«Hay trabajadores que pasarán el 1º de mayo presos»

La abogada Jacqueline Richter, profesora titular en la Universidad Central de Venezuela y presidente del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical del Centro de Formación e Investigación Laboral (Cefil), afirma que la situación actual de la clase trabajadora es paupérrima y de hambre


La clase trabajadora venezolana llega a otro 1º de mayo con un salario mensual que si bien en términos nominales puede parecer mucho (1.800.000 bolívares), en términos reales no sirve ni para comprar una docena de huevos. El destino del sueldo en Venezuela es el resultado de una pésima política económica que llevó al país a sufrir una grave crisis hiperinflacionaria a partir de 2017 que pulverizó el valor y la confianza en el bolívar y que generó un proceso de dolarización no oficial que ha profundizado la desigualdad.

Por denunciar la depauperación de la clase obrera y las deplorables condiciones laborales, trabajadores, algunos de ellos dirigentes sindicales, pasaron su día tras las rejas. La cárcel, la persecución y el hostigamiento, que ha obligado a algunos sindicalistas a irse del país, ha sido la respuesta que ha dado a los reclamos laborales el gobierno de Nicolás Maduro, quien, paradójicamente, se autodenomina «obrerista».

En entrevista con la alianza TalCual – Provea, la abogada Jacqueline Richter, profesora titular en la Universidad Central de Venezuela y presidente del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical del Centro de Formación e Investigación Laboral (Cefil), afirma que la situación actual de la clase trabajadora es paupérrima y de hambre. «Los salarios que recibimos son salarios de hambre y no hay condiciones para enfrentar el trabajo bajo pandemia».

– ¿En qué estado llega la clase trabajadora venezolana a este 1º de mayo?

– En la miseria absoluta, sin trabajo y, por tanto, sin salario. Los trabajos que existen no pueden denominarse dignos, decentes o con protección laboral. El aparato productivo está casi paralizado. Son pocas las empresas públicas y privadas que estén funcionando y las que funcionan tienen una serie de mecanismos para burlar la legislación nacional.

Hay un estudio que sitúa el salario del sector privado en promedio en 50 dólares, pero esos 50 dólares no son un salario, son bonos. Y, en el sector público, el ingreso promedio no pasa de cuatro dólares, incluyendo también bonos. Al no ser salario, no se toma en cuenta para el bono de vacaciones ni del fin de año ni para calcular las prestaciones sociales. Por ende, hay una actitud de fraude a la ley. Son maniobras para evitar que un trabajador reciba los beneficios. En vez de firmar un contrato de trabajo, te obligan a firmar uno de honorarios profesionales.

– ¿Hay trabajadores y sindicalistas que siguen presos o sufriendo persecución y hostigamiento por parte del gobierno?

– Tres muy importantes: Eudis Girot, Guillermo Zárraga y Rodney Álvarez. Los tres están presos por defender los derechos laborales. Los dos primeros son sindicalistas y el tercero es un trabajador de Ferrominera, acusado de un crimen que no cometió y que tiene 10 años sin juicio. El gobierno ha tratado de que reconozca un delito que no cometió, pero como no lo hace lo mantienen preso sin hacerle un juicio.

Hay otros que no están detenidos, pero que están bajo régimen de presentación.

– ¿Cómo se ha visto afectada la clase trabajadora en este contexto de pandemia?

Los trabajadores de la salud, por ejemplo, han tenido que hacerse cargo de atender a los pacientes de la pandemia en pésimas condiciones de trabajo. Es inaceptable que ya a meses de que las vacunas estén probadas en el mundo, se sigan muriendo trabajadores de la salud. Ya más de 500 han fallecido a causa de la covid-19. Pero no solo eso. Los trabajadores que se contagian no reciben de su empleador los medicamentos. Son comunes las colectas del sindicato de trabajadores de la salud, del sindicato de Caracas y de Fetrasalud, buscando cómo comprarle al trabajador los medicamentos necesarios para enfrentar la pandemia.

Antes de la pandemia los hospitales estaban en el suelo. Todo el 2018 y el 2019 estuvieron en la calle. Los trabajadores de la salud tenían tiempo exigiendo mejoras de condiciones, en sus contratos colectivos y en el salario y dotación en los hospitales.

– ¿El gobierno ha tomado alguna medida que realmente proteja a los trabajadores en esta crisis? ¿O todo lo contrario? Por un lado los bonos no alcanzan y está, por ejemplo, el traspaso de nóminas públicas al sistema patria.

– El gobierno, a diferencias de otros, no tiene una política laboral. No hay ningún órgano estatal encargado del tema del trabajo. En otros países los gobiernos, dada la suspensión de la relación de trabajo, han dado subsidios equivalentes a un porcentaje importante del salario real del trabajador, que en los países de la región está entre 200 y 400 dólares el mínimo. Los gobiernos de diversa índole ideológica han hecho transferencias a todos los trabajadores sin distinción de un porcentaje de ese salario porque cuando hay suspensión de la relación laboral el empleador no tiene la obligación de pagar el salario.

El gobierno de Maduro no ha hecho absolutamente nada de eso y a lo único que se dedica es a dar unos bonos insuficientes a través del famoso sistema patria. Esos bonos, sumados al salario, no cubren la canasta alimentaria de una persona, menos de una familia. Entre el salario y bonos el ingreso del trabajador no pasa de 20 o de 30 dólares mensuales.

– ¿Y actualmente para qué sirven el salario y las prestaciones sociales?

– Para absolutamente nada. En este momento el ingreso mínimo de un trabajador del sector público está en 2.400.000 bolívares. Un cartón de huevos está en 10 millones y en un sitio barato una canilla no baja de 800.000.

Las prestaciones sociales se han hecho agua. Antes los trabajadores vivíamos pendientes de pedir un adelanto de las prestaciones, ahora ni siquiera que nos las den. Incluso es común que los trabajadores renuncien a la empresa y se vayan del país sin cobrar prestaciones sociales.

– ¿Ante la crisis económica cómo queda la seguridad social?

– Hace muchos años en el país no hay seguridad social. Las pensiones que paga el sistema son ridículas, por decir lo mínimo, igual que los salarios.

La época en que los trabajadores asegurados contaban con hospitales propios para atenderse desapareció. El sistema de seguridad social que nosotros teníamos en los hechos eran nuestras prestaciones sociales y las prestaciones sociales se hicieron, como dije, agua.

– ¿Cómo ha quedado el gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?

– La OIT ha estado discutiendo el caso de Venezuela a raíz del informe de la Comisión de Encuesta de 2019 y recientemente tomó una serie de medidas que no gustaron al gobierno de Maduro.

En el Consejo de Administración de marzo el caso venezolano fue presentado ante los delegados de los empleadores, de los trabajadores y de los gobiernos, y el gobierno nuevamente se negó a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. La OIT, en primer lugar, fue claro en decirle que estaba violando el convenio 87 sobre libertad sindical, el convenio 26 sobre salario mínimo y el convenio 144 sobre consulta tripartita. Dejó claro que el gobierno seguía violando y que no cumplía. Y está apareciendo en todos los informes de los órganos de control como un Estado que no cumple mínimamente los convenios internacionales que ha ratificado.

El caso de Venezuela va a ser tratado nuevamente en el Consejo de Administración de noviembre de 2021.



Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2021-05-02 10:30:39
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