Habitantes de Villa Upata en Puerto Ordaz claman atención

La comunidad que alberga a más de 200 familias, fue conformada por las asociaciones provivienda de 1998. El plan inicial para la ejecución del urbanismo fue que la gobernación del estado Bolívar se encargaría de los sectores 1 y 2, mientras que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ejecutaría los sectores 2 y 3.

Villa Upata Puerto Ordaz

Los habitantes destacan que la CVG fue la única que culminó el proyecto, pero la gobernación, no. Denunciaron que aún los sectores 1 y 4 no cuentan con asfaltado. A eso le suman las fallas en el sistema eléctrico, ya que ha sido atendido es a través de autogestión.

Rosas Guevara, vive desde hace más de 6 años en el sector, al igual que sus vecinos le hicieron un llamado a la gobernación “para que se aboque. Tenemos 2 sectores de los 4 que hay, que están en estado deplorable. Le falta luz, asfaltado, acera brocales”.

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A eso le suman la falta de “desmalezamiento de las poligonales entre UD 339 y Core 8, en Puerto Ordaz. Un sin fin de problemas son los que hay aquí. Allí la Gran Misión Vivienda dejó muchas  viviendas sin culminar y las dieron por culminadas. Así que el llamado es para los organismos competente que nos den respuestas a las asociaciones civiles provivienda UD 327 Villa Upata”.

Villa Upata Puerto Ordaz
Villa Upata Puerto Ordaz

Llamado a la CVG

Guevara, también extendió el llamado a la CVG para que procedan a entregar los documentos que corresponden a la compre y venta de los R3-R5, ya que según ellos pagaron lo correspondiente a las tierras en el 2004.

“Aún ellos tienen esa deudas con las asociaciones civiles, ya hemos  hecho varios  llamado de atención con las debidos comunicados; el último se llevó el 28 de abril y no lo aceptaron porque se estaba mudando la sede de bienes inmueble y nosotros tenemos todos los recibos de pago y cartas que en su debido momento se nos entregó”, sumó la habitante del urbanismo que está ubicado al final de la avenida Atlántico.

Entre otras de sus denuncias reclamaron el cobro excesivo por parte del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) a las asociaciones civiles para registrar las tierras, “el cobro es de 9 petros lo cual es equivalente a unos 500 dólares.  Nos parece sumamente costoso y difícil de costear”.

Otra problemática es la falta de transformadores. Los que están no son suficientes para la cantidad de familias que hacen vida en el sector que tiene más de 10 años constituidos.

Los afectados le extendieron un llamado a Corpoelec y a las autoridades competentes para que visiten el sector y escuchen sus necesidades.

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