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Denuncias sobre plan para defensa democrática activan otra alerta

El economista Francisco Rodríguez pide investigar el uso de recursos públicos para financiar movimientos políticos de oposición. Por su parte, el presidente de la junta ad hoc del BCV,  Manuel Rodríguez, dijo que aprueban recursos, pero no son responsables de su ejecución


El Fondo para la Liberación de Venezuela del gobierno interino y, como parte de este plan, el proyecto para la Defensa de la Democracia, son blanco de una nueva denuncia sobre falta de transparencia o manejos opacos.

Los señalamientos fueron hechos, a principios de noviembre, por el economista Francisco Rodríguez, exasesor en la campaña presidencial de Henri Falcón.  Rodríguez refirió que, de acuerdo con datos publicados por la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), el gobierno interino gastó, hasta el 5 de noviembre, $121,9 millones con cargo al Fondo para la Liberación de Venezuela.

«Solo en septiembre se desembolsaron $1,9 millones para Presidencia, $3,6 millones para Cancillería, y $4,6 millones para la Asamblea Nacional (AN) de 2015», dijo el economista en Twitter.

Pero, además, Rodríguez, director del centro de pensamiento Oil for Venezuela, puso el visor sobre el proyecto Defensa de la Democracia, que está dentro del Fondo para la Liberación de Venezuela.

A su juicio, «es preocupante que conseguimos una partida en la que se han gastado 17 millones de dólares en el fondo destinado a activistas que respaldan al gobierno interino«. La información señalada por el economista fue extraída del reporte de la página web de la Junta directiva ad hoc del BCV.

«Ya hemos condenado el uso de los recursos públicos por parte de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero lo que conseguimos acá es que se están utilizando recursos públicos para financiar movimientos políticos de oposición, y en plena campaña electoral. Esto tiene que parar. Esto tiene que investigarse y esto tiene que condenarse», expresó Francisco Rodríguez el 5 de noviembre, en entrevista con Chuo Torrealba.

Rodríguez también fustigó: «Negaron los programas de asistencia que propusimos para ayudar a solucionar la crisis humanitaria. Pero lo que vemos es que se han financiado activistas políticos y burocracia».

Asimismo, el economista esgrimió que no solo son necesarias cuentas transparentes, además se requiere una toma de responsabilidades. «Si se llega a probar que existe una violación por corrupción de las leyes y la transferencia de recursos se hizo desde una cuenta en Estados Unidos, se está violando la ley de Estados Unidos», advirtió.

El 21 de julio de este año, durante su rendición de cuentas ante la Comisión Delegada de la AN de 2015, el comisionado presidencial para el Desarrollo Económico y coordinador del Consejo de Administración del Gasto del Gobierno Interino, Alejandro Plaz, señaló que «a través del proyecto Defensa de la Democracia logramos pagarles tres mensualidades durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 a 16.209 activistas sociales dispersados en todo el país».

Expresó que se trata de «líderes sociales que están apoyando en la educación, formación y activación de los venezolanos para la recuperación de la democracia». Plaz indicó entonces que se destinaron 4.7 millones de dólares para la defensa de la democracia, al tiempo que se hicieron 48.627 pagos.

El funcionario de Guaidó fue requerido por TalCual para esta nota, pero no respondió.

Durante su exposición de julio, Plaz dijo que, en 2020, 18.8 millones de dólares se destinaron para el programa Héroes de la Salud; 14 millones de dólares para ayuda humanitaria (mediante la Organización Panamericana de La Salud (OPS) y la Cruz Roja para apoyar el combate contra el covid-19); y $8.500.000 millones para gastos de la AN de 2015.

También, según Plaz, se dispusieron 4.6 millones de dólares para «asuntos exteriores» (entre ellos  mantenimiento de embajadas y representaciones diplomáticas); $3.700.000 para la atención de casos de riesgo vital, tres millones para el Consejo de Administración del Gasto; además de 700.000 dólares para la oficina de la presidencia interina y $400.000 para oficina del contralor especial.

El 4 de marzo de 2020, la AN aprobó crear el Consejo de Administración del Gasto, una instancia que está incluida en la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital como órgano de control y ejecución de los recursos autorizados. En la sesión de ese día, los diputados aprobaron por unanimidad la escogencia de Alejandro Plaz como comisionado.

El 22 de abril de este año, la Comisión Delegada, órgano mediante el cual funciona la Asamblea Nacional de 2015 desde enero de 2021, aprobó 23 millones 496 mil 400 dólares para el programa Defensa de la Democracia. Asimismo, para el Fondo de Liberación se destinaron 152 millones 330 mil 533 dólares americanos; «recuperados y protegidos en el exterior de la dictadura de Nicolás Maduro para destinar 100 millones de dólares americanos a la adquisición urgente de vacunas por el covid-19».

Para efectos de esta nota también se procuró hablar con algunos dirigentes políticos y diputados de la AN quienes se excusaron de ofrecer información o de emitir opinión «por estar al margen del manejo de activos».

En pro de la defensa democrática

Manuel Rodríguez, presidente de la Junta directiva ad hoc del BCV, dijo que el Fondo para la Liberación de Venezuela y el Proyecto de Defensa de la Democracia, se enmarcan dentro de la Ley de Liberación para la Democracia y el reglamento aprobados por la AN de 2015.

«Cuando otorgamos el préstamo, una de las partes del contrato es que no somos responsables de la utilización de los recursos, pero consideramos importante, y por transparencia, comunicar cada vez que hay una salida de fondos, si son de las reservas, de una forma pública. Los que tienen que explicar lo que hay de forma directa en esas partidas son quienes la ejecutan», puntualizó el presidente de la Junta ad hoc del BCV.

En entrevista telefónica con TalCual, Rodríguez añadió que uno de los caminos por los que han optado por la transparencia ha sido publicar las órdenes que han sido procesadas por el Banco Central ad hoc.  «Se creó una página porque nosotros lo que somos es custodios de las reservas internacionales que han sido recuperadas. En ese mismo orden, acompañamos el financiamiento al gobierno interino enmarcado dentro de la Ley del BCV y lo que dice la Constitución», explicó.

«Ahora, el uso exacto de a quién se lo dieron y lo que hicieron, no está en nuestra área y lo desconocemos», puntualizó.

Manuel Rodríguez asumió la presidencia de la Junta ad hoc del BCV en agosto de 2020, tras la renuncia de Ricardo Villasmil.  En julio del mismo año, el fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, ordenó la detención de cinco miembros de la junta ad hoc del BCV por «traición a la patria», luego de la decisión del Tribunal Superior británico de que accedieran a las reservas de oro del país en el Banco de Inglaterra. La orden incluyó a Villasmil y a Manuel Rodríguez.

 

El funcionario dijo que, tras el informe de Transparencia Venezuela sobre la opacidad del gobierno interino, en octubre de este año, en la página del BCV se incluyó una nota con el detalle de todas las operaciones que fueron otorgadas.

«La Junta Administradora ad hoc del BCV presentó información sobre la administración y custodia de fondos del país en el extranjero, los montos de préstamos para el Fondo de Litigios y el Fondo de Liberación del Pueblo, y desembolsos de gastos legales del BCV. Sin embargo, no se explican las diferencias entre los montos acordados y los efectivamente ejecutados”, destacó Transparencia Venezuela.

Sobre esto, el presidente de la Junta ad hoc del BCV enfatizó que es un órgano autónomo y no político. En la página hay dos apartados relativos al uso de los fondos: 1. Pagos por servicios profesionales de abogados en atención de activos en el exterior a ser protegidos y trámites de licencias ante la OFAC  2. Desembolsos realizados por préstamo a la república en el marco de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela.

A principios de octubre, en medio de las denuncias y las declaraciones en las que se cuestiona la gestión de activos (entre ellas las formuladas por dirigentes de Primero Justicia), el gobierno pidió remitir las denuncias de corrupción, en la gestión de activos de la república y de las empresas en el exterior, a la Contraloría Especial o a la Comisión de Contraloría de la AN de 2015. La solicitud fue hecha a través del Consejo de Defensa Judicial.

En ese sentido, el Consejo expuso que la formulación de denuncias por los canales regulares permitirá salvaguardar los activos y «no arrojará sombras de sospecha que, por la generalidad de las insinuaciones, comprometen la imagen, honorabilidad y credibilidad de los hombres y mujeres que forman parte de la administración del gobierno interino, en función de un compromiso histórico por el rescate de la constitucionalidad, la libertad y la democracia del pueblo venezolano».

Lea también: ¿Los escándalos por presunta corrupción podrían derrumbar al interinato de Guaidó?

 

 



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Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2021-11-15 10:30:41
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