Posponen vista judicial para declarar «extremistas» organizaciones de Navalni

Un tribunal ruso pospuso hoy hasta el próximo 9 de junio la primera vista sobre el fondo del caso planteado por la Fiscalía contra varias organizaciones asociadas al líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, a las que exige declarar «extremistas» y, de esa forma, desmantelar la actividad del político.

La vista, que se celebró a puerta cerrada, apenas duró cuarenta minutos, informó en su canal de Telegram el abogado Iván Pávlov, que lidera «Equipo 29», una conocida ONG rusa que participa en la defensa de las organizaciones de Navalni, que cumple una condena de dos años y medio de prisión por un antiguo caso penal.

«Por lo visto se han asustado por la cantidad de mociones que hemos presentado», señaló el abogado Maxim Olenichev, que explicó que la defensa ha preparado para la vista de hoy documentos que suman más de 400 folios.

La acusación, representada por unas diez personas, según otra abogada de «Equipo 29», Valeria Vetoshkina, a su vez ha añadido seis tomos de documentos a la causa.

La Fiscalía de Moscú anunció el 16 de abril que buscaba declarar extremistas a las organizaciones sin ánimo de lucro fundadas por Navalni: Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG) y la red de oficinas del movimiento político del líder opositor.

La acusación sostiene, entre otros argumentos, que «los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para revertir los cimientos del orden constitucional».

El mes pasado el fiscal dio un primer paso hacia el desmantelamiento de las estructuras de Navalni, al suspender ciertas actividades del movimiento político del opositor, cuya red de oficinas está repartida por varias regiones rusas desde el Lejano Oriente hasta Moscú.

Un juez hizo al día siguiente lo propio con el FBK, -azote del enriquecimiento ilícito entre altos cargos rusos- y el FZPG.

Acorralado por las autoridades rusas y la justicia, el líder opositor decidió el pasado 29 de abril adelantarse a una decisión judicial que considera inevitable y disolver su red de oficinas para proteger a sus colaboradores de la persecución penal.

Al día siguiente de la disolución de las sedes de Navalni, se supo que el supervisor financiero ruso, Rosfinmonitoring, ya había incluido a esta plataforma en la lista de organizaciones con vinculación con actividades extremistas y terroristas, lo que restringía sus actividades financieras.

De ser declaradas extremistas las organizaciones de Navalni, cualquiera que sea considerado miembro puede ser condenado a hasta 12 años de prisión.

Además, donar dinero a organizaciones calificadas de extremistas puede conllevar hasta 10 años de prisión y cualquiera que use logotipos, símbolos y carteles de las mismas puede ser vetado como candidato a elecciones.

En paralelo, la Cámara Baja ha preparado enmiendas a la ley de elecciones a la Duma de Estado que prohíbe a los rusos que estaban asociados con organizaciones que fueron después reconocidas como extremistas postularse al Congreso.

Eso implica que la ley, que mañana comienza su andadura en la Duma, puede ser aplicada de manera retroactiva a los colaboradores de Navalni, cuyo jefe para las sedes de su movimiento político, Leonid Vólkov, calcula que podrían estar afectadas más de 200.000 personas, que trabajaron en el equipo del líder opositor o le ayudaron.

La ley anti-extremismo de Rusia, aprobada primero hace 19 años y que inicialmente estaba dirigida contra el terrorismo, ha sido enmendada varias veces para endurecerla y es conocida en el exterior sobre todo por la persecución de más de 250 miembros de los testigos de Jehová desde que fueron clasificados como extremistas en 2017.

EFE

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