la responsabilidad olvidada del Estado venezolano

Hugo Marino, Alcedo Mora o Merlyn Tovar son algunos de los nombres de personas que representan una grave violación a los derechos humanos: las desapariciones forzadas. Hasta ahora, el Estado venezolano no ha ofrecido respuesta ni sancionado a los responsables, mientras que los familiares esperan alguna pista que les diga qué pasó


Es lunes 30 de agosto, el día 242 del año. Para Beatriz Salas es una cuenta más larga. Son 863 días que no sabe del paradero de su hijo, el buzo profesional Hugo Marino Salas, quien fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando llegaba al país procedente de Estados Unidos. 

Este lunes 30 de agosto se celebra el día mundial contra las desapariciones forzadas, un delito que se configura cuando existe una privativa de libertad, una intervención directa o indirecta de organismos de seguridad, y se niega reconocer la detención y el paradero de la persona. 

Hugo Marino Salas, lamentablemente, cumple todas las condiciones. Fue apresado el 20 de abril de 2019 por funcionarios de la Dgcim. Desde esa fecha, ni el organismo de contrainteligencia ni el Estado venezolano han respondido las solicitudes de información sobre el paradero del buzo, que llegó a Venezuela ese año para atender asuntos de rutina, ya que tenía oficinas en el país. 

Hugo Marino desapariciones forzadas

“Por fuentes muy confiables, ellos tenían a mi hijo allí, con la orden de que nadie podía saber que estaba allí adentro. ¿Dónde está? No sé. ¿Qué le hicieron? No sé, pero no me voy a quedar callada, no me voy a quedar tranquila porque en cualquiera de las dos opciones me tienen que dar respuesta ”, explica Beatriz Salas. 

La Dgcim no solo detuvo a su hijo en abril de 2019, también entró a su vivienda -sin forzar puertas o cerraduras- y revolvieron entre sus pertenencias, rompieron paredes, pisos, y se llevaron todo lo que encontraron, incluyendo ropa. 

“Es difícil que te pueda explicar la desaparición de un hijo, eso no tiene parangón. La desaparición de Hugo significó que me quitaron un pedazo. Siempre ha sido mi apoyo, un padre ejemplar. Tu dirás que porque es mi hijo yo hablo así, pero no. Mi hijo era sostén de toda una familia”, dice entre sollozos Salas. 

Sin rastro

El Foro Penal Venezolano recuerda que hay desapariciones forzadas temporales o permanentes, y aseguran en su último informe que forman parte de un patrón donde se configuran detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos. Esta práctica también se extiende a familiares para conseguir información o que el señalado se entregue. 

Estas aseveraciones también fueron compartidas por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, en su informe de septiembre de 2020. Dicha instancia señala que las detenciones, en algunos casos, equivalen a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles y actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. 

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro”, dijo el abogado Francisco Cox, integrante de la Misión de Determinación de Hechos. 

El de Hugo Marino no es un caso aislado en el país. Forma parte de una lista de personas que se encuentran desaparecidas a largo plazo por razones políticas o en contexto de actuación de un organismo policial. 

Desde febrero de 2015 se encuentran desaparecidos Alcero Mora y los hermanos Eliécer y Esnéider Vergel Prado. Según los relatos que han podido armar sus familiares, los hermanos se encontraban junto a Mora cuando fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Mérida, tras denunciar una red de tráfico de combustible que incluía a figuras del chavismo y de Pdvsa.  

Alcedo Mora. Foto: Panorama

Merlyn Tovar y su vecino José Alejandro Martínez desaparecieron en medio de un operativo hecho por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la población de Capaya, estado Miranda, en mayo de 2017. Sus familiares presumen que fueron asesinados por los policías, pero negaron en un interrogatorio que hubiesen “dado de baja” a ningún ciudadano. 

En todos estos casos también existe otra constante: pese a que hay organismos señalados por las desapariciones forzadas de estas personas, ningún fiscal o tribunal ha actuado de forma insistente para obtener información

«Si usted ve mi Twitter cada semana ninguno de ellos ha respondido», dice Beatriz Salas, “Yo los responsabilizo por la vida de mi hijo (…) Él no es político. Su último trabajo en Venezuela fue el rescate de los militares que cayeron en Margarita”. 

Meses después, Hugo Marino fue contactado por el exministro Miguel Pérez Abad para obtener una opinión técnica de dónde podría ubicarse la avioneta en la que iba su hijo y otras personas cuando se estrelló en Vargas. 

“Él estaba en Miami cuando llamó el señor Pérez Abad (…) Eso es lo que yo sé. Si después mi hijo investigó algo más sobre ese accidente, no lo sé, son puras conjeturas. Hay mucha gente que se me ha acercado para decirme que mi hijo es un preso de Diosdado Cabello, pero son conjeturas”, dice la madre del buzo.

Yo le he escrito al señor Pérez Abad millones de veces, dice Salas, “pero nunca he recibido respuesta (…) Estos dos años han sido un morir, pero yo me prometí a mí misma que no me voy a cansar, no me voy a rendir hasta saber qué le pasó, dónde lo tienen, lo necesito. Necesito que en algún momento de ese país haya justicia”. 

Desapariciones en aumento

En un informe que abarca desde 2014 hasta 2018, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y la ONG Espacio Público destacaron que las desapariciones forzadas iban en aumento en el país y evolucionaron los patrones, para incluir las detenciones arbitrarias. 

Mientras que el Foro Penal, del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, documentó 724 casos de desapariciones forzadas de detenidos políticos. En 2018 se registraron 200, mientras que en 2019 ocurrieron 524. 

La ONG también destaca que hasta el 31 de mayo de 2021 se registraron 33 desapariciones. 14 personas todavía se encuentran desaparecidas. 

TalCual solicitó información al fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, a través de su directora de despacho, para conocer las acciones de la Fiscalía General para prevenir y sancionar este delito pero, hasta la fecha de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Las denuncias sobre desapariciones forzadas también han sido recogidas por los informes de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. En particular, se menciona el caso de Hugo Marino en los escritos de julio de 2020 y 2021. 

“La Oficina recibió información sobre las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, en septiembre de 2018, y de Hugo Enrique Marino Salas, un civil que había trabajado como contratista del Ejército, en abril de 2019. Sus familiares no han recibido respuesta a las solicitudes de habeas corpus presentadas en julio y mayo de 2019, respectivamente, y su paradero sigue siendo desconocido”, dice el informe. 

En ninguno de los casos denunciados, ninguno de los organismos públicos o la administración de Nicolás Maduro han respondido. Beatriz Salas resume la inoperancia del Estado así: “Que ironía que mi hijo ayudó a muchas personas a encontrar a sus familiares desaparecidos y yo no tengo quien que me ayude a encontrar el mío”.



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Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2021-08-30 09:30:53
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