de El Ripial, a quienes se les señaló públicamente de guerrilleros en fotos difundidas por las redes sociales.

El 28 de marzo, Padrino López salió al paso de todas estas acusaciones y condenó que se haya dicho que en el operativo realizado en Apure “habíamos asesinado niños, quemado y metido en las casas, asesinado a la gente, atropellado; ese no es el comportamiento de la FAN, esa no es la conducta ética de la Fuerza Armada Nacional, estamos llamados a expulsar a cualquier grupo, de cualquier ideología, extranjera, llámense como se llamen”.

En esa rueda de prensa, el ministro de la Defensa nunca se refirió a la actuación de las FAES. Se mantuvo en su discurso de apego a la constitucionalidad de la FAN y aseveró que a la población de La Victoria se le estaban respetando sus derechos humanos, garantizando las investigaciones del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. 

Pero expertos militares no opinan lo mismo. “Nicolás Maduro asignó el trabajo sucio a las FAES. Con las FAES aguanta las acusaciones de violación de derechos humanos porque ya están señaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si le señalan con fuerza a la Fuerza Armada Nacional (FAN) su escenario cambia”, asevera el general retirado Gonzalo García Ordóñez, exjefe del antiguo Comando Unificado de la Fuerza Armada (Cufan).

García Ordóñez, en declaraciones a TalCual, fustiga el hecho de que a las FAES se les haya dado beligerancia. A su juicio, esto representa una política muy peligrosa. 

En ese sentido, destaca que ni el Ministro de la Defensa o el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, tienen una visión estratégica, tampoco logran ver “más allá del amanecer”. 

“Permitir la acción beligerante a las FAES traerá muchos males. Padrino y Ceballos tienen el mando y la responsabilidad, pero se ve ausencia de capacidad para examinar las implicaciones a tiempo futuro. Se acostumbraron a obedecer y mandar”, subraya.

Además explica que, si la presencia de las FAES en esas operaciones no fue autorizada por el Ministerio de la Defensa, entonces Padrino López y Ceballos Ichaso fungen como «muñecos de trapo».

“Pero si las autorizaron, dejan ver su limitada capacidad en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. Tal vez es oportuno que los académicos serios elaboren sus opiniones en referencia a este tema tan delicado”, resalta el exjefe del Cufan.

Advierte que está comprometido el desempeño del titular castrense y del jefe del Ceofan, así como las consecuencias de una operación de combate de esa naturaleza. “No es una operación militar, la realizó una organización policial, contra un grupo irregular, subversivos. Allí está el problema. Seguramente, ahora equiparán a las FAES con otro tipo de armamento y equipo”, enfatiza.

Pero el Ceofan insiste en su papel protagónico en este operativo. El 30 de marzo, el almirante Remigio Ceballos Ichaso dijo que la FAN continúa dando fuertes golpes a los “Griacolt” (Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas) narcotraficantes, un nuevo calificativo de los grupos que enfrentan en la zona fronteriza de Apure.

“Apenas estamos comenzando, elevando el pie de fuerza en todos los espacios del territorio nacional y también en la lucha irregular contra toda amenaza”, aseveró.

Dispuesta para la represión

Desde julio de 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó al gobierno de Maduro disolver, de manera inmediata, a las FAES. En ese sentido, en el informe ejecutivo quedó registrado que la actuación de estas fuerzas especiales ha dejado un gran saldo de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Además, la Alta Comisionada señaló que las acciones de las FAES podrían considerarse una forma de control social de la población vulnerable, justamente por la caracterización de las muertes que se realizó dentro del informe. 

El 26 de marzo de este año, durante un foro organizado por Runrunes, el co-director de InSight Crime, Jeremy Mc Dermott, puntualizó que el traslado de las FAES a la zona fronteriza es preocupante porque se trata de un organismo que actúa, directamente, bajo las órdenes del gobierno de Maduro. Además, subrayó, es catalogada como la unidad más represiva, denunciada por violación de derechos humanos. 

«Esto de las FAES puede obedecer a muchas cosas. Al parecer Maduro no confía en los militares en la zona de Apure, los militares no tienen capacidad de enfrentar a los disidentes colombianos o los militares en la frontera están muy corrompidos y su capacidad militar ha sido desgastada», expresó Mc Dermott.

Sin embargo, el general Gonzalo García Ordóñez descarta que la decisión de Maduro de desplegar a las FAES a la zona de conflicto obedezca a la desconfianza en los efectivos militares.

“No es desconfianza, es el bajo costo que obtiene al usar las FAES con una ganancia adicional, el pánico de la población cuando sienta su presencia”, puntualiza el general retirado.

Mientras que el abogado criminalista y profesor universitario Luis Izquiel, resalta que con este operativo se da un “espaldarazo” de forma tácita a las FAES, aunque ya se ha hecho de forma expresa en el pasado. “Él (Maduro) ha afirmado todo su respaldo y apoyo, además ha obviado ex professo todas las observaciones de organismos internacionales».

Izquiel también menciona la tesis que señala una mayor confianza de Nicolás Maduro en las FAES, “porque es un cuerpo que prácticamente ha creado, a pesar de que se hizo en 2009, pero el ascenso y la fortaleza de las FAES viene a partir del ascenso de Maduro al poder”.

Esa podría ser otra explicación de porqué se usó a este cuerpo en ese operativo, dijo el abogado, en lugar de utilizar solo a la Fuerza Armada como históricamente se había hecho. “Puede ser que se vuelva costumbre que las FAES se involucren en este tipo de operativo a partir de ahora, aunque también puede ocurrir que ante esta nueva masacre, que seguro va a tener repercusión internacional, se retroceda el uso de las FAES para este tipo de operaciones”.

FAES para contener

Gonzalo García Ordóñez dijo que la presencia de las FAES en La Victoria y El Ripial se basa en una política de contención hacia la población con huecos, aliviaderos, para regular la presión y permitir un control dinámico, mediante terceros, de la situación. 

“Las alianzas del régimen con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), manejadas por Cuba, harán un hito en la violencia contra la población. Será el entierro de la Bolivariana”, añade.

Por su parte, el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt puntualiza que, tanto en el caso de la actuación de la FAN como de las FAES, en medio del fuego cruzado con grupos guerrilleros, hay mucha opacidad. 

Agrega que la movilización de las FAES evidencia la importancia que este cuerpo policial tiene como aliado de Maduro.

“Si estuviéramos en una situación de normalidad con el debido cumplimiento de la Constitución de la República, nunca se hubiera llegado a una situación donde grupos abiertamente subversivos e ilegales estén actuando en el territorio nacional, con comprobada infraestructura para el manejo y el tráfico de drogas hacia diferentes partes del mundo como son aeropuertos clandestinos, y el tráfico por los ríos”, indica.

De acuerdo con el general, se ha puesto en evidencia que hay una complicidad tácita. “Es hecho comprobado por los mismos habitantes de la zona que ven diariamente esa acción ilegal e ilícita”, aseguró Herrera Betancourt.

El abogado criminalista Luis Izquiel no ve un obstáculo legal para la actuación de las FAES en un operativo militar, “pero este es un cuerpo que tiene un largo historial de violación a los derechos humanos, del cual distintos organismos internacionales como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recomendado su disolución, y sí veo irregular, más no ilegal, que sea utilizado en este tipo de operaciones donde se pone en riesgo la vida de civiles como terminó ocurriendo”.

Aún no siendo ilegal, prosigue Izquiel, coincide en que llama la atención que la Fuerza Armada tenga que recurrir a un cuerpo civil, específicamente a un cuerpo policial, para coordinar operaciones de este tipo. “Esto parece indicar que la Fuerza Armada no tiene capacidad operativa para combatir a estos grupos guerrilleros. No recuerdo que haya precedentes de esto en el pasado, pidiendo apoyo de cuerpos policiales”. 

Además, el abogado afirma que la masacre cometida en la población de El Ripial es responsabilidad del Estado. “Cabe recordar que los organismos internacionales de derechos humanos no sancionan a personas u organismos en específico, por lo menos no es el trabajo de la CIDH o de oficinas de la ONU. Sean las FAES o los miembros de las FAN, la responsabilidad es de Maduro que es quién está por encima orgánicamente de estos dos cuerpos, al ser quien tiene el control fáctico de estas instituciones”. 

El profesor universitario también recuerda que hay un organismo internacional que sí investiga y condena a individualidades, y es la Corte Penal Internacional (CPI). Allí ya se sigue un examen preliminar contra Maduro y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017. Según las últimas informaciones de la fiscal Fatou Bensouda -quien lleva el caso venezolano-, este examen estaría avanzado y se espera que en 2021 se inicie la investigación formal contra los imputados. 

“Esta masacre ocurrida en Apure contra esta familia, al igual que otras irregularidades y atropellos, podrían pasar a engrosar el informe en la Corte Penal Internacional”, advierte Izquiel.

El Ripial vs El Amparo

Diversas organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos han argumentado que las actuaciones en la población de El Ripial, donde se ejecutaron extrajudicialmente a cuatro personas de la localidad acusándolas de guerrilleros, son comparables a la masacre de El Amparo, ocurrida en octubre de 1988 también en el municipio Páez del estado Apure. 

En el caso de la masacre de El Amparo, donde intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar justicia a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos, 14 pescadores fueron asesinados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), en el sector conocido como Caño La Colorada.

 

El Cejap estaba integrado por funcionarios de la extintas Policía Técnica Judicial (PTJ) y Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), además de miembros de las Fuerzas Armadas.

El coordinador de investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, dice que hay elementos comunes entre ambas masacres, como la planificación de estos eventos para demostrar “eficiencia” en la lucha contra grupos subversivos, y que fueron ejecutadas por funcionarios militares y policiales con una versión oficial de dar de baja a supuestos guerrilleros.

“En los hechos y la verdad es que tanto en El Amparo como El Ripial hubo ejecuciones extrajudiciales, no tenemos duda de ello (…) Debido a lo evidente de la situación, le queda muy difícil al Ministerio Público darle la vuelta a la situación y no considerar que allí hubo una ejecución. Debería pronto el fiscal dar información al respecto”, asegura. 

Sobre lo que no guarda confianza Alvarado es que se investigue la cadena de mando responsable de estos hechos, debido a la poca independencia entre los poderes públicos. “La cadena de mando quedó claramente establecida cuando Maduro dijo que los operativos de Apure estaban dirigidos por el ministro Vladimir Padrino López y el almirante Remigio Ceballos. Ellos dos deberían ser los primeros investigados, al igual que el comandante de la zona y quién esté al mando de las FAES. Además hay otros atropellos y violaciones a la sociedad civil que deben ser sancionados”. 

Sobre la actuación de las FAES, el coordinador de Provea destaca que se han convertido en la fuerza que maneja Nicolás Maduro a su antojo. “La usa para la persecución política, para reprimir protestas, en operativos de seguridad con altísima letalidad en barrios pobres y ahora en operaciones antiguerrilla en la frontera. Esto supone un prontuario muy preocupante en materia de derechos humanos”. 

Esto lo que ha hecho es rectificar el compromiso de Nicolás Maduro para violar derechos humanos, no para rectificar, afirma Alvarado. “Esto demuestra que no hay voluntades de rectificar ante los crímenes de lesa humanidad en el país”. 

Otra de las cuestiones que resalta el coordinador de Provea es que si estos mismos funcionarios de las FAES retornan a funciones de campo en ciudades, “podemos tener a funcionarios enfocados en conflictos de guerra, donde se combate al enemigo liquidándolo, realizando operativos con esa filosofía y cada vez más letales, cada día más empeñadas en operativos de seguridad donde el propósito es causar la muerte”. 



Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2021-04-05 10:20:18
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