Provea: Gobierno quiere que dejemos de seguir denunciado

El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, sostuvo este miércoles que la administración de Nicolás Maduro quiere que “dejemos” de seguir denunciando irregularidades y violaciones a los DDHH de los venezolanos, y reiteró que seguirán trabajando dentro del país.

“Hemos activado mecanismos internacionales de investigación hacia el régimen de Maduro y como éste quiere retrasar las decisiones de mayor incidencia, nos pone obstáculos, pero hay que seguir denunciando, el Gobierno quiere que dejemos de hacer ese trabajo. Ya luego de esos informes del año pasados sobre crímenes de lesa humanidad había indicios de su venganza. La propia CPI ha anunciado que para el segundo semestre del año va a tomar una decisión sobre nuestro país. Hay que denunciar cuando el Gobierno intenta establecer la cuarentena del silencio, y usar la pandemia para aumentar los mecanismos de control sobre toda la población venezolana”, afirmó Uzcátegui en una entrevista con TVV Noticias.

Sobre la acusación de la administración de Maduro acerca de la supuesta participación de la organización en actos terroristas en Venezuela, aseveró que “ya temprano este año comenzó la ofensiva contra periodistas y organizaciones. Con esa normativa es sugerente la mirada que tienen sobre nuestras organizaciones. Esa iniciativa busca informaciones muy sensibles para nuestra labor, y por ello la rechazamos contundentemente”.

Uzcátegui informó que no tienen criterios por los cuales se iniciaría en algún momento un programa de vacunación, así como tampoco tienen información confiable acerca de la evolución del Covid-19 en el país. “Ellos ven a la pandemia como una amenaza política, han dado una respuesta política y militar y dejan de lado a gremios del país que podrían aportar conocimiento necesario para dar una respuesta efectiva. El gremio médico ha sido dejado de lado. Hay una improvisación permanente en medidas de políticas públicas. No tenemos un cronograma para un programa de vacunación, no hay información confiable sobre la evolución de esta enfermedad”.

Indicó que 25 médicos han sido privados arbitrariamente de su libertad, por denunciar que centros asistenciales no cuentan con condiciones adecuadas para atender a pacientes. “En primeros 11 meses, 25 médicos han sido privados de su libertad. Tenemos 272 detenciones arbitrarias en total en estos primeros 11 meses. Para el Gobierno esto no es una emergencia sanitaria, y aprovechan de aumentar mecanismos de control. Se debe informar con mucha cautela porque eso puede generar represalias. En otros países de la región es natural difundir información de lo que pasa”.

“Este es un año importante para una mirada internacional, lamentablemente es el único mecanismo que tenemos para prevenir que haya más detenciones arbitrarias y más abusos hacia la población”, acotó.

Finalmente, Rafael Uzcátegui expresó que la organización está comprometida con las víctimas para seguir trabajando dentro del país a pesar de cualquier circunstancia adversa que intente obstaculizar su trabajo. “Estamos haciendo incidencia ante organismos internacionales para que expresen sus preocupaciones en caso a esta ley, en caso de que prospere”.

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