Caso Hurtado Pimentel en Punto Fijo debe ser inicio del empoderamiento de la justicia Por: José Amalio Graterol Jatar

EL CASO HURTADO  PIMENTEL  EN PUNTO FIJO DEBE SER EL INICIO DEL EMPODERAMIENTO  POPULAR DE LA JUSTICIA

REPORTE CONFIDENCIAL (ESPECIAL) La Policía Nacional Bolivariana  luego  del “allanamiento voluntario” de su domicilio y “aprehensión en flagrancia” por  supuestos hechos ocurridos hace varios años,  ha introducido un nuevo modo de operaciones policiales. En efecto, el periodista Martí Hurtado, fue director de teatro y conservaba facsímiles de armas utilizadas  en  obras de teatro  hacemuchos años. Su esposa la profesional de la medicina Nelly Pulgar tenía  artículos  médicos para ser utilizados en operativos de caridad de CARITAS. Sin embargo la PNB,  los” convenció” de  convenir en un allanamiento voluntario y califico de delito “flagrante” los elementos conseguidos en el domicilio, por supuesto sin orden de allanamiento.

La opinión de Tarek William Saab en el sentido de que no puede haber un allanamiento sin la presencia del Ministerio Público y la notificación a la defensoría del pueblo, pues se dan actos aberrantes,no es respetada ni siquiera  por los Fiscales del Ministerio Público que aceptan este tipo de allanamiento, haciendo uso de las “pruebas adquiridas.

La nueva figura del allanamiento voluntario ha tenido la aceptación del Ministerio Público en otros casos y la flagrancia es asunto a discutir en la audiencia de presentación, en la cual la voz cantante la lleva el Ministerio Público, que  siempre obtiene lo que pide al juez de control.

Sin embargo, tropezaron en este caso con la circunstancia de ser muy conocidos losimputados, apreciados y admirados por la comunidad paraguanera y hasta el ciudadano gobernador Víctor Clark  salió en defensa de su honorabilidad, injuriados por las informaciones arrojadas por la PNB, contra la presunción de inocencia, consagrada en la declaración universal delos derechos humanos, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y propuesta de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, previsiones las  cuales  arrasaron  como es costumbre de los cuerpos policiales.

El mal rato que están pasando el comunicador social y su esposa refleja la indefensión de los ciudadanos frente a las prácticas policialessecundadas por el Ministerio Público y los jueces del circuito. En el caso de ellos hubo una reacción legitima y vigorosa de toda la sociedad  en defensa de quienes merecen toda la consideración y el apoyo ciudadano.

No dudo de la sana intención del ciudadano gobernador, por esa razón no puede quedarse en este caso pues hay muchas víctimas de abusos y acosos policiales, principalmente entre los más jóvenes y más pobres. Cabría preguntarse: ¿por qué tantos muchachos detenidos? ¿Cuál es la política de prevención  del delito? ¿El retardo procesal a qué se debe? ¿Es solución al retardo procesal el plan cayapa o es negligencia frente al mismo? Son muchas las interrogantes, hay que poner el ojo en las actuaciones policiales, Ministerio público y Tribunales, no podemos voltear a otro lado para no ver  una realidad que lastima a cientos de familias.

No puede admitirse que todas las actuaciones policiales son ajustadas a derecho, se hagan como se hagan, y menos que el Ministerio Público, las avale y los jueces no pongan orden ante las irregularidades. Es tiempo quela sociedad se empodere de la justicia como lo afirma la constitución.

Es el momento de iniciar una contraloría social sobre la justicia, ya que no puede verse como injusto solo lo político que ya es bastante injusto, mientras los más jóvenes y  más pobres sufren una justicia represiva y excesivamente lenta y sin fines sociales. Es tiempo de retomar  la contraloría social sobre la justicia. Comencemos por preguntar con serena actitud ¿Ha disminuido la delincuencia? ¿Hay justicia en las actuaciones? Hay muchas injusticias y todos lo sabemos, debemos iniciar un movimiento por la dignidad de los imputados, no es justo que los pongan a firmar que conocen sus derechos consagrados en el artículo 127 del COPP y luego ni siquiera tienen acceso a un abogado porque los organismos policiales no permiten que los visiten.

La sociedad como tal no puede estar ausente de la función dela justicia, especial señaladamente debe imponerse el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal que establece que los jueces “no podrán mantener, directa o indirectamente, ninguna clase de comunicación con alguna de las partes o sus abogados o abogadas, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas” los fiscales son parte y en los circuitos judiciales  tienen estacionamiento y entran directamente a las salas y despachos, mientras los defensores tienen que esperar que les permitan el ingreso. Debe restablecerse la igualdad de las partes no pueden continuar  actuando de esa manera. Si no hay igualdad continuaremos en manos de una justicia  en la cual no existe equilibrio procesal.

El Ministerio Público  debe seguir siendo el titular de la acción penal, mas no dueño del proceso.

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