@Javiermayorca «Mudanza de celda de presos políticos llega tarde a un desprestigio internacional»

FUENTE CRIMINALES SIN CASTIGO: El decreto presidencial que transfiere a Servicio Penitenciario el manejo de los centros de reclusión para presos políticos es una respuesta tardía a una situación que ocasionó el desprestigio internacional del régimen

El 12 de mayo, Nicolás Maduro ordenó transferir al ministerio para Servicio Penitenciario el “ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad” en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El gobernante fijó un plazo de treinta días, contados a partir de esa fecha, a los efectos de cumplir con este decreto. Igualmente, exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial “adoptar las medidas necesarias” en cuanto a la “emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos” de las personas recluidas en celdas del Helicoide y de la central del cuerpo castrense, ubicado en la zona industrial de Boleíta.
Esta decisión, publicada en la Gaceta Oficial, deja abiertas numerosas interrogantes. La primera tiene que ver con la posibilidad de que cierren ambos centros de reclusión. Esto pareciera poco probable, por lo menos en el futuro inmediato. A pesar de las quejas y denuncias sobre abusos, arbitrariedades, torturas y tratos crueles e inhumanos en las dos instalaciones (últimamente, más en Dgcim), es claro que el régimen se reservará la potestad de mantener una vigilancia muy estrecha hacia ciertos detenidos. A los presos por la operación Gedeón aún los conservan en el Helicoide. Incluso, habilitaron salas de tribunal en esa estructura para evitar cualquier paseo por las calles de Caracas.
Otro caso de alta sensibilidad para el régimen es el llamado “magnicidio frustrado”. Según el abogado Joel García, defensor del diputado Juan Requesens, solo uno de los involucrados en este expediente ha sido sacado de la Dgcim Boleíta. Se trata del civil José Eloy Rivas, y de acuerdo con el litigante su nueva celda está en Fuerte Tiuna, lo que desde luego continúa siendo una instalación militar, por cierto, custodiada por agentes de la Dgcim.

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