El Nuevo Herald // ¿Usan el COVID para matar a opositores en Venezuela?

La repentina muerte del encarcelado ex ministro de Defensa Raúl Baduel está generando alarma entre activistas y familiares de los presos políticos en Venezuela, ante acusaciones de que el gobierno de Nicolás Maduro está ignorando el riesgo que el COVID-19 representa para la población carcelaria y de que incluso esté utilizando la enfermedad para matar opositores.

Baduel murió el martes de un paro cardiorrespiratorio. El gobierno reportó lo sucedido luego de que el militar venezolano contrajera el coronavirus, pero sus familiares ponen en duda la versión, exigiendo la exhumación del cadáver y una investigación independiente.

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El clamor de los familiares de Baduel fue respaldado el jueves por el Departamento de Estado. En declaraciones brindadas en una rueda de prensa, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, enfatizó que el fallecimiento del militar venezolano es un recordatorio de las “deplorables y peligrosas condiciones que los presos políticos enfrentan bajo custodia del gobierno de Maduro”.

Pero algunos activistas venezolanos consideran que la situación es mucho más perversa que la simple desidia gubernamental ante los riesgos de salud que enfrentan los presos políticos dentro de las prisiones del gobierno por causa de la pandemia.

“El COVID está siendo utilizado como pretexto para terminar de asesinar a los presos políticos”, advirtió desde Perú el activista venezolano Villca Fernández, quien pasó dos años en el Helicoide, la temida prisión controlada por el Sebin, la policía secreta de Maduro.

“El asesinato de los presos políticos es hoy una política de Estado”, dijo Fernández, al advertir que el aparato represor del régimen hace uso de las enfermedades para deshacerse de individuos que considera de alto peligro. “Es una práctica común enfermar a los prisioneros, yo lo viví. Te enferman o si llegas enfermo, te generan las condiciones necesarias para que empeores hasta perder la vida”.

Fernández dijo que Baduel representaba un peligro para Maduro, incluso estando encarcelado, porque sabía muchos secretos del gobierno al haber acompañado al fallecido Hugo Chávez al inicio de la denominada Revolución Bolivariana.

Baduel, de 66 años, fue un fiel aliado de Hugo Chávez y jugó un papel clave en conseguir que el entonces presidente retornara a la presidencia después del breve golpe de estado del 2002. Fue después su ministro de Defensa en el 2006 y 2007, pero luego rompió con él y terminó acusando a Chávez de querer destruir la democracia para instaurar un régimen marxista de corte cubano. Fue acusado de corrupción y encarcelado poco después.

La muerte de Baduel reanudó los temores sobre la seguridad de otros presos políticos, la mayoría de los cuales se encuentran encarcelados bajo insalubres condiciones y con escaso acceso a la asistencia médica.

“Estamos bastante preocupados. Ya el régimen lleva diez presos políticos muertos bajo su custodia”, dijo Keyla Flores, esposa del Teniente Coronel de la aviación Ruperto Molina, quien se encuentra encarcelado y es acusado por el gobierno de conspiración.

“Mi esposo requiere en este momento de una cirugía en la mano porque quedó lesionado a raíz de las torturas, aparte de eso él sufre de los riñones y la alimentación que él está recibiendo no es la adecuada”, dijo Flores desde Caracas.

Molly De La Sotta, hermana del también encarcelado Capitán De Navío, Luis De La Sotta, reiteró que los prisioneros políticos no están recibiendo un adecuado cuidado médico y están totalmente indefensos ante el coronavirus, mientras que sus familiares no tienen a quien acudir.

“No tenemos a nadie y estamos cada vez más solos”, dijo De La Sotta al criticar la falta de acción por parte de los organismos multilaterales, incluyendo a la oficina en Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

“¿Qué podemos esperar? ¿Que mañana me entreguen a mi hermano en una bolsa negra? ¿O que no me lo entreguen y me digan, se murió de COVID y ya, salimos de esto? Eso es lo que está sucediendo con la familia de más de 100 militares que son los más torturados y son los más asediados”, añadió De La Sotta.

El gobierno venezolano anuncia que más de 388,743 personas han sido contagiadas desde que empezó la pandemia, pero integrantes de la comunidad médica venezolana ha denunciado que las autoridades no están llevando un conteo adecuado y que el número de enfermos es mucho más alto. El país también registra una de las tasas de vacunación más bajas de la región.

El Nuevo Herald

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