SIP denuncia persecución contra periodistas venezolanos y bloqueo de medios

Las fuerzas represivas (policiales) de Venezuela «están a la caza de periodistas que cubren las noticias», especialmente las relacionadas con protestas, la covid-19 y los servicios, denunció este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

A esos periodistas, «los agreden físicamente y los despojan de sus cámaras y celulares», señala un informe presentado en la 77 Asamblea General de la SIP.

En el mismo, señalan que, en Venezuela, «operan muchos medios» en línea que son independientes y, «regularmente», son «bloqueados por instrucciones del poder Ejecutivo a las compañías telefónicas».

«A estos medios y los pocos que quedan en el país se les hace bastante difícil realizar su trabajo debido a la persecución permanente a sus periodistas», añaden.

Al respecto, mencionaron un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en el que reportaron que, en el primer mandato presidencial de Nicolás Maduro (2013-2018), desaparecieron 115 medios de comunicación.

En este sentido, subrayan que más del 60 % de la población «se entera de alguna noticia a través del canal oficial» del Estado y «no hay medios independientes ni de televisión ni de radio».

«Los que existen son oficiales o están autocensurados. Los periódicos y las revistas no tienen acceso a poder imprimir libremente, ante la falta de acceso al papel», agregan.

Sobre internet, advierten que «pasa por bloqueos discrecionales» o existe un «acceso muy limitado», lo que llevó a Venezuela a ocupar «el último lugar» en calidad de conexión a internet en América Latina.

«La situación de los medios es catastrófica, casi cumpliéndose la promesa del Plan de la Patria de la hegemonía comunicacional (del Gobierno), similar al modelo cubano», apostillan.

A lo largo de este año, consideran que «el evento más destacado fue la toma de las instalaciones» del diario El Nacional por los cuerpos de seguridad del Estado. «Con base en el juicio de difamación contra El Nacional introducido por (el número dos del chavismo) Diosdado Cabello, el Tribunal Supremo de Justicia condenó al periódico a pagarle 13 millones de dólares» por la difusión de una noticia, recuerdan.

La noticia, «que involucra a Cabello con actividades ilícitas», fue publicada inicialmente «en el diario español ABC y el diario norteamericano The Wall Street Journal», pero posteriormente «fue reproducida por más de 80 medios y las principales agencias internacionales».

«En virtud de esa sentencia y sin ningún tipo de procedimiento legal, el Ejército tomó el edificio del diario sacando a quienes estaban en el lugar, incluyendo a quienes tenían espacios alquilados. Desde entonces, el Ejército ocupa las instalaciones sin ninguna orden judicial que lo respalde», sostienen.

Entre las «principales agresiones contra periodistas y medios», destacan que, el pasado 15 de abril, el SNTP denunció que funcionarios vinculados a la gobernación del céntrico estado Aragua hostigaron a la periodista Gregoria Díaz, corresponsal del portal Crónica Uno y delegada voluntaria de ese sindicato «por una nota sobre la escasez de camas para pacientes con Covid-19».

El 28 de mayo, el periodista Martí Hurtado «estuvo desaparecido por más de 12 horas, luego de que un cuerpo policial sin identificación allanara su casa» en el municipio de Punto Fijo, en el costero estado Falcón.

Ese mismo mes, en Lara, las periodistas Naikarys Cordero y Eliagnis Mora, así como el fotógrafo Dani Sosa, del diario El Informador, «fueron amedrentados por presuntos funcionarios» de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía «que no portaban uniformes» y les obligaron a borrar el material que habían grabado.

También a principios de octubre, «sujetos que vestían uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, y a bordo de motos, asaltaron y le dispararon al reportero gráfico Ronald Enrique Peña, del portal El Pitazo, en Caracas. No resultó herido, pero le robaron su moto, documentos y el teléfono».

Creada en 1943 en La Habana (Cuba) y con sede en Miami (EEUU), la SIP agrupa a propietarios, editores y directores de medios de comunicación, principalmente de prensa escrita, de América, que representan a más de 1.300 publicaciones con una circulación de 43 millones de ejemplares en papel y un número creciente de lectores por internet. Su principal objetivo es la libertad de prensa.

Maduradas.

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