#España | La inmersión en catalán se cae a pedazos

En un goteo incesante, sin prisa pero sin pausa, los tribunales catalanes están estimando todas y cada una de las solicitudes que las familias están presentando en los juzgados para que los centros educativos de sus hijos impartan al menos el 25% de las clases en español, incluida una asignatura troncal aparte de la materia de lengua española. Ya son una decena los colegios catalanes que, gracias a asociaciones civiles como la Asamblea por una Escuela Bilingüe y al coraje de algunas familias, se van a ver obligados a impartir el 25% en castellano.

El Tribunal Constitucional, en dos sentencias STC 6/1982 y STC 31/2010, ya había dejado meridianamente claro que el castellano y el catalán eran las dos lenguas vehiculares de enseñanza. Posteriormente, el Tribunal Constitucional (STC 165/2013) prohibiría las «medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de las lenguas oficiales».

A continuación, el Tribunal Supremo, en dos sentencias STS 2548/2014, de 23 de abril de 2015 y en STS 2549/2014, de 28 de abril de 2015, sentaba jurisprudencia en relación a esta proporción razonable de presencia del castellano en el sistema educativo de las comunidades autónomas con lengua cooficial, fijándola en un mínimo del 25%:

«La presencia mínima del castellano como lengua vehicular (en el curso y clase en los que el alumno sigue sus estudios) debe fijarse en un veinticinco por ciento de las horas efectivamente lectivas», porcentaje en el que habrán de comprenderse no solo la asignatura de lengua castellana sino “cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga».

Asimismo, el Tribunal Supremo, en las dos sentencias mencionadas, atribuye a las comunidades autónomas la competencia para determinar esta proporción razonable en lengua castellana y en la lengua cooficial autonómica. Desde entonces, sin embargo, el consejero balear de Educación, Martí March, ha hecho caso omiso a toda esta jurisprudencia que le obligaba a dar instrucciones a los centros educativos para que incluyeran en sus proyectos lingüísticos de centro la vehicularidad de la lengua castellana y al menos este 25% del horario lectivo en el idioma oficial del Estado.

Algún temor debía tener Martí March cuando en el primer anteproyecto de ley educativa balear que presentó hace dos años sí incluía el castellano como lengua vehicular pero sin especificar cómo se cuantificaría esta vehicularidad. March era perfectamente consciente de que estaba en la cuerda floja si alguna familia de Baleares se atrevía a presentar toda esta jurisprudencia en los juzgados y exigía su cumplimiento. Con todo, era improbable, debía pensar, que existiera una familia así dado el grado de acoquinamiento de las familias baleares a enfrentarse al todopoderoso sistema monolingüe imperante. Además, la revolución de las camisetas verdes y el consenso generalizado de su brutal impacto en los resultados electorales de 2015, con José Ramón Bauzá cayendo casi 20 puntos, había dejado zanjado de una vez por todas quién mandaba de verdad en la enseñanza balear. ¡Ay de quien volviera a discutir la inmersión monolingüe!

Pese a no tenerlas todas consigo con la espada de Damocles de las cristalinas sentencias del Constitucional y del Supremo siempre presente, March debía pensar que a fin de cuentas no era descabellado seguir fiándolo todo a las habituales prácticas de los fascistas lingüísticos que pueblan la enseñanza balear -señalamientos, linchamientos, hacerles el vacío a los niños- para que ninguna familia en su sano juicio se atreviera a exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Entretanto, durante el período de tramitación de alegaciones, la condición del español como lengua vehicular se esfumaba del anteproyecto de la ley educativa balear.

Cuando hace unos meses se filtró a la prensa local que March podría estar negociando con PP y Cs la incorporación en la ley de un mínimo del 25% en español, el separatismo se lanzó a su yugular, amenazándole con multitudinarias manifestaciones, como si por el hecho de conseguir una vez en la vida el milagro de sacar a 50.000 personas a la calle lo pudiera conseguir cada vez que se lo propone. Desde entonces el catalanismo, aferrándose a la efeméride de la revuelta de las camisetas verdes, ha dejado de esgrimir el derecho, la razón, la lógica o el sentido común como fuentes primordiales de un Estado de Derecho: sólo esgrimen amenazantes su poder de convocatoria en la calle. Els carrers seran sempre nostres!

Armengol, por su parte, anda descolocada afirmando que “la jurisprudencia no es una fuente de derecho” y sandeces similares para no aplicar el 25% de español en las aulas. No se siente concernida por el desmoronamiento del sistema de inmersión en su venerada Cataluña porque dice que “Baleares no es Cataluña” cuando no desea otra cosa. La de Inca cree que Baleares va a resistir mejor la ofensiva “ñorda y españolista” de los tribunales cuando Baleares, a diferencia de Cataluña, ni siquiera tiene blindado por ley el sistema de inmersión. Lo que existe aquí es una inmersión de facto sustentada por un falso consenso que, sin contar con nadie más, sólo concierne a una “comunidad educativa” cada vez más endogámica. Y apuntalada por el terror que inspiran las falanges catalanistas incrustadas en la consejería, los claustros, las ampas, las juntas directivas, un cuerpo de inspección inoperante que prefiere mirar para otro lado y una alta autoridad educativa que no sirve para nada. A la vista de lo que está sucediendo en Cataluña, blindar la inmersión obligatoria deprisa y corriendo con la ley March tampoco va a salvarles de la acción de la Justicia. La inmersión obligatoria tiene los días contados.

Martí March tiene ahora una magnífica oportunidad con el proyecto de ley educativa que se va empezar a debatir en breve en sede parlamentaria. Si quiere pasar a la historia por dar nombre a una ley educativa balear con posibilidades de permanencia no le queda otra que incluir el 25% de español. Si hace lo contrario para satisfacer a los insaciables separatistas, su ley March va a ser más pronto que tarde cercenada por el Tribunal Constitucional, va a dejar en una posición muy delicada a los directores responsables de redactar y modificar los proyectos lingüísticos de centro y va a dejar cuando se jubile un caos morrocotudo en la enseñanza balear tras haberla situado en abierta rebelión contra nuestro Estado de Derecho.

Señor March: tenga por seguro que, por mucho que les baile el agua a los separatistas, su postrera humillación ante la opinión pública no le va a impedir perder en última instancia el reconocimiento de los separatistas a quienes, como sabe, sólo les importa por su condición de felpudo. En política nadie, y menos los separatistas, suele respetar a un perdedor.

Por: Ok Diario
Autor: Joan Font Rosselló
Fecha de publicación: 2022-01-07 08:20:47
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