¿Cómo enfrentar a la banda del Coqui sin violar sus DD. HH?

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A juicio de expertos en seguridad y criminología es factible desarrollar un operativo policial para sacar a la banda de “el Coqui” de la Cota 905, en Caracas, que lleve como bandera el cumplimiento y respeto de los derechos humanos. Sin embargo, es una decisión que no depende de un diálogo policial con los líderes de este grupo delictivo sino de un plan que involucre a los principales actores del Gobierno nacional, coinciden especialistas consultados por El Pitazo para este trabajo.

El liderazgo que consolidó Carlos Luis Revete, alias “el Coqui”, junto con Carlos Calderón “el Vampi” y Garbis Ochoa, apodado “el Garbis”, se originó debido a la proximidad de estos delincuentes con habitantes de la referida zona, según el análisis hecho por el comisario Luis Godoy, exdirector del Eje contra Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ).

“La Cota 905 es una comunidad que creció sin agua potable, sin electricidad, ni ambulatorios. Dentro de este desorden se fue armando un cúmulo de mucha gente que se fue ligando a la delincuencia, no debido a la pobreza, sino a la falta de atención del Estado. Estas bandas tomaron el control de la zona y levantaron un Estado paralelo en el que atacan a funcionarios correctamente uniformados en unidades identificadas”, refirió el también experto en seguridad integral sobre la emboscada que hizo la megabanda de “el Coqui” a dos patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el 22 de abril, en la que resultaron heridos cuatro funcionarios.

Godoy precisó que es factible una intervención policial en esta populosa zona encabezada por personal calificado con el que cuentan instituciones como el Cicpc, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en cooperación con otros organismos. Descartó la aplicación de una razzia policial en esta población y sugirió un operativo bien estructurado que permita a grupos comando ingresar por aire y tierra para lograr la detención de los líderes delictivos.

“Cuando se dé la captura de los sujetos y sean puestos a la orden de tribunales, las autoridades no se pueden retirar del lugar porque podrían surgir seis ‘Coquis’ más que quieran tener el control de la zona ante la ausencia del Estado. Es por ello que de inmediato hay que instalar bases de seguridad, mientras el Estado vuelva a darle a la población todo lo que necesita: agua potable, sistema de aguas negras, servicio médico, brigadas de paz. Esto se va a lograr, ya que 99% de los vecinos de la Cota 905 son personas buenas y sanas”, dijo.

Descontento policial

Delincuentes que emboscaron e hirieron a los cuatro funcionarios del Cicpc en la autopista Norte-Sur robaron sus teléfonos y publicaron en el estado de WhatsApp de uno de los detectives la pistola y un chaleco antibalas que también les quitaron. Por este medio alardearon que los investigadores estaban asustados e intentaron correr.

A cuatro días de este hecho, el director de la policía científica, comisario general Douglas Rico, declaró a través de su programa radial que realizan un estudio de alto nivel para instar a “este grupo de personas a que deponga la actitud hostil que han mantenido en la ciudad de Caracas”.

Fuentes policiales detallaron a El Pitazo que estas declaraciones indignaron a funcionarios activos, tanto del Cicpc como de otros organismos policiales, a quienes les han ordenado retirarse de los últimos cinco tiroteos protagonizados por dicha agrupación delictiva en lo que va de 2021.

“A los compañeros, casi todos jubilados, que vivimos otra policía, otra era, sobre principios y valores institucionales. Nos carcome la impotencia al escuchar que un representante de esta institución diga que están dialogando”, declaró la comisaria jubilada del Cicpc y experta en materia de orden público, Odalis Caldera, al periodista Román Lozinski durante su programa radial transmitido por Circuito Éxitos la mañana de este martes 27 de abril.

“En el pasado sólo se dialogó con delincuentes en situaciones de rehenes, entonces pienso que si van a buscar un diálogo es porque todos los ciudadanos somos rehenes no sólo de la Cota 905 si no de bandas que operan en otras regiones donde están matando a mansalva a los venezolanos”, agregó Caldera.

Desmilitarizar la seguridad ciudadana

Ronna Rísquez, periodista e investigadora, indicó que para enfrentar a una megabanda como la de la Cota 905 respetando los derechos humanos, se deben establecer procedimientos que cumplan las leyes existentes en el país, así como protocolos de actuación y de fuerza policial que empiecen por desmilitarizar la seguridad ciudadana.

“Integrantes de organismos policiales han recibido instrucción y capacitación en DD. HH., pero no sé qué tan profunda sea. Creo que no están capacitados para enfrentar una situación como esta, y que sean los militares quienes dirijan las policías es un tema que definitivamente ha incidido”, detalló la especialista en violencia policial y derechos fundamentales.

Rísquez recordó antiguos procedimientos en los que delincuentes fueron detenidos y sometidos a procesos judiciales: “‘Los Invisibles’, una banda de secuestradores, fueron detenidos por funcionarios del Cicpc. Hubo un delincuente que dio origen a las megabandas en Venezuela que se llamaba Oswaldo Martínez Ojeda, alias ‘el Mexicano’. Esta persona fue sometida en varias oportunidades a procesos judiciales, de esta manera muchos otros delincuentes conocidos a lo largo de la historia de Venezuela fueron sometidos a la justicia sin que se les violara los DD. HH. ni que se cometieran masacres”.

La negociación entre el Estado y bandas de crimen organizado como la que opera en la Cota 905 sería inminente en el escenario planteado por Rísquez para desmantelar esta agrupación.

“Es complejo, pero es así. Claro, tiene que haber voluntad de ambas partes y debe tenerse en cuenta que una negociación no implica impunidad. Las víctimas de estos grupos delictivos van a exigir justicia, y no se puede olvidar que estas personas cometieron delitos. Pero tienen derechos que deben ser respetados. Me refiero a que tiene que haber un tipo de plan o política de transición como el proceso de paz de Colombia”, explicó Rísquez.

“Tiene que aplicarse la justicia transicional, donde haya una serie de condiciones que se deben cumplir con acuerdos de parte y parte, para que de alguna manera haya algún tipo de indemnización o justicia para las víctimas, y no exista impunidad para los victimarios, pero que al mismo tiempo se desmonte la estructura de violencia sin que se violen los DD. HH. de las personas que pertenecen a los grupos delictivos y las que viven en las zonas donde operan estos grupos”, comentó.

Glorimar FernándezVista_3

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Por: El Pitazo
Fecha de publicación: 2021-04-27 20:40:25
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