Orientar «planes de vida» de bachilleres es una vieja aspiración

La idea de que los bachilleres deben estudiar una carrera «útil» según el territorio donde viven y que además esté alineada con los planes que el Gobierno plantea según el proyecto de turno es una persistente y vieja aspiración que se ha impulsado desde los despachos educativos


En la recta final del período escolar 2021-2022, la ministra de Educación Yelitze Santaella explicaba cómo se llevará a cabo el proceso del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) para las universidades, que este año recibirá a 380.826 bachilleres egresados de unos siete mil planteles educativos en el país.

Durante una entrevista realizada el jueves 5 de mayo en el canal del Estado, Venezolana de Televisión, Santaella dijo que están trabajando conjuntamente con el despacho de Educación Universitaria para desarrollar «charlas motivacionales» dirigidas a los alumnos de cuarto y quinto año de bachillerato y cursantes de los últimos años de educación técnica con el objetivo de que «desde ya puedan tener definido su plan de vida», es decir, la carrera que van a cursar en la universidad.

«Ya arrancamos con equipos tanto de profesores universitarios como profesores de básica, media y técnica en los 24 territorios, incluida Caracas. Es muy importante para un joven seleccionar su carrera, su proyecto de vida y estas charlas las estamos haciendo a nivel de los territorios porque le estamos dando un peso muy importante a la territorialidad», dijo la ministra de Educación.

*Lea también: Santaella dijo que buscan orientar «plan de vida» de bachilleres para elegir carreras

No es la primera vez que los titulares de educación buscan orientar la decisión vocacional en función de los planes de desarrollo de turno que plantea el Gobierno. En una época se basaban en el Plan de la Patria, luego en la Agenda Económica Bolivariana y ahora en los denominados motores productivos.

En la entrevista que enmarca el proceso de registro para el SNI que se extenderá hasta el 22 de junio, Santaella insistió que con estas charlas se puede tener «identificados» a los jóvenes para poderlos «orientar», de acuerdo a sus habilidades y destrezas y a la carrera que le es más afín, «en especial si es una de las 174 que son priorizadas por el Estado debido a su vinculación con los motores productivos económicos impulsados desde el Ejecutivo».

El dilema de la inclusión

El planteamiento es una vieja y persistente aspiración del Gobierno nacional que se asomó en 2014, se puso en práctica en 2015 y entró en plena vigencia en 2016, bajo la gestión del entonces ministro Jorge Arreaza.

El entonces ministro para Educación Universitaria dijo, al iniciar el período académico 2016, que el presidente Nicolás Maduro había solicitado que todas las universidades y la Misión Sucre dieran prioridad a las carreras que se necesitan en el país. «No es que todo el mundo va a estar estudiando derecho, medicina y administración, que son la gran demanda. Necesitamos gente que sepa de agronomía, ingeniería, necesitamos gente que de verdad pueda colaborar en la profundización y expansión de cada uno de esos 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana», razón por la cual el Gobierno había dado más becas a estas carreras universitarias.

Las áreas priorizadas tenían relación en ese momento con los 15 motores estratégicos como el agroalimentario, farmacéutico, industrial, nuevas exportaciones, economía comunal, social y socialista.

En la teoría se trataba de redefinir una política nacional para aprovechar el potencial de cada región. Pero en la práctica fueron los primeros pasos para eliminar los mecanismos internos de ingreso que sostenían las universidades autónomas y que progresivamente la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) disminuyera las cuotas de asignación de cupos que correspondían a cada casa de estudio hasta que la OPSU y el Ministerio se quedaron con 100% de la asignación.

Los cambios que enfrentó el sistema de ingreso se centraron en los criterios de selección: la ponderación para el cálculo del índice académico fue 50% para las notas de bachillerato, 30% condiciones socioeconómicas, 15% territorialidad, y 5% otras variables como participación comunitaria. Esto significó en relación al método anterior que rigió desde 2008 hasta 2014, que se reducía en 47% la ponderación asignada al desempeño académico del aspirante.

En un análisis realizado en 2015 por los secretarios de las universidades Central de Venezuela, Los Andes, Zulia, Carabobo, Centroccidental Lisandro Alvarado y Simón Bolívar detectaron que el Ministerio en diciembre de 2014 modificó, sin consultar con las universidades, la primera parte de la metodología de asignación y desconocían «quiénes participaron en la elaboración ni cuáles fueron las consideraciones técnicas y académicas empleadas para la selección y ponderación de las variables del modelo».

Una de las principales observaciones a la metodología fue el factor de las condiciones socioeconómicas del aspirante, que ya se habían analizado en 2008 por una comisión designada por el CNU. «Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, ya que deformaba la asignación y hacía imposible verificar la información suministrada por los aspirantes”, rezaba el documento presentado en ese entonces por las autoridades universitarias.

El primer resultado fue que en el proceso de registro de 2015 hubo inconsistencias de todo tipo: por ejemplo, reclamos de aspirantes que tenían promedios muy altos de bachillerato (18 a 20 puntos) pero que no fueron asignados a ninguna de las seis opciones de carrera que habían solicitado.

PUPITRES UNIVERSIDAD profesores

Otras de las observaciones fue los altos niveles de predeserción, ya que aunque a los aspirantes se les asignaba un cupo a través del SNI, estos no se presentaban a formalizar la inscripción. Solo en la Universidad Simón Bolívar (USB) esta cifra llegó a 30% de los aspirantes asignados que nunca formalizaron su cupo para iniciar en el período 2016. El porcentaje habitual en esta universidad de aspirantes que no formalizaban inscripción llegaba apenas a 5%.

En un análisis hecho por la USB, se encontró que en la lista de asignados había 267 de un total de 2.042 asignados (13%) que tenían una ponderación superior a 50% en las variables de territorialidad más condición socioeconómica y actividades comunitarias; sin embargo en la lista de espera de los 28.173 no asignados, solo 68 personas, es decir menos de 1%, contaban con la ponderación necesaria para considerar estas variables, y que finalmente fueron los grandes excluidos bajo este modelo de asignación que aún hoy es presentado por el Gobierno como «el verdadero modelo de inclusión para el pueblo».



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Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2022-05-08 14:00:12
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