Vídeo +Tarek W Saab admite homicidios en casos Albán; Pernalete, Arevalo y acusan funcionarios

NOTA DE PRENSA OFICIAL .- Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal en el país consideró que “es importante expresar el trabajo minucioso hecho por la institución y que se ha querido invisibilizar”.

Las cifras reveladas por el alto funcionario destacan que en su gestión de tres años y ocho meses han sido imputados 716 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 civiles como presuntos cómplices”.

“Asimismo, fueron aprehendidos 540 efectivos de distintos organismos y 31 particulares vinculados con estos hechos. Por otro lado, han sido acusados 1.064 funcionarios y 136 civiles. Hasta la presente fecha se obtuvieron 153 condenas contra agentes que han violentado derechos humanos”, precisó el máximo vocero institucional.

En un comunicado oficial, Saab destacó que “no hemos sido correspondidos en el tratamiento formal e institucional de cooperación que transmitimos desde el pasado 4 de noviembre en una reunión personal con la Fiscalía de la CPI”.

Por tanto, el Fiscal General detalló que la República Bolivariana de Venezuela “se ve en la necesidad de solicitar a la CPI una evaluación sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con este nuevo informe”.

De igual modo, Saab recordó que la CPI tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma. “Dicha instancia interviene cuando los posibles casos que puedan entrar dentro de su competencia no han sido investigados por el sistema de justicia de un Estado parte”.

Casos emblemáticos

El Fiscal General se refirió también a casos destacados de violaciones a los derechos humanos que han llamado la atención de la opinión pública nacional y la comunidad internacional. Sobre la muerte del concejal Fernando Albán explicó que “en un principio se imputó a los funcionarios por quebrantamiento de normas de custodia”.

El Ministerio Público solicitó la nulidad por “observar violaciones a las garantías constitucionales; motivo por el cual la causa se retrotrajo a la fase de investigación. Posteriormente, los funcionarios implicados fueron imputados por homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido”.

Con respecto al caso del capitán Acosta Arévalo, tras la orden del Tribunal Supremo de Justicia para realizar una nueva investigación sobre los hechos, el 22 de octubre de 2020 se celebró una nueva audiencia de imputación contra los efectivos implicados por la presunta comisión de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura. En noviembre del año pasado fue presentada la acusación correspondiente.

Sobre la muerte de Juan Pablo Pernalete, ocurrida en Altamira (Caracas) en 2017; el Fiscal General recordó que falleció tras “recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho. Por ello fueron imputados 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”.

A su vez, hizo mención al ajusticiamiento contra cinco personas ocurrido en el Barrio ‘El Limón’, en estado La Guaira; Saab señaló que fueron imputados y acusados cinco funcionarios por homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido a arma orgánica y simulación de hecho punible.

Igualmente, rememoró la muerte de dos trabajadores de Guacamaya TV en el estado Zulia; por las que fueron imputados cinco funcionarios policiales por homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionario público, simulación de hecho punible, complicidad, entre otros delitos.

Por dicho caso también “resultó acusada una exfiscal del Ministerio Público por encubrimiento y asociación”.

Medidas

Como parte de las acciones llevadas a cabo por el Estado venezolano, el Fiscal General mencionó que “ha sido publicada en Gaceta Oficial la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, que es parte de los compromisos adquiridos por el Estado venezolano (…) y tendrá una duración de seis meses”.

“En el tiempo que hemos estado al frente del Ministerio Público ha quedado claro nuestro compromiso por indagar cada violación de derechos humanos que pueda haber o que haya cometido un funcionario del Estado”, precisó Saab.

Finalmente, el Fiscal General explicó que “tras esta entrega esperamos que con la debida recepción, tengamos las debidas consideraciones”. Y adelantó que en los próximos días de mayo se seguirán haciendo entregas de nuevos alcances logrados por el Ministerio Público y el Estado venezolano.

Ministerio Público entregó informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

Este viernes 30 de abril ha sido entregado por el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela un nuevo informe que complementa nuestra respuesta a todos los requerimientos realizados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en un escrito fechado el 2 de octubre de 2020.

Este nuevo documento, que ya es el tercero, no es más que la continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las Autoridades Venezolanas con la Fiscalía de la CPI en todos aquellos puntos sobre los que ha sido requerida.

Debemos recordar que en una primera aportación de información en fecha 30 de noviembre de 2020, el Estado Venezolano contestó debidamente al cuestionario remitido por la Fiscalía de la CPI, informando sobre la situación procesal de los casos requeridos, tanto en la jurisdicción civil como en la militar. El informe cerraba con un conjunto de medidas que el Estado comenzaría a implementar en el corto plazo, adquiriendo por lo tanto diversos compromisos de modificación de su ordenamiento jurídico e institucional interno.

Desde ese momento, se ha dado seguimiento y por ende, se han presentado dos informes de ampliación que aportan datos de la evolución de los casos referidos en la primera comunicación, así como la implementación de los compromisos adquiridos por el país.

La voluntad de colaboración de la República Bolivariana de Venezuela ha quedado de manifiesto, si bien, no podemos dejar pasar la ocasión para dejar constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la CPI en la tramitación del Examen Preliminar en el que nos hallamos.

Esto implica que las respuestas facilitadas a la Fiscalía tanto en este nuevo informe como en los dos anteriores, se están remitiendo sin tener conocimiento más que del primer cuestionario remitido en octubre del año pasado y de lo que desafortunadamente se va filtrando en fuentes abiertas por parte de los actores que han impulsado este procedimiento.

Es necesario poner de manifiesto que la Fiscalía de la CPI ha celebrado siempre consultas con diferentes delegaciones de los Estados para evaluar los esfuerzos en rendir cuentas conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Se ha podido concluir que la Fiscalía de la CPI en situaciones anteriores siempre ha tratado de colaborar con las autoridades nacionales en caso de que los procedimientos nacionales pertinentes ya estén en marcha, o en caso de que las autoridades nacionales hayan declarado explícitamente su compromiso de emprender dichos procedimientos, como en el caso que nos ocupa. Sin embargo, esta comunicación solo se está desarrollando por parte del Estado hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa.

Es por ello por lo que la República Bolivariana de Venezuela se ve en la necesidad de solicitar una evaluación a la Fiscalía de la CPI sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con este nuevo informe. Es necesario que el Estado Venezolano sea informado acerca de si la Fiscalía de la CPI opina que los compromisos concretos anunciados, y las medidas ya adoptadas a nivel nacional, son suficientes para la evaluación que realiza en la fase actual. En caso de que exista alguna observación particular sobre un aspecto concreto, o alguna debilidad en alguno de los planteamientos expuestos, es necesario y pertinente que se trasladen, con cierta premura, las propuestas concretas de mejora que la Fiscalía de la CPI considere pertinentes. De esta manera podremos continuar nuestra colaboración efectiva con esta instancia internacional.

Caracas, 01 de mayo de 2021.

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