¿Qué medidas toma Bienestar Familiar con los niños venezolanos en situación de peligro?

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La Embajada de Venezuela designada por Juan Guaidó en Colombia estima que unos 6.000 niños y adolescentes venezolanos están bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) porque se constató que estaban en situación de calle, abandonados, no escolarizados, con desnutrición, alguna enfermedad no tratada o que no habían sido incluidos en el sistema de salud o seguridad social de ese país.

Todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en territorio colombiano y tengan sus derechos amenazados o vulnerados, el Estado tiene la obligación de protegerlos por medio de las medidas establecidas en el marco del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard), independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio (…) El ingreso y permanencia irregular de los niños, niñas y adolescentes extranjeros en Colombia no constituye un motivo que condicione las acciones de protección de sus derechos”, explicó el Icbf, el 24 de agosto, en respuesta a una petición de información suscrita por El Pitazo a propósito de la disputa por la tutela de Jackson Barreto, el músico venezolano de 11 años de edad que participó en la cuarta temporada de La Voz Kids Colombia.

Jackson fue inscrito en el concurso por Esther Molina, una comerciante colombiana que se hizo cargo del niño cuando cantaba por las calles de Arauca a cambio de comida. La madrina de Jackson, como él la llama, tiene un proceso abierto en Bienestar Familiar para seguir a su cuidado, según lo reveló Molina en una entrevista concedida a El Pitazo.

Restablecimiento de derechos

Cuando el Icbf es notificado de una posible vulneración de los derechos del niño, designa a un defensor de familia, junto a un equipo técnico conformado por psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas, para analizar cada caso. 

De confirmarse que el niño está en riesgo, el organismo adopta una serie de medidas para su protección, entre las cuales se incluyen: amonestación y capacitación de lo representantes; retiro inmediato del niño de la actividad que amenace sus garantías y atención en programas especializados; ubicación en medio familiar o centros de emergencia cuando no procede la colocación en hogares de paso; adopción, entre otras.

El Estado colombiano tiene el deber de agotar todas las acciones que sean necesarias para que el niño, niña y adolescente de manera preferente permanezca en su núcleo familiar biológico”, explica el organismo.

La separación del niño o adolescente de su núcleo o familiar solo se justifica cuando hay situaciones extremas tales como: riesgo inminente para la vida, integridad o salud del niño, niña o adolescente o situaciones de abuso físico, sexual o psicológico, abandono, violencia física o moral, secuestro, explotación laboral, sostiene.

“Particularmente, para los niños, niñas y adolescentes venezolanos, las autoridades administrativas deben agotar todas las herramientas disponibles para la búsqueda de familia garante en dicho país, como acciones encaminadas al restablecimiento de sus derechos dentro del marco legal y constitucional que rige al Estado colombiano”, añade el organismo.

El restablecimiento de derechos es un proceso transitorio tiene una duración máxima de 18 meses que se divide en tres partes: seis meses para definir la situación jurídica, seis meses de seguimiento a las actuaciones para la superación de las amenazas o vulneraciones y seis meses de prórroga para la efectividad de las medidas. Concluido este lapso, la autoridad puede hacer una declaratoria de adoptabilidad con la intervención y acompañamiento de la familia o el cierre del proceso si el niño se reintegra satisfactoriamente a sufamilia nuclear o extensa.

Venezolanos en fase intermedia

El abogado Zair Mundaray, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, advirtió que los niños venezolanos con procesos de restitución de derechos abiertos tienen dificultades para acceder al sistema de adopción porque no se agotan las formas de localización con la familia originaria, como lo establece la legislación del país vecino. 

En consecuencia, las autoridades colombianas refieren a los infantes a entidades de atención donde cursan estudios o a hogares sustitutos y el Estado aporta una subvención a los cuidadores para la manutención del niño. 

“Este es un drama que se acrecienta, pero si algo pudiéramos decir de Colombia es el éxito que ha tenido sobre todo en el sistema educativo, de haber permitido que los niños estudien sin documentos, a veces sin que estén sus padres e insertarlos (…) Lo hacen bajo la premisa de que son los colombianos de mañana porque son niños que probablemente no volverán a territorio venezolano”, precisó Mundaray.

Liz GascónMigración

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