Fiscales piden embargar propiedades de Cristina Kirchner y sus hijos

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitan al juez Julián Ercolini el embargo de más de 180 bienes de propiedad de la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al resto de los procesados en la causa que investiga las irregularidades y direccionamiento en la obra pública.

El pedido fiscal señala que a fin de cumplir las obligaciones internacionales que asumió el país en materia de delitos vinculados a criminalidad compleja con aprobación judicial se determinó la afectación de 145 inmuebles, 42 autos, 2 embarcaciones, y 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades, entre otros.

Entre los bienes a incautarse existen decenas de vehículos, cajas de seguridad y cuentas bancarias. Se incluyen bienes que la expresidenta les cedió de manera gratuita a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, como son 25 propiedades, acciones en distintas sociedades, el dinero depositado en las cajas de seguridad (US$ 5.696.144 y $53.280), y hasta una camioneta Honda CRV.

El eventual decomiso incluye el listado de los bienes de todos los procesados incluye 145 inmuebles, 42 autos, 2 embarcaciones, y 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades. La mayoría pertenecen a Lázaro Báez, que totaliza 81 inmuebles y 4 vehículos, entre otros bienes.

En el caso de las cajas de seguridad que fueron franjadas durante la investigación (2 de Julio De Vido, 1 de José López y 3 de Carlos Kirchner), los fiscales le solicitaron al juez que ordene un inventario y el secuestro de su contenido. Respecto a los otros bienes embargados, reclamaron una tasación para determinar el valor real.

El embargo preventivo es una medida cautelar que suelen pedir los fiscales para garantizar el eventual decomiso de los bienes de los imputados, y a su vez para satisfacer la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso luego del juicio.

En este caso, el juez Ercolini ya había embargado los bienes de los imputados al momento de procesarlos. Primero ordenó un embargo de hasta $10.000.000.000, y luego sumó otro por $2.500.000.000 cuando amplió el listado de procesados. Pero la medida recién se hace efectiva cuando quedan identificados todos los bienes y se comunica a los registros oficiales.

Los fiscales elevaron el pedido de 37 páginas al juez federal Julián Ercolini, a quien le solicitaron, además, que disponga una serie de embargos sobre activos a nombre de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.

Con ese norte, los fiscales reclamaron que «se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática».

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