Renuncia de Bachelet a la ONU pondría en la cuerda floja los acuerdos avanzados con Maduro

El memorando de entendimiento así como la instalación de una oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, son logros alcanzados durante la gestión de Michelle Bachelet y existe la duda sobre si se mantendrán o no durante la nueva gestión de quien resulte electo en agosto como el sucesor de la expresidenta de Chile


«Por razones personales», este fue el motivo que dio la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para anunciar que no aspira a la reelección del cargo.

La noticia se dio a conocer el pasado lunes 13 de junio durante la apertura de la 50° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se llevó a cabo en Ginebra.

Bachelet comenzó a dirigir esta oficina desde septiembre del 2018 y su mandato culmina el próximo 31 de agosto. Durante este anuncio, la exmandataria chilena explicó que retornará a su país: «Es hora de volver a Chile y a mi familia».

Esta noticia ha causado revuelo en la política chilena: se produce en momentos clave del proceso constituyente, a solo 12 semanas del plebiscito que definirá el destino de una nueva Constitución, el 4 de septiembre.

Ante esta noticia, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó palabras de agradecimiento a la gestión de la socialista chilena. «Rindo un homenaje a su incansable trabajo y dedicación como jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Estoy profundamente agradecido por su liderazgo excepcional y su fuerte compromiso con la realización de los derechos humanos para todos».

Asimismo, Bachelet publicó un tuit en el que aseguró que había hablado ante el Consejo de Derechos Humanos durante lo que fue su última sesión como Alta Comisionada. Ante su inminente salida pidió «a los Estados que trabajen juntos para solucionar desafíos en materia de derechos humanos».

Mucho se rumora que su decisión responde a las fuertes críticas que enfrentó tras su visita a China a finales del mes de mayo. Un viaje que el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó de «error», y advirtió que sería utilizado por Pekín con fines de propaganda.

Al término del mismo, el secretario de Estado, Antony Blinken, criticó que Bachelet no tuviera acceso a personas trasladadas forzosamente a lejanas regiones del país, separándolas de sus familias, particularmente de la minoría uigur.

Además, se conoció que durante la visita de Bachelet los cuerpos de seguridad del Estado alertaron a sus ciudadanos que no «debían quejarse o criticar abiertamente sus condiciones de vida».

El director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, calificó de «desastrosa» la gestión de Bachelet en China, y subrayó que debería sucederla en el cargo alguien «menos diplomático» y más crítico frente a los abusos.

Esas declaraciones de Roth se producían unos días antes de conocerse la renuncia de la expresidenta chilena a repetir mandato al frente del órgano de la ONU.

En medio de este escenario, Bachelet sale del Consejo de Derechos Humanos con varios logros para Venezuela: la instalación de una oficina y alcanzar con el régimen de Nicolás Maduro un memorándum de entendimiento.

Pero, si algo ha quedado claro es que esto solo fue posible gracias a los acuerdos y las buenas relaciones entre Maduro y Bachelet, por lo que se pone en duda si estos avances se mantendrán con quien llegue a suceder a la Alta Comisionada.

Alí Daniels director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, aseguró que este anuncio de Michelle Bachelet se da en el último minuto. «Esperó hasta la última hora para anunciarlo, porque el mandato se le acaba en el mes de agosto y estamos en junio».

Atribuyó esta decisión a su visita a China. «La Alta Comisionada se amoldó al discurso chino respecto a las denuncias gravísimas de persecución y de genocidio contra el pueblo uigur y, en ese sentido, quizás por eso haya dejado hasta el último momento esa decisión».

Bachelet y el caso Venezuela

Para el defensor de DDHH, en el caso venezolano, a pesar de las críticas que pudiesen tener algunos activistas sobre su desempeño —»el silencio que a veces tuvo en algunos temas, como, por ejemplo, la elección del Tribunal Supremo de Justicia por fraude constitucional»—, también se pudiese decir que durante su gestión Bachelet hizo referencia a graves violaciones a los derechos humanos en el país.

La tortura, la represión, el retardo procesal, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución y el amedrentamiento en contra de los defensores de derechos humanos han sido casos en los que Bachelet se pronunció sobre Venezuela.

En este contexto, Michelle Bachelet alcanzó dos acuerdos fundamentales con el Gobierno venezolano en pro de fortalecer los derechos humanos.

El 23 de septiembre del 2019 la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH y el Gobierno de Venezuela firmaron un Memorando de Entendimiento que establecía una base para un diálogo continuo y buscaba establecer una oficina de este organismo en el país.

De la misma forma, el acuerdo permitía el acceso a los oficiales de derechos humanos a los centros de detención y se les otorga libertad de movimiento a lo largo del país.

Este acuerdo se estableció con una duración anual y con renovación periódica. Asimismo, se logró establecer la oficina en el país.

Es por ello que el abogado Alí Daniels ve con preocupación la existencia futura de estos alcances, «porque la oficina existe en el país no porque es un convenio, que es lo que debió haber ocurrido —un convenio entre la oficina de la Alta Comisionada y el Gobierno venezolano— sino que lo que existe es un memorando de entendimiento, lo cual permitiría al Gobierno, en cualquier circunstancia, revocar la posibilidad de que exista la oficina; por eso nos preocupa».

«No queremos que el Gobierno utilice como excusa el que no va a estar Bachelet para cerrar esa oficina, y menos cuando el fiscal de la CPI señaló que iba a apoyarse en la oficina de la Alta Comisionada, por lo cual existen más bien razones para que esa oficina continúe», detalló.

Michelle Bachelet Karim Khan CPI DDHH ONU

El 16 de noviembre del 2021, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH Michelle Bachelet y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan sostuvieron una reunión en Suiza. Allí acordaron mantener de forma regular un intercambio de información y diálogo constantes.

Tanto la oficina de Bachelet como la del fiscal de la CPI han firmado memorandos de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro para conocer de primera mano la situación de derechos humanos en Venezuela, en especial por las reiteradas denuncias de graves violaciones cometidas por los organismos de seguridad.

En el caso de la Oficina de la Alta Comisionada, ese memorando se extiende a una misión en el terreno, mientras que el firmado por Karim Khan está orientado a cooperación en materia judicial.

Además, el pasado 3 de noviembre, durante la firma del memorando de entendimiento, el fiscal de la CPI anunció que esa instancia abrió formalmente una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela a partir de 2017, en el marco de manifestaciones antigubernamentales y operativos de seguridad.

¿Qué pasará?

El defensor Alí Daniels señaló que para saber qué pasará con esta oficina en Venezuela habrá que primero saber a quién se elige en agosto y esperar que con esa elección se ratifique el mantenimiento de la oficina aquí en Caracas, «porque digamos que es el legado más beneficioso que ha dejado la alta comisionada en Venezuela».

«Esa oficina tiene varias áreas de trabajo, una de ellas es la capacitación técnica para formar y asesorar al Gobierno en materia de respeto a los derechos humanos y, por otro lado, tienen mandato de informar al Consejo de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos», explicó.

La oficina ha recibido a lo largo de estos años a víctimas y denuncias de este tipo de situaciones que le han permitido, desde el terreno, informar cosas como lo dicho en la actualización oral en marzo pasado, sobre reformas introducidas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), por ejemplo, para disminuir la prisión preventiva, pero que en la práctica no se cumplen.

Ante esto, la Alta Comisionada denunció que tenía registro de al menos 22 casos donde personas habían cumplido el tiempo máximo de esa prisión preventiva y seguían en prisión. «Eso lo pueden hacer porque tienen personas aquí en el terreno que recogen la información y que se puede confirmar que el gobierno de Venezuela cambia las leyes, pero la justicia en Venezuela sigue igual de mala y terrible».

Para los defensores de los derechos humanos es vital que estas relaciones entre la Oficina de las Naciones Unidas de los DDHH y el régimen de Venezuela se mantengan, en pro de restituir el respeto a los derechos humanos, dar con los responsables y darles reparación a las víctimas.

*Lea también: Quiteria Franco: Respeto a DDHH de comunidad Lgbti no depende de opinión, religión o gusto



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Por: Tal Cual Digital
Fecha de publicación: 2022-06-22 06:00:13
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