Poder Judicial Chile ratifica indemnización de 150 Mil dólares a detenido arbitrariamente cuando tenía 10 años (1973)

En atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir a cada persona en especial”

Chile ratifica indemnización de 150 Mil dólares a detenido arbitrariamente cuando tenía 10 años (1973)

En el portal del poder judicial de Chile se ha publicado la confirmación de una sentencia dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago.

El demandante señala en su libelo de demanda que el día del golpe militar, era menor de edad, y de  familia comunista. “Recuerdo ese día 11 de septiembre de 1973 desde donde comienza una tormentosa y dolorosa experiencia represiva junto a mi hermano, fuimos detenidos e incomunicados junto a mi padre y madre en reiteradas ocasiones y en distintos horarios, el mismo 11 de septiembre de 1973, Carabineros allanó nuestro hogar, sometieron, torturaron y humillaron a mis padres frente a mí (…) yo solo siendo un niño, fui fuertemente golpeado, me pegaron combos en el estómago muy fuertes, me pegaron culatazos en la espalda, fui amenazado de muerte (…) me interrogo con golpes en la cara, con tirones de pelo, pellizcos en las mejillas en los brazos, me pegaron coscorrones y me dieron tirones de orejas y patillas con los que me levantaban y hacían llorar, me apuntaban con armas y hacían como que iban a disparar, el interrogatorio era para saber si mis padres tenían escondites de armas, o de dinero, también me preguntaban si conocía a los amigos de mis padres, me hicieron ver cómo le pegaban a mi mamá y a mi papá, amenazaban a mis papas con que me iban a matar a mí y a mi hermano, nos dejaron privados de libertad en la primera comisaria de carabineros, en forma separada por largas horas sin descanso, sin agua y sin alimentación, donde después de prolongado tiempo, a mí y a mi hermano, nos dejaron en libertad, y nos tuvimos que devolver a nuestra casa, quedando presos e incomunicados por algunos días mis padres, cuando llegamos a la casa, no había nada bueno, habían hecho pedazos todo, estaban las paredes rotas, el techo, los colchones, el piso de la casa, era un desastre, toda la loza rota, los muebles dados vuelta, una vecina nos ayudó y curo nuestras heridas, atendió la fractura de mi hermano, no había hospital ni nada al que pudiéramos ir”.

La sentencia de primer grado ratificada estableció que: “(…) conforme al mérito de la prueba legalmente incorporada, se advierte que el actor tenía tan solo 10 años de edad en la fecha en la cual comienzan a desarrollarse los hechos descritos en la demanda, es decir, se trataba de un menor impúber, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil, y por ende, tenía la edad de una persona que, tanto en esa época como en la actualidad, es legalmente menor de edad, y que, a raíz de los hechos de autos, perdió la posibilidad de vivir una niñez y adolescencia en condiciones objetivamente normales, seguras y libres de violencia, lo cual repercute, a su vez, en su posibilidad de insertarse en la vida social, lo cual es inherente a la naturaleza gregaria de la especie humana, y en definitiva desarrollarse con la dignidad inherente a todo ser humano, posibilidades todas que fueron truncadas en virtud de los hechos y el daño comprobados en estos autos, por lo que, en consecuencia, se regulará prudencialmente la indemnización solicitada, en la suma de $150.000.000”.

Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $150.000.000 por concepto de daño moral, a Juan Carlos Álamos Padilla, quien con solo 10 años de edad fue detenido junto a sus padres y hermano por efectivos de Carabineros el 11 de septiembre de 1973, quienes lo trasladaron hasta la Primera Comisaría de Chañaral, recinto policial donde fue sometido a torturas, malos tratos y amenazas de muerte.

Durante el proceso la representación del fisco alegó:

1.- Que el demandante ya ha recibido compensaciones conforme a la ley y contra los fondos creados para tal fin por la justicia de la transición.

2.- Que operaba la prescripción por ser eventos ocurridos en 1973.

Con respecto a lo primero las sentencias confirman que tales reparaciones han tenido un carácter general, siendo destinadas a una solución reparatoria abstracta y uniforme, pero por conceptos distintos al daño moral que específicamente se ha demando en estos autos, lo cual, por otro lado, es del todo razonable, en virtud del carácter general de tales cuerpos normativos, los cuales, al tener la jerarquía normativa de una Ley, no han considerado la situación particular y personal de cada una de las personas víctimas de apremios ilegítimos ocurridos durante el período invocado en la demanda, y tampoco han considerado la situación particular e individual de la demandante en este juicio.

En la sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones, se agrega:

“Por lo demás, y en dicho orden de ideas, uno de los requisitos del pago, como modo de extinguir obligaciones, consiste en la integridad del mismo, exigencia que, en concepto de este Tribunal, no se cumple en la especie, en atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir a cada persona en especial”

Con relación a lo segundo, es decir el alegato de prescripción,  la sentencia señala que  “pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente” (Considerando 7° de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema el 29 de marzo de 2016, en el Rol N° 2289-2015)

A continuación las dos sentencias para el estudio de los interesados:

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