Europeos protestan exigiendo devolución de propiedades invadidas

Ciudadanos de España, Portugal e Italia se apostaron en la sede de la Unión Europea (UE) para solicitar apoyo en su lucha para lograr la devolución de sus inmuebles. Estos, según denuncian, fueron invadidos por colectivos armados con complicidad del Gobierno de Nicolas Maduro. Los manifestantes destacaron que más del 25% de las víctimas de violaciones a la propiedad privada en Caracas son migrantes del lejano continente. Los activistas revelaron cómo el discurso xenofóbico está presente en los invasores y altos jerarcas del chavismo al justificar las tomas ilegales.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, calificó de política de Estado las invasiones a las propiedades de los migrantes europeos. Teniendo como ejemplo centenares de casos solo en Caracas, donde el argumento principal de los invasores a la hora de tomar los inmuebles es un discurso xenofóbico cargado resentimiento.

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“Dicen textualmente que este español o portugués tiene plata y por eso recuperamos esa propiedad para el pueblo. Pero la realidad es que le están robando el fruto de años de trabajo, brindando empleo y progreso al país”, dijo.

Invasión de propiedades a europeos

Rojas reveló que aproximadamente el 25% de las víctimas de invasiones o expropiaciones en Caracas son ciudadanos o descendientes de europeos. Siendo esto no una casualidad, sino una política de estado, donde el discurso de odio siempre está presente. Incluso en altos representantes del Gobierno de facto de Maduro.

“Los ataques a esta comunidad llegan al nivel de meter preso a un ciudadano italiano de nombre Lucio Camardella, quien protestaba exigiendo el desalojo de su local comercial  invadido por colectivos en Los Chaguaramos. Fue esposado y hasta le bajaron los pantalones en plena calle por funcionarios del Cicpc. “Este es uno de los muchos casos de migrantes violentados en su derecho humano a la propiedad”, expresó.

El también luchador social solicitó a la UE, y en específico al jefe de la delegación en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, que investiguen a profundidad los casos de invasiones a víctimas de nacionalidad europea y les brinden apoyo jurídico. Asimismo, desde el organismo eleven su voz en defensa del derecho humano a la propiedad privada. “Le pedimos que intercedan ante el Gobierno de facto de Maduro para que, como en el caso del Sambil Candelaria, se ejecute la devolución de inmuebles a sus legítimos propietarios”, indicó.

Relatos de expropiaciones

Antonio Dos Santos Peregil narró cómo perdió su restaurante ubicado en la esquina del Conde, en el edificio Bapgel, al lado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto fue por colectivos armados en el 2020.

“Yo estudié, trabajé, creé mi empresa y di empleo en este país. Luego de 20 años de trabajo viene un colectivo a decirme que tengo que salir de mi local porque el edificio está tomado. Ahora tengo 62 años y lo perdí todo. Yo cumplí mi convenio social con la nación, pagué impuestos, pagué Seniat, pagué Inces y seguro social. Resulta que tengo menos derechos que un antisocial que se roba la luz, el agua y el gas”, destacó el comerciante.

También dio su testimonio Fiorenzo Ianarella, propietario del edificio Beltrán en la Av. Fuerzas Armadas de la parroquia Santa Rosalía, invadido desde el 2009.

“Soy italiano naturalizado venezolano desde hace 40 años. Pero estoy siendo agredido con actos xenofóbicos tanto por los invasores como por las autoridades. Hemos recibido hasta intentos de homicidio por defender mi propiedad. Hoy solicitamos que la Unión Europea haga algo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nuestra ayuda”.

«Yo llegué a los 17 años a Venezuela»

“Yo llegué a los 17 años a Venezuela desde España sin un centavo y me iré de este país sin un centavo por culpa de los colectivos de Maduro”, sentenció Orencio Mariñas Lozada de 83 años de edad. Este perdió todos los bienes, materia prima, maquinaria, herramientas, etc. Todo esto al ser invadido el Edificio Padrón, en la parroquia San Pedro, donde se encontraba su empresa de confección de textiles, al igual que los otros tres comercios que allí laboraban.

Olga Gilá, Costarricense, propietaria de una residencia en la parroquia Altagracia fue incluso agredida por un grupo de invasores. Estos eran provenientes de cariaco e irrumpieron en el inmueble y se niegan a desalojar.

He acudido a la fiscalía, CICPC y otras autoridades y no he recibido ningún tipo de apoyo o respuesta. En vista del desamparo decidió ofrecerles en venta la propiedad a los invasores. Esto porque, a raíz de toda esta situación, sufrió un ACV. Sin embargo, los invasores se niegan totalmente a cualquier mediación. “Ya que ninguna autoridad nacional presta ninguna respuesta, hemos decidido acudir a instancias internacionales para buscar algún tipo de justicia”, declaró.

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  1. Fiorenzo Iannarella dice

    Los Organismos Públicos (PNB, GNB, CICPC, Fiscalía) están Confabulados con las INVASIONES y Juntas de Condominio adeptas a las comunas como nuestra Junta aun VIGENTE.

    De hecho este sector G3 de Altagracia, zona cercana a Miraflores es la más invadida de Venezuela, Ejemplo: Hotel Canaima enfrente, Hotel Turín, Edf. Don Joaquin/Textilera y 10 invasiones más a una cuadra del BETA.

    Con la finalidad de reclutar siempre más adeptos del Régimen, y hasta utilizando Colectivos Armados, las Juntas de Condominios manteniéndose siempre ligadas a las comunas, alientan impúdicamente a los Inquilinos contra los mismos Propietarios, induciéndoles Falsos Derechos como, ahora ellos son los dueños de la propiedad, y esto difiere de nuestra Constitución, que manifiesta claramente el Derecho a La Propiedad privada.

    Ej.: El Edificio KOISTER de la Administradora METRÓPOLIS de Judíos en la Av. Baralt fue invadida y ellos sacados. Sus Abogados-Administradores: Alfredo Bendayan Levy Obadía y por ende sus administrados como el Edf. “CORI” a solo 3 cuadras de mi casa en la Av. FFAA, los propietarios OMAR y LILY PEREZ de nacionalidad Española, sufren severas dificultades con los Invasores.

    Con desembolso de dinero a Invasores de Profesión, sancionan el LEGÍTIMO DERECHO a defender la Propiedad Privada dentro de sus propias instalaciones, introduciéndoles niños y hasta Mujeres embarazadas para sacarle ventaja al Propietario, y así arrestarlo con FALSA ACUSACIÓN, inculpándolo de ataque premeditado a un niño o una mujer embarazada.