recesión, deudas y éxodo laboral

Los trabajadores fueron las primeras víctimas de la política de expropiación del chavismo. Las esperanzas de una mejora laboral al ingresar a la nómina estatal y de ser parte en la toma de decisiones de las empresas, nunca se concretaron. Mientras, la soberanía alimentaria y el desarrollo de la economía endógena tampoco vieron luz con el «exprópiese» de Hugo Chávez que luego continuó Nicolás Maduro en menor medida  


Miles de empresas del sector privado fueron objeto de la política de expropiación del chavismo desde el año 2000. Los argumentos para justificar esta medida fueron el desarrollo de la economía interna no petrolera y la estabilidad laboral. Pero 22 años pasaron y decenas de compañías estatales cerraron sus puertas, el país recién sale de la recesión económica, ha sido demandado en tribunales arbitrales por grandes sumas de dinero, la importación de bienes aún supera con creces a las exportaciones, se observa un deterioro de los servicios públicos y ha ocurrido un éxodo laboral de grandes proporciones.

Entre las otras premisas utilizadas para llevar con fuerza el «exprópiese» de Hugo Chávez en Venezuela destacan la seguridad y soberanía agroalimentaria, así como el manejo de recursos estratégicos para dinamizar la economía interna. Pero sobre todo, el de otorgarle el manejo de las empresas a la «clase trabajadora».

En las últimas dos décadas el país se sumió en una recesión continua de seis años en la que se perdió entre 75% a 80% del tamaño de la economía, en una caída de la actividad petrolera de 2,5 millones de barriles diarios; de una producción cercana a cero de las empresas siderúrgicas y de aluminio, así como de mínimos históricos de la única empresa cementera que queda en pie.

A esto se suma, las 6,5 millones de hectáreas de tierras «rescatadas» por el gobierno de Chávez desde que se promulgó el Decreto-Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001. Luego se intervinieron 4.000 hectáreas más, consideradas por el gobierno como latifundios. Esta política trajo como consecuencia las invasiones ilegales y matanzas de reses en las fincas, y no llegó la tan ansiada «soberanía alimentaria» del chavismo puesto que aún hoy, el país depende de las importaciones.

Para el director del Consejo Nacional de Economía, Efraín Velásquez, es inquietante observar que después de estas decisiones gubernamentales, el país terminó sin crecimiento económico, sin mejoría ni bienestar social. «Esto lleva a la reflexión de que quizás este tipo de políticas no es las más apropiada para la sociedad y para el país en general. Lo que demuestra es que la actividad operativa de las empresas o el rol de los empresarios es importante, porque combinan los factores de producción como el capital, el trabajo, la tecnología  y la tierra para obtener un resultado. Eso implica un compromiso y dedicación que no todo el mundo lo tiene y ni lo puede hacer».

El economista agrega que cuando un país entra en esta dinámica en la cual el sector público quiere manejar diferentes sectores de la economía, al final implica una mayor presión para el Fisco que tiene que financiar a todas estas empresas.

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«Las necesidades de financiamiento del gobierno son cada vez mayores y, al no tenerlo, el Banco Central de Venezuela terminó poniendo el dinero. Cuando hablamos de la alta inflación, esto es consecuencia directa del tamaño del Estado. Cuando se expropia lo que se hace es que el sector público sea más grande. En consecuencia el BCV financia el gasto público y los problemas de la sociedad no solo se centra en la pérdida de empleo, sino también en la baja capacidad de compra debido a la inflación que vive», apuntó Velásquez.

El «exprópiese» del entonces presidente Chávez vino cargado de adquisiciones forzosas, decretos de utilidad pública e interés social, soberanía petrolera y estatización por fines estratégicos. Esto generó cientos de demandas en tribunales arbitrales internacionales. De acuerdo a un reciente informe de Cedice Libertad, el país ha sido demandado por 30.000 millones de dólares por expropiaciones, confiscaciones y violaciones a la propiedad privada de inversionistas extranjeros, amparados en tratados de protección de inversiones vigentes entre Venezuela y otros países.

«Inversionistas extranjeros han acudido a procedimientos de arbitraje para hacer valer sus derechos. Se tiene conocimiento de 57 procedimientos arbitrales en contra de Venezuela, de los cuales 47 se han tramitado ante el Ciadi (Banco Mundial) y 10 ante otros organismos. Hasta ahora sólo 23 han culminado con una decisión condenando a Venezuela a pagar una suma de dinero o mediante un acuerdo de pago entre las partes», destaca el informe de Cedice.

Según los cálculos de Ramón Escovar Alvarado, experto en arbitrajes y coautor de la investigación Deuda Externa Venezolana por Demandas Arbitrales, junto con Andrés Carrasquero y Mariana Campos, los montos que hasta los momentos Venezuela y Pdvsa han sido condenados a pagar a los acreedores arbitrales, así como los costos asociados a estos procedimientos asciende a $21.299 millones, lo cual representa alrededor del 14% de la deuda externa venezolana. «Sin embargo, ese monto no incluye las eventuales condenas que podrían ser determinadas por los tribunales arbitrales que aún están tramitando demandas contra Venezuela y Pdvsa».

Trabajadores incautos

Darle «poder y fuerza» al trabajador en la toma de decisiones en las empresas expropiadas y estatizadas, se convirtió en un principio, en aumentar la nómina laboral en más de dos millones de empleados, gracias a que el Estado contó con los ingresos de los llamados petrodólares.

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«Desde 2007 y hasta mediados de 2008, cuando el ritmo de las nacionalizaciones se aceleró, el Estado incorporó a su nómina casi 41.400 nuevos trabajadores, un aumento del 7,2% desde comienzos de 2007 y del 53,5% desde el inicio del gobierno de Chávez; en total, se incrementó el número de trabajadores en la nómina del Estado del 1,4 millones a 2,1 millones (…) El sector público se colmó de trabajadores, pero la productividad bajó», se indicó en el libro Un dragón en el trópico, de Michael Penfold y Javier Corrales.

En el período posterior el paro general de actividades de finales de 2002 y principios de 2003, muchas empresas presentaron retrasos en el pago de pasivos laborales, liquidaron a los trabajadores y cerraron sus puertas alegando quiebra. En algunos casos, los trabajadores organizados en cooperativas iniciaron procesos de reclamo y el Gobierno decidió expropiar las empresas para defender la estabilidad laboral. Por supuesto, ello provocó que aumentara considerablemente la nómina estatal de trabajadores, recordaron Anabella Abadi y Carlos García Soto en su libro Exprópiese. La política expropiatoria del «socialismo del siglo XXI».

Sin embargo, a pocos años de la política de expropiación, el despido llegó para aquellos trabajadores no afines al proyecto de la revolución bolivariana. «Las expropiaciones fueron, desde muy temprano, una herramienta clave de este proceso de control», afirmaron Abadi y García.

Hoy, millones de trabajadores han quedado sin empleo por el cierre de muchas de las empresas estatales, sus beneficios salariales mermaron, ya no cuentan con buenos salarios, comedores, economatos ni seguros médicos. Los que permanecieron en las compañías expropiadas decidieron luego hacer vida laboral en el mercado informal ya sea como vendedor u ofreciendo algún servicio, mientras que otros prefirieron ser parte de la migración venezolana que alcanza las 6 millones de personas.

Casi todas de estas expropiaciones ejecutadas en gran medida entre 2007 y 2010 fueron televisadas en cadena nacional en actos con trabajadores de las empresas privadas y en donde expresaban su alegría por la decisión tomada del chavismo. Pero hoy, sus caras muestran descontento y desaprobación.

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A juicio de Efraín Velásquez algunos veían la medida  como algo positivo para los trabajadores, pero una vez que los resultados no eran lo que inicialmente se esperaban, «los trabajadores comenzaron a sufrir con ese proceso y el país también, ya que se perdió actividad económica, demanda de trabajo y beneficio a la sociedad».

Al respecto, el representante sindical de los trabajadores petroleros, Iván Freites, afirmó que los «más perjudicados con la política de expropiación y estatización en Venezuela fueron los trabajadores y especialmente los del sector petrolero, ya que perdieron todos sus derechos laborales. Hasta el Fondo de Jubilación de Pdvsa fue expropiado». Recordó que el primer gran impacto laboral fue el empeoramiento del ingreso de los empleados de las empresas que fueron estatizadas y que luego ingresaron a la nómina de Petróleos de Venezuela.

«Cuando los trabajadores estaban en las empresas trasnacionales devengaban un sueldo mayor al que luego le comenzaron a pagar al ingresar a Pdvsa. Tenían beneficios como la de fondos de ahorro y de producción en dólares y que luego perdieron al entrar a la empresa estatal. Es decir, tenían un contrato colectivo distinto al de Pdvsa y en mejores condiciones», dijo.

Otra consecuencia en el sector fue la debacle de las empresas de servicio no solo en lo operativo, sino también en lo laboral. Freites resaltó que como consecuencia de la expropiación de estas compañías en el estado Zulia, se «quedó en la calle todo el personal, que afectó a más de 100.000 personas solo en la Costa Oriental del lago de Maracaibo. Allí se perdieron años de experiencia y las empresas quedaron quebradas, desvalijadas y destruidas».   

Faltan otras

Recientemente se conoció que el Sambil de La Candelaria fue devuelto a sus dueños: la familia Cohen. Este centro comercial fue expropiado en 2008 y luego de varios intentos, nunca tuvo una utilidad pública seria en manos del chavismo. Tras esta información, representantes de gremios empresariales en el país solicitaron que también sean revertidos los procesos de las miles de empresas que se expropiaron. Cifras de Cedice Libertad señala que en Venezuela se expropiaron, estatizaron, nacionalizaron y confiscaron unas 5.500 empresas.   

Entre los casos emblemáticos de expropiación tenemos, la de la firma británica Vesley Group y el Hato Piñero de la familia Branger, años después Agroisleña. Luego siguieron Lácteos Los Andes, la planta procesadora de arroz Cristal de Cargill Venezuela, Fama de América, Monaca, Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá C.A. (Fricapeca) y Frigorífico Industrial Barinas S.A. (Fribarsa).

Destacan los procesos contra Sidor y sus empresas filiales; la fábrica de tubería Helvesa, Venepal y la Constructora Nacional de Válvulas hoy Inveval; las cementeras Lafarge (francesa), Holcim (suiza) y Cemex (mexicana); la sucursal en Venezuela de la estadounidense Owens Illinois; las estaciones de servicio British Petroleum, Texaco, Trébol, Llanopetrol y Shell; los 11 taladros de Helmerich & Payne, y la toma de control de Pdvsa de 32 campos petroleros; así como la de las empresas metalúrgicas, Matesi, Comsigua, Orinoco Iron y Venprecar. El área de la minería no estuvo exenta, tras la expropiación de las minas de oro Las Cristinas que explotaba desde 2002 la empresa canadiense Crystallex.

También la empresa de telecomunicaciones Cantv y la Electricidad de Caracas ambas administradas por compañías norteamericanas. El chavismo también aumentó su rol de Estado-banquero al nacionalizar y estatizar del Banco de Venezuela, propiedad del grupo español Santander.

Pero este proceso no se detuvo en las empresas productivas. La frase de Chávez «Ven a mí que tengo flor» que esgrimía cada vez que anunciaba el inicio de uno de estos procesos, se extendió hacia otras áreas como la construcción (desarrollos habitacionales, edificios en el centro de Caracas caso La Francia), el comercio (Cadena Éxito) y el hotelero (Hilton).

Transparencia Venezuela señaló en su informe Empresas propiedad del Estado en Venezuela. Un modelo de control del Estado, que entre 2001 y 2017 el Estado pasó de ser propietario de 74 empresas públicas a 526, ya sea por vía de creación o expropiación. Resaltó que en ese entonces, el total actual de empresas estatales era cuatro veces el de Brasil (130) y diez veces el de Argentina (52). La ONG precisó recordar que, tanto en Brasil como en Argentina, el Estado atiende a una población sustancialmente mayor a la de Venezuela.

Al respecto, Abadi y García destacaron en su libro que a pesar de haber aumentado la participación del Estado en la economía venezolana, esto no se tradujo en aportes efectivos. «Mientras que el número de empresas en manos estatales se multiplicó por poco más de 7 entre 2001 y 2017, el PIB público se multiplicó por apenas 1,5 entre 2001 y 2015″.

Incluso —explicaron— el sector público siguió aportando menos a la economía que el sector privado, en términos relativos: la data del Banco Central de Venezuela refleja que el Producto Interno Bruto estatal pasó de representar 33% del total en 2001 a 38% en 2015.

El fracaso del chavismo de impulsar el país a través de este control de la economía, es un tema del cual pocos hablan en el alto gobierno, aunque algunas voces se han dejado escuchar, como la del dirigente del Psuv y ahora gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, que en el año 2016 admitió que «la política de expropiación fue un error». 

Efraín Velásquez destaca que si el país quiere vivir en un ambiente de crecimiento económico y estabilidad de precios, es primordial atender el tema del tamaño del Estado. «Hasta que no nos convenzamos de que el sector público no puede ocuparse de todo, de cemento, de cabilla, de vivienda, ser banquero, etcétera, eso implica que el tamaño del Estado tiene que ser de tal manera que sea autofinanciable, es decir, debe ser de más pequeño».



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Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2022-04-15 06:00:26
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