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No puede haber justicia social sin acceso a la información pública

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, asegura que el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha sido clave para demostrar la opacidad del gobierno de Nicolás Maduro


El gobierno de Nicolás Maduro ha consolidado la hegemonía comunicacional preconizada por Hugo Chávez, pero no lograda en vida de éste: provocó el cierre o adquirió a través de terceros canales de televisión, periódicos y emisoras de radio, de manera que la crítica contra su gestión se ve limitada a los pocos medios digitales independientes que se mantienen en pie y a los mensajes que intercambian los usuarios de las redes sociales.

A esta escasez de actores que puedan escrutar el desempeño de la actual administración se suma la política del Ejecutivo chavista de no rendir cuentas de sus operaciones: no entrega al Parlamento el proyecto de Presupuesto Nacional, ni sus ministerios las respectivas memoria y cuenta, sino que las mismas se aprueban a través de un Poder Judicial aliado; el Instituto Nacional de Estadística (INE), dejó de publicar sus números y el Banco Central de Venezuela no da las cifras de inflación y desempleo, mientras se niega información a las ONG o ciudadanos que quieran ejercer su derecho a conocer sobre el manejo de los fondos públicos. Todo esto sin contar con las acusaciones, detenciones y amedrentamiento contra periodistas y activistas de DDHH que de esta manera ven dificultades sus posibilidades de sacar a la luz los manejos de los recursos que pertenecen a todos, pero disfrutan unos pocos.

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, asegura que en Venezuela existe una gran cantidad de información que debería ser pública, pero que los ciudadanos no conocen y que va desde informes epidemiológicos hasta datos de inflación, lo que ha generado una dinámica donde la opacidad es la norma, al punto que los funcionarios asumen que no es su deber rendir cuentas y entienden como una amenaza a cualquiera que busque informarse o informar.

“En Espacio Público promovemos que las personas hagan petición de acceso a la información. Es un derecho que tiene dos dimensiones, el que vale per se, que es el de cualquier ciudadano que tiene derecho a la información sobre funcionarios públicos, pues ellos tienen que rendir cuentas y presentar declaración jurada de bienes, que permiten que el ciudadano pueda ver en qué se está gastando el dinero, y luego está la dimensión del derecho que es instrumental, es decir, que la información sea útil para que el ciudadano pueda ejercer otros derechos, como el de un ciudadano que quiera conocer cuál es el plan de vacunación para ver cuándo le tocará vacunarse”, explica Correa sobre la importancia de que en un Estado haya acceso a la información pública.

El comunicador social, profesor universitario y defensor de derechos humanos refirió que el informe de la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitido el pasado 13 de septiembre, advierte sobre esta opacidad que reina en Venezuela al señalar la ausencia de datos públicos en Venezuela para monitorear las políticas públicas y al resaltar el papel de la sociedad civil en este sentido.

Acceso a la información es igual a calidad democrática, resalta Carlos Correa

—La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, afirmó que existen grandes dificultades de acceso a la información pública en Venezuela y pidió al gobierno de Nicolás Maduro publicar el Presupuesto Nacional y las memorias y cuentas de los ministerios. ¿Cuál es la situación actual en esta materia de acuerdo a la evaluación que ustedes vienen realizando?

—En líneas generales, en Venezuela lo que hay es una situación en la que la posibilidad de acceder a información pública es más bien lo excepcional y no lo normal. Se da con información que es muy importante para el monitoreo, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo del milenio (de Naciones Unidas), que tienen un apartado que señala la importancia del acceso a la información pública para poder monitorear el avance de los mismos.

Señala Carlos Correa que, aunque en el país no existe una ley de acceso a la información pública y, por lo tanto, no hay un órgano garante de ello, sí hay algunos mecanismos que permiten la posibilidad de acceder a la información pública, pues está contemplada en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como en otros instrumentos que obligan a que, frente cualquier petición, la administración pública debe responder en 20 días. Sin embargo, sostiene que esa posibilidad se ha ido desmantelando por decisiones judiciales.

“Nosotros en Espacio Público, por ejemplo, pedimos información sobre el Contralor, una declaración jurada de bienes, y el contralor no nos dio la declaración; el argumento fue que por haber una situación de inseguridad no daba la información, y eso fue avalado posteriormente por los tribunales”, explica.

Insiste Carlos Correa en que la información es clave para la participación: “¿Cómo participo en elecciones si no tengo rendiciones de cuenta claras, si no sé si los funcionarios se enriquecieron o no? El acceso a la información habla sobre la calidad democrática de la sociedad. Una dinámica de opacidad favorece la discrecionalidad y el ejercicio arbitrario del poder”.

—Bachelet detalló que al menos 60 peticiones de información han sido ignoradas por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿A dónde conduce esta opacidad?

—Si no tienes una rendición de cuentas, estás fortaleciendo ejercicios autoritarios y discrecionales del poder. (El funcionario piensa) ‘estoy en un cargo de elección y no rindo cuentas y hago lo que me parece’. Sobre el covid hicimos peticiones de información, que nos dijeran cuál es el plan, las fechas, pero es imposible que te respondan. Ellos piensan que no tienen que rendir cuentas.

Añade que Espacio Público ha enviado cartas a instituciones y éstas se niegan, incluso a recibirlas. “Argumentan cualquier razón, cuando lo que tiene que hacer un funcionario es decir ‘aquí está un ciudadano que está pidiendo información, es su derecho y tengo que facilitarle el ejercicio de ese derecho’”.

—El pasado mes de agosto. Espacio Público documentó 20 casos que significaron 38 violaciones a la libertad de expresión. ¿Puede explicarnos cómo se producen estos casos y quiénes son los principales perpetradores?

—Hemos venido documentando un poco la situación del derecho a la libertad de expresión en el que se incluye el derecho a la información pública, porque tiene la dimensión de buscar la información y recibirla. ¿Qué es lo que ocurre? En Venezuela se ha desarrollado un patrón donde toda crítica es perseguida; se persigue a los medios, a quienes anuncian a través de esos medios, se castiga a las personas que comunican. Eso habla de una política de Estado, se agrede a un periodista y no escuchas ningún funcionario rechazando la agresión; no hay costo por agredir a un periodista. En 2020, con la llegada de la pandemia, empezamos a sentirlo con mayor fuerza, comenzó a perseguirse a la gente que daba datos del covid, a gente que tomaba fotografías cuando hay problemas en la cola de la gasolina, y a quienes les borran las imágenes. Lo que tenemos en los últimos tiempos es una dinámica, la imposibilidad de acceder a información pública. Hay sitios bloqueados, portales bloqueados, periodistas que cuando van a hacer cobertura no les dejan tomar fotografías, no los dejan entrar a lugares que son públicos, no pueden entrar a hospitales para saber si hay dotación, por ejemplo.

Señala Carlos Correa que, como no hay costos, hay funcionarios que dicen arbitrariamente, ‘esta es una zona de seguridad’, y le quitan los teléfonos y detienen a periodistas. Dice que los casos tienen que ver especialmente con la cobertura informativa de periodistas «de a pie» y que, en las regiones, donde hay dificultades fuertes como la escasez de gasolina, hay un patrón de hostigamiento en general en el que los casos que estamos observando tienen que ver con el momento en que se va a buscar información sobre el problema, hacer reporterismo de calle.

Lea también: Informe de Bachelet se afinca en sanciones para reflejar la crisis agravada en Venezuela

—Hace un par de semanas vimos el caso de un periodista deportivo (Fernando Petrocelli) contra quien se dictó orden de aprehensión por un tuit en el que hacía referencia a la esposa de un futbolista ¿Cómo lo evalúan ustedes?

—Ya el año pasado se empezó a utilizar la ley contra el odio y se está utilizando contra lo que es crítica. En ese caso (el del periodista deportivo) puede haber un discurso que no nos guste, un estilo que nos puede resultar ofensivo, pero de ahí a pensar que es una dinámica de odio hay mucho. Esta ley castiga las expresiones de odio más que si cometiera un asesinato, el criterio es tan amplio que se convierte en una injusticia, más allá de que te guste o no un determinado contenido, no hay proporción. Se está utilizando para criminalizar y perseguir a personas. Hay expresiones que se han calificado como delitos de odio que no aplican.

“Luego tienes una situación terrible –continúa- en la que sometes a persona por delitos de odio o a se les acusa de otro tipo de delitos. El periodista Braulio Jatar fue sometido a malos tratos, penas crueles, y es una persona que tenía medidas del Comité de Detenciones Arbitrarias, y cinco años después dices que no hay nada, cuando lo acusaste de terrorismo y lavado de capitales. Hay una desproporción, se utiliza una suerte de delitos muy graves para detener a personas”.

A juicio de Carlos Correa, en el caso del periodista deportivo, se trata de un tuit que da para múltiples interpretaciones, pero no para delitos de odio. “En el mundo del deporte, solo hay que ir a un estadio para ver que a la mitad o a tres cuartas partes te las tendrías que llevar detenidas pos supuestamente cometer delitos de odio, por expresiones ofensivas hacia el contrario. Es una exageración la utilización de ese patrón”.

Resalta que, en 2020, se utilizó ese mecanismo para perseguir a gente que daba información y hacía críticas sobre la situación con la covid-19. “Se utilizó en el caso de los escritores que dieron información vía WhatsApp y hacían cuestionamientos por la participación del fiscal en una fiesta y entonces los acusaron de delitos de odio”.

—¿Cómo evalúa usted que en Venezuela las personas se enteren del acontecer diario a través de Whatsapp, o redes sociales en lugar de a través de medios formales de comunicación?

—Hay una política de Estado. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Ha habido una primera fase, que era un hostigamiento indiscriminado (contra los medios). Se aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y se hizo una reforma del Código Penal, que aumentó posibilidad de delitos de difamación, lo que en Venezuela se llama vilipendio y en otros países desacato.  El primer hito fue perseguir todo el espectro radioeléctrico, RCTV, luego la televisión por cable, posteriormente las emisoras de radio. Después (segunda fase) vino el universo de los periódicos.

Precisa que hoy en día, en las emisoras de radio hay muchas restricciones: “Si hay un programa muy crítico le envían un exhorto. Entonces se producen salidas de programas de radio, cambios de línea informativa. A las emisoras les cuesta abordar temas de interés público. Un alcalde hace que cierren una emisora. El universo de la televisión es muy restringido. Algunos canales u ofertas audiovisuales se han ido a plataformas de distribución vía internet, y algunos también han sido perseguidos, como VPI, aunque no tienen el mismo alcance televisión abierta; el periodismo impreso prácticamente ha desaparecido, son muy pocos los periódicos que salen y los que lo hacen lo hacen con muy poco tiraje. Muchos medios se han convertido en plataformas virtuales, como TalCual, pero también los regionales, como El Impulso, El Carabobeño, etc. Muchísimos medios regionales que eran muy importantes para el ecosistema comunicacional se han ido a plataformas digitales».

Añade que una de las cosas importantes que ha pasado para favorecer esta situación es que hay seis millones de personas fuera del país y algunos conservan familiares en Venezuela. “Son personas (la mayoría de los que se quedaron) que no son nativos digitales, pero han comenzado a utilizar Whatsapp para hacer circular información. La desventaja es que circula mucha información falsa, porque faltan los criterios de credibilidad, no está la garantía de responsabilidad editorial. Antes había un criterio, una persona responsable, pero hoy en día hay muchísima gente haciendo información falsa. Así que i

nformarse hoy en día requiere de una participación mucho más activa, tienes que estar muy interesado para hacerlo, aprender a utilizar VPN para acceder a un sitio web bloqueado, hacer una selección de información que consideras confiable y (acceder a) grupos súper especializados de periodistas que dicen si una información es falsa. Es un ecosistema de menos alcance y hay un esfuerzo mayor de verificación de información. Antes era más fácil informarse y, por lo tanto, el debate público era muy fluido”.

—A propósito del proceso de negociación en México, ¿Cree que el tema comunicacional ha debido formar parte de la agenda?

—En líneas generales debería ser parte al igual que otra cantidad de temas. En la medida en que tienes un ecosistema de medios débil, tienes un debate mucho más empobrecido. No es un proceso de muy corto plazo, los procesos de negociación pueden tardar algo de tiempo, y en la medida que se van creando condiciones es posible que estos temas entren. Hay unas urgencias asociadas a la crisis económica y social del país, pero incluso para solventar esa crisis económica y social el tema comunicacional también es clave, porque van a ayudar a que las soluciones que se construyan sean mejores. Sin debate no vas a tener la valoración real y objetiva de la sociedad. Ese es el papel de los medios, el escrutinio de lo público.

—¿Cómo se puede lograr cumplir con unos acuerdos previos, como el de protección social a los venezolanos, si no hay acceso a la información sobre políticas públicas en salud, educación, alimentación, etc?

—Si efectivamente queremos una sociedad de mayor calidad hay que exigir transparencia y acceso a la información pública, el mensaje que está dando la oficina de la Alta Comisionada diciendo que la información debe ser pública es clave, porque así la sociedad puede participar y las soluciones van a ser pertinentes. Pretender que desde el poder se puede hacer un ejercicio eficaz de política pública sin participación es algo absolutamente irreal. No hay forma de hacerlo porque el debate es clave. Si tuviéramos toda la información pública, toda la sociedad pudiera estar haciendo escrutinio, por ejemplo, del manejo del Presupuesto, de cómo se gasta el dinero, habría un mayor debate y un mayor involucramiento de la sociedad, pero si no tienes información ordenada lo que tienes son bandazos y después lamentaciones.

“Hoy en día se señala de corruptos a funcionarios que ya no están con el gobierno, pero que cuando estaban en el gobierno a los medios que hacían algún señalamiento los perseguías y también cuestionabas al medio”, destaca Carlos Correa.

Insiste el comunicador en que los indicadores asociados a la calidad de libertades vinculadas a los medios de comunicación e información pública, son directamente proporcionales a la calidad de la democracia, y que en la medida que se deterioran esos indicadores, se deteriora la calidad de la democracia y la posibilidad de construir justicia social y dignidad para todas las personas.

Enfatiza entonces que “el ejercicio arbitrario del poder se traduce en corrupción, en herramientas poderosas que restan una distribución de recursos para lo que realmente importa a la gente, enriquece a unos pocos en desmedro de las mayorías”.



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Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2021-09-19 10:30:09
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