¿Qué pasa con el examen de la Fiscalía de la CPI sobre las denuncias contra Maduro?

Hace poco más de un mes, específicamente el martes 27 de abril, un grupo de países conformado por Argentina, Canadá, Chile, Paraguay, Perú y Colombia, introdujo una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las violaciones a los derechos humanos cometidos por la administración de Nicolás Maduro en el marco de las manifestaciones de calle que se registraron en el año 2014.

De acuerdo a un reportaje publicado por el diario TalCual, dentro de los alegatos de los Estados que impulsaron la denuncia están «el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad con el objetivo de dispersar y sofocar manifestaciones, arrestos y detención de miles de personas bajo el supuesto de su condición política; algunos de los manifestantes habrían sido sometidos a graves abusos –incluso torturas- y enfermedades durante su encarcelamiento. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que terminó en el algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos o muertos», reseñó el medio.

Ante ello, la Fiscalía de la CPI, inició un examen de forma preliminar que se denominó como Venezuela Iy, desde ese entonces, la fiscal Fatou Bensouda, aceptó las pruebas y testimonios para comprobar si de verdad procederá a investigar por «la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma», refirió TalCual.

En su resumen en el año 2020, la Fiscalía determinó que sí existe una base para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, «particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017».

Actualmente, dicho examen se encuentra en la fase de admisibilidad, donde se evalúa con base a los principios de complementariedad y eficacia -o no- de las instituciones nacionales sobre los procesos judiciales que han abierto para investigar y sancionar por los hechos que los llevaron a ser objeto de demanda.

En ese sentido, la directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Andrea Santacruz, explicó que existen al menos cuatro escenarios sobre el destino del examen Venezuela I y añadió que podría estar en evaluación la tercera y cuarta fase de manera conjunta. Siendo esta última la que «corresponde al “interés de la justicia”, en este caso, la competencia de la CPI para avanzar o no en una investigación formal sobre particulares acusados de genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad o agresión», informó el portal.

La fiscal Fatou Bensouda tiene hasta este mes para entregar su informe y pronunciarse sobre el caso venezolano. En este aspecto, Santacruz considera que «está incidiendo la transición de mandato. Puede ser pronto (la respuesta) o que el nuevo fiscal participe. Se ha corrido la información de que el nuevo fiscal quiere participar en este proceso».

No obstante, el abogado y coordinador de litigio internacional de la ONG Defiende Venezuela, Simón Gómez, señaló que los procedimientos ante la CPI suelen tomar mucho tiempo por ser «complejos y dispendiosos».

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