De acoso y violencia contra periodistas panameños y de ataques a medios en el Caribe alerta la SIP

En su informe ante la reunión de medio año, que se celebra esta semana en Miami, la SIP señaló casos ocurridos en los últimos meses en países como Panamá, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que “preocupa” el incremento del uso de acciones judiciales contra medios y periodistas para intimidar o promover la autocensura en Panamá, y la violencia policial contra comunicadores durante las protestas. Asimismo, lamentó diversos ataques registrados contra medios de diversos países del Caribe.

En su informe ante la reunión de medio año, que se celebra esta semana en Miami, la SIP señaló que en los últimos meses informadores de Panamá han resultado agredidos por la Policía cuando cubrían manifestaciones en medio de un “incremento de acciones policiales en la represión de las protestas ciudadanas, que impiden el libre y pacífico desarrollo de estas”.

El documento detalla casos como el del fotógrafo de la agencia EFE en Panamá Bienvenido Velasco, quien resultó agredido por unidades de la Policía cuando cubría una protesta estudiantil el pasado mes de diciembre, y el del periodista Juan Cajar, de La Estrella de Panamá, detenido por “alterar el orden público” cuando también trabajaba en una manifestación en octubre pasado.

Destaca un proyecto de Reformas Electorales que modifican el Código Electoral presentado en la Asamblea Nacional (Parlamento) por el Tribunal Electoral, en el que se “fijan normas que tipifican como faltas electorales la difusión de noticias falsas y la desinformación que pueda ser perjudicial para el proceso electoral o los servicios que brinda” el Tribunal.

Aunque aún esté en “trámites legislativos”, el proyecto “busca sancionar a las personas que graben videos, tomen fotos de calamidades, catástrofes, accidentes, riñas o cualquier incidente que se presente, afectando a terceras personas y se publiquen en redes sociales”.

Un viejo proceso contra una periodista

El diario La Estrella, el más longevo del país, aún mantiene un proceso de más de una década interpuesto por una magistrada del órgano judicial contra una de sus periodistas por un “supuesto daño moral” tras una publicación sobre tráfico de influencias. Por esto, se decretó un embargo contra los bienes de la profesional, quien “afrenta al ejercicio del libre periodismo”.

La SIP añadió que se mantiene vigente un artículo del Código Penal sobre “Injuria y Calumnia” cuando se cometen a través de medios de comunicación. Y, a pesar de que quedó despenalizada cuando se trata de que la “supuesta víctima sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, puede ser aducida por particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios”.

Tras varias solicitudes sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia realizadas por medios de comunicación y que aún están en espera de respuesta se reitera “la necesidad de reforzar la formación en materia de la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)”.

Expresidentes y denuncias contra periodistas

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) ha interpuesto denuncias y querellas que aún están en trámite, por “la posible comisión de delitos contra el honor contra la Corporación La Prensa, afectando a un total de 38 periodistas, directores o directivos querellados de la misma casa editorial, con reclamaciones hasta por un monto de 46.1 millones de dólares”.

También, la SIP añadió que “sigue pendiente” el proceso en el que se ordenó un secuestro de cuentas bancarias y activos de Corporación La Prensa por un monto de 1,13 millones de dólares, dentro de una demanda presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor en un proceso que data de 2012″.

El Ministerio Público (MP/Fiscalía) remitió al juzgado el caso “New Business” que implica a Martinelli, y pide enjuiciar a 25 personas.

Se trata de la adquisición del grupo editorial EPASA, un conglomerado de medios de comunicación, en 2010, durante el Gobierno Martinelli a través de un supuesto blanqueo de capitales que involucró una decena de bancos locales, de Suiza, China y EE.UU.

La SIP destacó que “causó sorpresa conocer que durante la investigación se lograron recuperar 9,2 millones de dólares en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional para el Estado”.

Ataques a medios caribeños

El Caribe también se ha visto marcado a nivel periodístico por la falta de regulación para reporteros de redes sociales, periodistas y agencias de medios, la búsqueda de que la libertad de prensa sea reconocida constitucionalmente y los ataques contra medios de comunicación.

En el informe sobre el Caribe de la SIP, la organización periodística se hace eco de la situación en Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana.

En relación a Antigua y Barbuda indica que se espera que se presenten ante el parlamento las regulaciones para reporteros de redes sociales, periodistas y agencias de medios que publican dentro del país.

El fiscal General, Steadroy Benjamin, señaló que estaba “preocupado” por el contenido que se publica en las redes sociales y que ha dado instrucciones a su oficina para crear una legislación que responsabilice a las agencias de noticias por publicaciones que difaman a las personas.

Registro policial en Trinidad

En cuanto a Trinidad y Tobago, el juez Frank Seepersad dictaminó en abril que el registro policial a “Express House” en marzo de 2020 fue ilegal e inconstitucional.

Hace diez meses, tras la publicación de un informe de investigación sobre el Comisionado de Policía en funciones, agentes de la Subdirección de Investigaciones Financieras (FIB) del Servicio de Policía ejecutaron dos órdenes de registro a “Express House” en Puerto España.

El fallo se consideró una victoria no solo para ese periódico, sino también para la libertad de prensa en todo el Caribe.

Si bien el caso se refería a Trinidad y Tobago, el juez Seepersad ofreció perspectivas sobre la centralidad de la prensa en una sociedad de baja confianza, que deberían acogerlas los Gobiernos regionales, según la SIP.

En los últimos días la Asociación de Prensa de Jamaica (PAJ) expresó que presionará para que la libertad de prensa se reconozca constitucionalmente en la isla.

En su intervención con motivo de los Premios Nacionales de Periodismo 2020 en New Kingston, el presidente de la PAJ, George Davis, reconoció la buena tradición de respeto hacia la prensa y el sexto lugar ocupado por el país en el Índice Mundial de Libertad de Prensa.

Asimismo, señaló que el próximo paso será incluirlo como derecho en la Constitución de Jamaica.

Ataques físicos y verbales en Guyana

En cuanto a Guyana, la Asociación de Prensa de Guyana (GPA) ha vuelto a condenar los ataques -físicos, virtuales y de otro tipo- a miembros de los medios de comunicación y empresas de medios.

En un comunicado, la asociación señaló que el ataque más reciente se produjo en forma de exclusión de Gordon Moseley y News Source de una conferencia de prensa programada.

Por último, el presidente de la Asociación de Periodistas y Trabajadores de los Medios de Comunicación de Barbados (BARJAM), Emmanuel Joseph, señaló durante una conferencia virtual -organizada por el Instituto de Medios del Caribe, en asociación con la Embajada de Estados Unidos en Barbados- que, si bien muchas personas han estado pidiendo más periodismo de investigación, la situación cambia radicalmente cuando el centro de atención se centra en quienes hacen esos llamados. EFE

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