Ex Consultor CNE «Se debería aprobar Resolución con carácter temporal para hacer expedito Referendo Revocatorio»

En consecuencia, concluyo mi opinión, recomendando, para su mayor efectividad y ejecución del referéndum revocatorio del Presidente, que el Organismo, atendiendo al contenido del  artículo 62 constitucional, sin ánimo de desestimar cualquier otra opinión al respecto, se debería aprobar una Resolución con carácter temporal para llevar a efecto la ejecución referendaria, que sea la más expedita para regir el referendo revocatorio presidencial, pues se trata en este caso en concreto, de una circunscripción nacional y no circuital, que permita facilitar su cabal ejecución.

A continuación la opinión de Dr. Céliz Ramón Mendoza , ex consultor jurpidico del CNE:

OPINION PARA REGULAR EL REFERENDO REVOCATORIO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CIUDADANO NICOLAS MADURO MOROS.

Nuestra Constitución y las leyes electorales establecen, sin lugar a dudas, la competencia que tiene asignada el CNE para reglamentar las leyes  electorales y de referendum, concretamente, en su artículo 293 numeral primero, igualmente esta competencia se encuentra establecida y muy bien definida en el artículo 33 numeral 29 de la Ley  Orgánica del Poder Electoral, lo que equivale decir, que, del contenido de ambas normativas, se desprende una potestad inquebrantable, que no permite una interpretación extensiva que le asigne al organismo comicial una competencia facultativa distinta para la aprobación de un Reglamento que no tenga su origen en las referidas leyes, es decir, que no tenga una fuente legal en la materia electoral o referendaria.

El artículo 293, numeral primero establece:

“Reglamentar as leyes electorales y resolver dudas y vacíos que éstas  susciten o contengan” 

El artículo 33, numeral 29 establece:

“Reglamentar las leyes electorales y de referendos”.

Obsérvese, que las únicas leyes electorales son las referidas a la Ley ORGANICA DEL PODER EL ECTORAL y LA LEY ORGANICA DE LOS PROCESOS ELECTORALES, y no otra, de manera que, en materia de referendum, no existe una ley que la regule, existe un vacío legal en este tema, razón por la cual, el organismo no debe ni puede hacer uso de una interpretación extensiva para reglamentar una ley inexistente, puesto que estaria legislando.

Los REGLAMENTOS se caracterizan por ser de ejecución directa de la ley, los cuales permiten su desarrollo, espíritu, propósito y razón de ser, para hacer más efectiva  y ejecutiva su aplicación y alcance. Sin embargo, existen los llamados Reglamentos Autónomos para resolver algunas situaciones no previstas, que le permita al órgano de que se trate, ejecutar actos administrativos de cualquier índole no establecidas  en las leyes respectivas, siempre que ese organismo en cuestión, esté debidamente facultado por la Constitución o la ley para ello. En el presente caso, de las referidas normativas no se desprende esta competencia al CNE, en virtud, que estas normativas son categóricas e imperativas, al indicar: Reglamentar sólo las leyes electorales y de referendum”, lo que equivale decir, que no se puede reglamentar normas no previstas en las leyes ya indicadas. Distinto seria en  el supuesto que   de la normativa constitucional le  indicara y cualquiera otra no previstas en la respectivas leyes.

Ahora bien, el referido artículo constitucional establece que el CNE, como órgano rector del Poder Electoral, podrá resolver las dudas y vacíos que estas suscitan o contengan, ello no significa que les permita resolver situaciones no contempladas en las leyes electorales, puesto que, de la interpretación restrictiva de su texto, se desprende que se refiere exclusivamente a leyes electorales y no a otras distintas, e incluso las referidas a la materia referendaria si no existe la ley respectiva. En materia referendaria, la Asamblea Nacional se encuentra en mora, dado que, desde la vigencia de nuestra Constitución, así como de las referidas leyes, no se ha aprobado la ley que rijan los procesos referendarios, este vacío ha obligado al organismo a improvisar e incurrir en un exceso de competencias para poder normar esta actividad, mediante un Reglamento, sin  tener una fuente legal y sin una competencia para dictar un Reglamento Autónomo, hecho este que se hace contrario a las disposiciones legales y constitucionales ya indicadas, en virtud que, de su contenido, no se desprende el verdadero espíritu del constituyente, por el cumplimiento de los actos que implican los procedimientos necesarios para su ejecución, tales como: la aprobación previa para la recolección de firmas de los grupos solicitantes, y luego, lo correspondiente para la aprobación definitiva del Referendum, es decir, es un procedimiento engorroso que, al final, pone en tela de juicio la efectividad de las firmas recolectadas, tales como el argumento descalificante de las firmas planas, dobles firmas, etc, etc. Con ello no se atiende a lo indicado en el artículo 62 de la Constitución de la República, que establece:

«Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública, es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad, facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

La referida normativa precisa la obligación al organismo de velar por su cumplimiento, y establecer las condiciones necesarias y justas para facilitar a los electores su derecho a participar libremente en el ejercicio de sus derechos constitucionales, como es el derecho de la participación, contenido en su artículo 70 esjudem. Condiciones estas que deberán ser aplicadas al igual o parecidas a las de la inscripción de los ciudadanos en el Registro Electoral, es decir, ante el funcionario competente para ello, el cual, por su condición debe dar fe pública de las firmas, objetos de la solicitud, o cualquier otro procedimiento que destaque la veracidad de las mismas, y no como lo contempla el supuesto Reglamento dictado indebidamente por el organismo.

Si bien es cierto, que esta actividad debe ser ejecutada por mandato expreso de los artículos 72 de la Constitución, 293 numeral 5to., no lo es menos que el organismo, por ese mandato de la Constitución, debe suplir esta carencia de la normativa referendaria, puesto que, de lo contrario, estaría haciendo caso omiso a ese derecho ciudadano, convirtiendo a estos dispositivos en letra  muerta, como son los referidos artículos constitucionales (62, 70 y 72 ), por tanto, debe interpretarse que el organismo  comicial, en uso de sus atribuciones contenidas en el artículo 293, numeral 5to.  Constitucional, debe utilizar su competencia administrativa exclusiva por ser un órgano con autonomía funcional para organizar estos procesos y, ante la carencia de la ley que regule esta materia, deberá actuar en consecuencia, para ejecutar de manera directa estos principios constitucionales, vale decir, ejecución inmediata de la Constitución, como así también se desprende del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y, con ello, evitar que los mismos se hagan nugatorios y se les impida a los ciudadanos ejercer su derecho de participar y de sufragar, por tanto, podrá dictar los actos administrativos que permita darle viabilidad y desarrollo a este proceso referendario, sin incurrir en violación al principio de legalidad o de la reserva legal; podrá dictar una Resolución con carácter temporal, donde se contengan las normativas que van a regir la solicitud referendaria de que se trate, la cual tendrá vigencia hasta la culminación de ese proceso, desde luego, con el cronograma de actividad correspondiente, donde se contengan todos los actos que implique su desarrollo y ejecución.

Aunado al comentario anterior, conviene destacar, que, si bien es cierto que no existe una ley de referéndum, no obstante a ello, la ley Orgánica del Poder Electoral hace algunas referencias de esta institución, pero sin detallar su modalidad y desarrollo para su debida ejecución, simplemente lo indica como parte de la actividad que debe ejercer el máximo organismo comicial en esta materia, así se observa en los artículos 1ro. en su segundo aparte, artículo 33 numeral 29, artículo 46, artículo 54, artículo 55 parte in fine, artículo 66, numeral 2do. Sin embargo, para su implementación, se requiere la  ley de Referendum, donde se destaque toda la actividad que implica su debida  ejecución, porque no basta su simple señalamiento en la Constitución y en la  referida ley, y por tanto, no es motivo suficiente para proceder a su aplicación, insisto, mediante un Reglamento, en virtud que no tiene una fuente legal que permita su desarrollo, para su cabal ejecución, como así lo exige el referido artículo 293, constucional y 33, numeral 29 de la referida ley del poder electoral.

En consecuencia, concluyo mi opinión, recomendando, para su mayor efectividad y ejecución del referéndum revocatorio del Presidente, que el Organismo, atendiendo al contenido del  artículo 62 constitucional, sin ánimo de desestimar cualquier otra opinión al respecto, se debería aprobar una Resolución con carácter temporal para llevar a efecto la ejecución referendaria, que sea la más expedita para regir el referendo revocatorio presidencial, pues se trata en este caso en concreto, de una circunscripción nacional y no circuital, que permita facilitar su cabal ejecución.

De esta manera, concluyo mi humilde opinión, no sin antes agradecer permitirme exponer mi punto de vista al respecto, así mismo, por lo significativo e importancia que representa el tema y por la carencia de la ley respectiva, se debe abrir un debate que pueda darle viabilidad a este derecho de participación en las condiciones más favorables para su debida ejecución; así mismo, respeto la opinión de los demás colegas y analistas sobre esta materia, quedando de ustedes dispuesto a cualquier otro comentario que se requiera.

Atentamente,

Dr. Céliz Ramón Mendoza

Ex Consultor Jurídico del CNE

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