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Al menos 33 empleados de la comunicación fueron agredidos por el gobierno en agosto: Cepaz

Según datos de Cepaz (Centro de Justicia y Paz) Cepaz), del 1 al 31 de agosto de 2021 se registraron al menos 43 actos de persecución y criminalización ejercidos por la administración de Maduro contra periodistas, reporteros, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, defensores de DDHH, políticos y la población en general.

«En la totalidad de víctimas de persecución y criminalización, identificamos 33 periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación», suscribe el texto según nota de prensa enviada a ND. «4 emisoras de radio salieron del aire momentáneamente debido a las fallas eléctricas que desde el pasado afectan a todo el país y que en contextos de contingencias climáticas la precaria condición del servicio de electricidad se agrava, un programa de radio salió del aire en todas las emisoras en las cuales era transmitido, una página web fue víctima de un ataque cibernético, y dos procedimientos judiciales se encuentran abiertos: el primero se refiere a una orden de aprehensión por motivos políticos, y el segundo a la continuidad del proceso arbitrario contra el diario El Nacional, luego del tribunal haber declarado con lugar la demanda a favor de Diosdado Cabello».

Además, denunció el centro que múltiples empleados fueron hostigados, amenazados y les impidieron registrar las actividades deportivas que se desarrollaron en el mes de agosto, específicamente en medio del partido de fútbol entre la selección venezolana y la argentina, y la llegada de los atletas que representaron al país en Tokio 2020.

Cepaz subrayó que en agosto registraron 31 actos de intimidación y hostigamiento, que «incluyen señalamientos, imposibilidad de documentar un hecho noticioso, estigmatización en el ejercicio de la profesión».

Persecución y criminalización en primarias del Psuv

Las elecciones primarias del Psuv se desarrollaron en medio de «una profunda censura e intimidación», fustigó Cepaz y precisó que trabajadores del sector público del estado Bolívar denunciaron que «por trabajar en un ministerio o en otras áreas del sector público fueron obligados a votar en esas elecciones».

Asimismo, los periodistas que se encontraban en los centros de votación de distintos estados con la intención de cubrir esas elecciones internas «fueron amedrentados por funcionarios públicos» y «algunos fueron obligados a borrar la información cuando se encontraban tomando las denuncias de los electores y otros fueron fotografiados e impedidos de realizar sus labores».

«Este patrón de intimidación y censura que se desarrolla en contextos electorales en Venezuela constituye una grave violación a los derechos políticos de la población. La coacción y presión ejercida contra la ciudadanía es parte de una acción sistemática que busca ejercer un control contra la sociedad, supeditando el goce de ciertos beneficios sociales o incluso un empleo en el sector público, a cambio de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, vulnerando principios fundamentales establecidos en la Constitución y en pactos internacionales, como lo es el voto universal, libre y secreto, lo cual implica que la ciudadanía libre de toda coacción, presión y amenaza pueda ejercer su derecho a la participación política», alerta el centro.

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