¿Pueden los municipios establecer limitaciones al derecho de propiedad en cuanto al destino de los inmuebles? (I)

Eduardo Lara Salazar.- Hace algunas semanas me consultaron acerca de una situación que – al parecer- viene sucediendo con frecuencia; recientemente, varias personas – quienes no se conocen entre sí – también me abordaron por separado y originó escribir estas líneas.

Se trata de infracciones al ordenamiento urbanístico por propietarios de inmuebles urbanos, dándole un uso contrario al previsto por las normas municipales.

Lo primero,  hay que dejar claro que en Venezuela está previsto por su ordenamiento el derecho de propiedad; efectivamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), lo recoge en estos términos:

“…Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.”  (Subrayado mío).

En el orden doctrinario y legislativo, la propiedad se concibe como el derecho de usar, gozar y disponer de un bien mueble o inmueble, sin más limitaciones que las originadas por el entorno jurídico de cada país; el Código Civil Venezolano (1982) posee regulaciones al respecto como también otras que se mencionarán más adelante.

Ya estos enunciados indican que tal derecho no es absoluto.

Es importante recalcar que el hecho de adquirir una casa o apartamento, por  ejemplo, no abre las puertas para hacer lo que más nos complazca sin pensar en las consecuencias que ello pueda generar.

Imagine que luego de comprar instale y opere en zona clasificada como estrictamente residencial :

(i) un matadero de reses, donde se hagan los procesos propios de la actividad, especialmente en horas nocturnas.

(ii) Un campo de explosivos o

(iii) un cementerio con crematorio.

Cualquier persona, por escaso que sea el nivel educativo o cultural, entiende lo inconveniente de esos usos en una zona estrictamente residencial.

Ahora si se lleva a otro orden, ejemplos válidos se observan con:

(i) los ruidos a altas horas nocturnas producto de fiestas descontroladas;

(ii) trabajos de construcción (remodelación) hasta en días no laborables y de madrugada;

(iii) mascotas que permanecen durante días y noches enteras, sin el debido cuidado y manifiestan su incomodidad, como lo hacen los perros.

Son situaciones que hemos presenciado o tenido referencias cercanas a lo largo de la vida en algún momento y las molestias que generan.

Ante algo así, en más de una oportunidad, también hemos sabido de respuestas al formular una petición de moderación, tales como que “…eso es propiedad privada” o – dicho más coloquial – “no me da la gana porque eso es mío, lo compré y yo hago aquí lo que me…”

Siempre sea dicho que, en aras de una sana convivencia, deben imponerse límites generalmente aceptados para lograrlo; es finalidad del ordenamiento jurídico.

De allí que uno de los temas es la discusión propiedad privada-libre uso-limitaciones.

En las sociedades civilizadas ha venido ganando terreno el último por aquello del mutuo respeto, pues rigen en igualdad de condiciones.

La Justicia de Paz es una de esas modalidades para mostrar los beneficios de un buen vivir, lo cual redunda en calidad.

Lógicamente, si el legislador se excede en esa tarea lesiona derechos que deben ser restituidos, bien sea mediante modificación del texto o la intervención del Poder Judicial haciendo uso de los distintos tipos de acciones que el mismo ordenamiento nos confiere para ello.

Entre las limitaciones al derecho de propiedad dirigidas a inmuebles más promovidas, cabe mencionar – sin que implique agotamiento – lo ambiental, urbanístico, arrendamiento, legitimación de capitales, convivencia ciudadana, seguridad ciudadana, entre otros.

Para efectos de lo que se busca orientar con esta publicación, vamos a explicarlo con el Derecho Urbanístico, rama de la ciencia jurídica derivada del Derecho Administrativo, Constitucional, Civil, Municipal, entre otras; se ubica dentro del Derecho Público.

Establece como autoridades urbanísticas al Ejecutivo Nacional y los Municipios, de acuerdo con su esfera competencial.

Si no se hubiere instaurado la disciplina urbanística las ciudades crecerían desordenadamente, haciendo prácticamente insostenible la sana convivencia; uno de los soportes para hacer posible el éxito del Derecho Urbanístico es la zonificación, que no es otra cosa que una limitación legal del derecho de propiedad.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

@Edularalaw



Por: Finanzas Digital
Autor: Eduardo Lara Salazar
Fecha de publicación: 2022-07-30 07:20:24
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