Asdrúbal Aguilar: Golpe de estado de la AN (2015) a la Constitución + PDF

El jurista Asdrúbal Aguilar comenta sobre las intenciones de los partidos UNT y Primero Justicia, de darle un golpe de estado a la Constitución, promoviendo el desmontaje del interinato a cambio de un refundar el estado Venezolano.


A continuación la opinión jurídica del profesional del derecho:

Desde el 16 de diciembre pasado circula la convocatoria que hace Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, electa en 2015 y prorrogada por ausencia de elecciones democráticas, al objeto de que la misma sesione y acuerde una reforma del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para el Restablecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adoptado por aquella el 5 de febrero de 2019. “He decidido convocar a una sesión para el próximo jueves 22 de diciembre, del presente año, a fin de discutir la precitada reforma que propone la prolongación de la vigencia del Estatuto para la Transición, que nos rige en la actualidad y que es producto del consenso político, garantizando así el ejercicio de los controles parlamentarios y la cohesión política necesaria para lograr la transición hacia la democracia”, reza el texto de la carta.

De suyo se entiende que el encargado de la presidencia es el afectado con esta iniciativa, que a buen seguro no la comparte pero que no puede dejar de impulsar – convocando a debate – como cabeza del colegiado parlamentario. A tenor del documento que acompaña a dicha convocatoria y que Guaidó suscribe igualmente en su calidad de Encargado de la Presidencia de la República, el propósito es decidir sobre la prórroga del llamado Interinato, con la particularidad de que su control y decisión lo asume un colegiado de la Asamblea – la llamada Comisión Delegada – y a la sazón desaparece el ejercicio temporal del Poder Ejecutivo detentado por este como cabeza del parlamento y en aplicación del artículo 233 de la Constitución.

Lo anterior configura un grave atentado al orden constitucional, de suyo causa una ruptura, que resulta agravada por tener su origen en las fuerzas políticas que se comprometieran, debido al Interinato, con el restablecimiento del orden constitucional y democrático. En pocas palabras, lo que se busca decidir es, con la desaparición de la figura constitucional del Encargado, es el tácito reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro Moros; cuyo desconocimiento, por la OEA y por la propia Asamblea Nacional, fue la base del Estatuto para la Transición que será objeto de reforma.

II

Para mejor comprender el alcance de lo anterior, resulta obligante referir algunos antecedentes, que constan en nuestro estudio sobre la cuestión estatutaria (“Análisis crítico del Estatuto para la Transición hacia la Democracia y sus Reformas: La continuidad constitucional en Venezuela”), publicado por IDEA en 2022 y que hace parte de la obra 2 colectiva de José Ignacio Hernández, Editor, Estudios sobre la reforma del Estatuto de Transición de 2022 y la continuidad constitucional en Venezuela (pp. 177 y ss.). Y son los siguientes: “4. El parteaguas constitucional señalado, como puede apreciarse en los hitos que se describen en el anexo de este ensayo-dictamen, no fue la obra de una consecuencia abrupta sino de una dinámica que impulsa el propio régimen de Nicolás Maduro Moros, coludido con el Tribunal Supremo de Justicia y la Fuerza Armada, para desconocer la voluntad popular democráticamente expresada en 2005; esa que le otorga a la oposición una mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional todavía en ejercicio, por obra de la misma transición. Y cristaliza una vez como, a partir de 2016 aquél, Maduro, decide gobernar por decreto, forjar una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente y realizar unas elecciones presidenciales írritas para permanecer en el poder a partir del 10 de enero de 2019, lo que obliga a la misma Asamblea y a distintos órganos de la comunidad internacional declarar “la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela”. “5. Habiéndose iniciado un nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2019 y designado como presidente del órgano parlamentario Juan Guaidó Márquez, el Consejo Permanente de la OEA, mediante su resolución CP/RES.1117 (2200/19) de 10 de enero decide: “No reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”. “6. Dado lo anterior, llegado el 15 de enero, la Asamblea Nacional acuerda lo siguiente:

“PRIMERO: Declarar formalmente la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y, por lo tanto, asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto de Nicolás Maduro y reputar como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución.

SEGUNDO: Adoptar, en el marco de la aplicación del artículo 233, las medidas que permitan restablecer las condiciones de integridad electoral para, una vez cesada la usurpación y conformado efectivamente un Gobierno de Transición, proceder a la convocatoria y celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible, conforme a lo previsto en la Constitución y demás leyes de la República y tratados aplicables.

TERCERO: Aprobar el marco legislativo para la transición política y económica, fijando las condiciones jurídicas que permita iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, con especial atención en aquellas que permitan adoptar las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional y atender la emergencia humanitaria compleja, incluida la crisis de refugiados y migrantes. El presidente de la Asamblea Nacional se encargará de velar 3 por el cumplimiento de la normativa legal aprobada hasta tanto se restituya el orden democrático y el Estado de Derecho en el país”. “7. Sobre el telón de fondo anterior, encuentra su justificación y propósitos –con severas incidencias constitucionales– la asunción por Juan Guaidó ipso iure de la conducción como jefe del Estado y encargado del Poder Ejecutivo de Venezuela, por previsión expresa del artículo 233 de la Constitución; eso sí, bajo un muy estricto régimen de control parlamentario y hasta alcanzarse la vuelta al orden constitucional desde la misma Constitución, tal y como lo dispone el artículo 333 siguiente”. “8. En su acuerdo de 5 de febrero de 2019, al efecto, la Asamblea Nacional fija las bases preliminares del señalado proceso y da cuenta del reconocimiento internacional obtenido, implicando aquellas (i) el reconocimiento interno e internacional del ejercicio constitucional y temporal del poder –evitándose el vacío conforme al citado artículo 233 constitucional– por parte de Guaidó, y (ii) hasta tanto se “logre la salida del régimen dictatorial de Maduro, ponga fin a la usurpación, permita la convocatoria a elecciones y el restablecimiento de la democracia en Venezuela”. “9. Así se explica que los lapsos y términos constitucionales hayan quedado de suyo paralizados dada la imposibilidad material de sostenerlos, por el quiebre constitucional acontecido. No de otra manera se entiende, en consecuencia, que al sucederse la “falta absoluta” en el ejercicio de la presidencia de la república y al asumir el presidente de la Asamblea Nacional en calidad de encargado mientras se procede a una nueva elección, haya quedado de lado el término de los treinta (30) días consecutivos que manda la misma Constitución para la realización de esta y la finalización del ejercicio temporal de la presidencia de la república por el Encargado. Tanto es así que el mismo Guaidó aún permanece en el ejercicio de tal condición hasta el presente, sostenido por el reconocimiento internacional y las disposiciones estatutarias”. “10. De manera consistente con lo anterior, la Asamblea Nacional declara en su citado acuerdo que: “Cualquier intento de diálogo o contacto con el régimen usurpador debe estar condicionado a un solo objetivo: las garantías y condiciones para lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” [entendiéndose paralizados los términos constitucionales y con vistas a un diálogo que sólo permite] “como único objetivo ofrecer y acordar con el régimen usurpador, las garantías y condiciones para que entregue el poder de acuerdo a la Constitución, y se inicie un proceso de Transición donde se restablezca la plena vigencia de la Carta Magna”. 4 “11. El Estatuto para la Transición adoptado el mismo 5 de febrero como carta constitucional provisoria o, si se quiere, como suerte de “disposiciones transitorias constitucionales” sobrevenidas ante el quiebre constitucional sucedido, consagra, por ende, la paulatina realización del orden constitucional y hasta el rescate de su plenitud, según se infiere de sus considerandos siguientes: (i) “su propósito es volver a la Constitución desde la propia Constitución”, (ii) a través de un “cauce ordenado y racional” e “inédito”, (iii) como de “una iniciativa normativa de la Asamblea Nacional”, que (iv) “aspira a preservar la Constitución de 1999 como pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y como fundamento de la transición democrática”. “12. Adquiere sentido, de tal modo, lo que luego declara y acuerda la Asamblea Nacional el 17 de septiembre de 2019, con fundamento en las atribuciones que le otorga el artículo 333 constitucional en su relación con el Estatuto para la Transición, a saber: “adoptar, en el marco de la aplicación del artículo 233, las medidas que permitan restablecer las condiciones de integridad electoral para, una vez cesada la usurpación y conformado efectivamente un Gobierno de Transición, proceder a la convocatoria y celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible”. (Cursivas nuestras) “Ratificar la vigencia plena de todas las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, el mandato de los diputados electos democráticamente, y la voluntad soberana del pueblo venezolano, así como el itinerario jurídico trazado por el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para el Restablecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dando respaldo político irrestricto al liderazgo de Juan Guaidó Márquez como Presidente de la Asamblea Nacional, y como Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, hasta que se produzca el cese de la usurpación”. (Cursivas nuestras)

Los incisos anteriores no reclaman de exégesis, pues se explican por sí solos y predican, claramente, que el fundamento real y formal de la transición en Venezuela no es otro que la ausencia de un presidente electo y legítimo; la realidad de un poder de facto que permanece y ha destruido todas las bases constitucionales y de la democracia; y la existencia, para 2019, aún, de una Asamblea Nacional cabalmente legítima y llamada al restablecimiento del orden constitucional.

Acaso, la desviación originaria de dicho Estatuto – extraña a la tradición constitucional venezolana y latinoamericana – sea la de la preeminencia que se le otorga desde el principio al parlamento, pues es su presidente quien ejerce temporalmente el poder Ejecutivo; y, ante el retraso predecible de unas elecciones presidenciales que devolviesen al país a la senda de la normalidad institucional, pese sobre tal desviación la omisión de nombrar un presidente provisional – fue el caso de Ramón J. Velásquez (1993-1994) – para que 5 concluyese el período y estuviese separado de la legislatura, asegurándose la separación e independencia de ambos poderes hoy comprometida severamente.

III

El Estatuto fue objeto de dos reformas sucesivas, una en 2020, sancionada el 26 de diciembre, al ocurrir un hecho o presupuesto adicional o distinto del que lo origina, a saber, la ausencia de un presidente electo en Venezuela. Finalizaba formalmente, en efecto, la legislatura electa en 2015 e iniciada en 2016, con la particularidad de que las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre del año primero señalado, el 2020, fueron protestadas y desconocidas por la comunidad internacional (Grupo de Lima, Grupo Internacional de Contacto, Estados Unidos, Unión Europea, Organización de los Estados Americanos, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos). Luego, la Asamblea precedente, cuyo origen legítimo no se cuestiona, mal ha podido no permanecer sine die, mientras se logran unas elecciones democráticas en Venezuela. La reforma del Estatuto suma de tal modo, como factor de la transición, junto al encargado presidencial, al órgano parlamentario. Dado ello, llegado el 2 de enero del año en curso, este provoca una segunda reforma para asegurarse otra vez su prórroga necesaria. Pero afecta, esta vez, los fundamentos jurídicos y teleológicos del Estatuto original a fin de diluir las funciones del Encargado del Poder Ejecutivo. Se forja, de manera abierta y como efecto, un gobierno parlamentario imposible de sustentarse constitucionalmente y en la práctica. Y no se olvide, al respecto, lo que reza claramente la exposición de motivos que acompañara al Estatuto para la Transición cuando fue sancionado en 2019: “Su propósito es volver a la Constitución desde la propia Constitución para ofrecer un cauce ordenado y racional al inédito e inminente proceso de cambio político que ha comenzado en el país. Se trata de una iniciativa normativa de la Asamblea Nacional que aspira a preservar la Constitución de 1999 como pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y como fundamento de la transición democrática”. No huelga agregar que la trampa de las finalizaciones de sus períodos legislativos es lo que ha impulsado a la Asamblea Nacional de 2015 a la realización de unas reformas al Estatuto en las que han privado razones partidarias por sobre el cometido constitucional de la Transición. Y ello responde al defecto de análisis e interpretación contextual y teleológica del Estatuto por parte de aquella. Al caso, el mismo Encargado de la Presidencia de la República, desde el principio de esta trama mal ha podido ceñirse a los 30 días de ejercicio que sólo le acuerda el artículo 233 de la Constitución de 1999, desmaterializada por el régimen de facto. 6 En efecto, como lo observo en mi citado estudio, “salvo que el Estatuto sea interpretado de manera sesgada, parcial y parcelada, obviándose el contexto y su carácter finalista, que es la garantía del derecho del pueblo a la democracia y su regreso a un Estado constitucional de Derecho, podría sostenerse que los órganos o funcionarios previstos en el mismo han concluido sus mandatos. O que deben abandonar sus responsabilidades de revelarse ineficaces o dañosos en sus ejercicios para la misma transición. Lo que sería tanto como repetir el mal histórico de Venezuela, su trágica hipoteca intelectual, a saber, que ante el descontento con los gobernantes de turno se destruye junto a éstos al orden constitucional y se busca otro arbitrio normativo de circunstancia”. En esa estamos, por lo visto.

IV

La exposición de motivos de la nueva reforma parcial que se plantea del Estatuto esgrime como premisa inicial la siguiente: “Sancionada inicialmente para reforzar el sustento legal de la actuación de la Asamblea Nacional y de la Presidencia Encargada, frente la ausencia de elecciones presidenciales y parlamentarias y el desarrollo de los supuestos constitucionales consagrados en los artículos 233, 333 y 350, la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Cursivas nuestras). Sucesivamente, ajusta que: “Pese a todos los esfuerzos de la institucionalidad democrática, persiste la situación autocrática que vulnera el orden constitucional y democrático en Venezuela, sin que haya sido posible la realización de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y verificables. En consecuencia, resulta imperativo la prolongación de las funciones de la Asamblea Nacional legítimamente electa en el año 2015 y de la institucionalidad derivada de los vacíos legales y constitucionales originados por el régimen autocrático que usurpa el poder”.

Al efecto, se dispone la modificación del artículo 12 del Estatuto, así: “Artículo 12. En virtud de lo establecido en el artículo anterior, la continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional será ejercida por la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, la cual funcionará a través de la Comisión delegada hasta por doce (12) meses continuos a partir del 5 de enero de 2023 o hasta que, dentro de ese lapso, se restablezca el orden constitucional y democrático.” Las observaciones saltan de bulto. A tenor de lo explicado con anterioridad y de las consideraciones que siguen, se consumará, de aprobarse la nueva reforma, una desviación o, mejor aún, un fraude al orden 7 constitucional de 1999, al que debe apegarse la Asamblea en la misma medida en que vaya ocurriendo su pleno restablecimiento y sin mengua de sus principios superiores que permanecen; lo que es peor, la propuesta reformatoria desnaturaliza al Estatuto para la Transición. Tira por la borda, cabe insistirlo, su verdadero origen, a saber, la ausencia o falta de un presidente electo para el período constitucional 2019-2025.

Así las cosas, caben como predicados los siguientes: 1) La reforma que se pretende indica que el origen del Estatuto fue, en primer lugar, darle sustento a la actuación de la Asamblea Nacional por ausencia de elecciones parlamentarias, lo que es abiertamente falso; salvo que se quiera indicar con ello que el régimen de facto desconocía sus actuaciones desde 2016 y las cuestionaba ante un espurio Tribunal Supremo de Justicia a su servicio. La cuestión de las elecciones parlamentarias declaradas ilegítimas fue un hecho sobrevenido al interinato gubernamental. 2) Como lo reconoce la exposición de motivos de la reforma propuesta, incluso subordinándolo como lo hace en su considerando siguiente al llamarle sibilinamente “institucionalidad derivada” al Encargado del Poder Ejecutivo, es, justamente, el artículo 233 constitucional que, en su aplicación, dispara el 10 de enero de 2019 a la transición: “Mientras se elige o toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional”, precisa dicha norma. 3) El ejercicio transitorio del Poder Ejecutivo por el presidente del parlamento es atribución que la propia Constitución de 1999 le asigna sólo a este, en su calidad de cabeza de la Asamblea; no es una atribución que pueda ejercitar la Asamblea como colegiado ni sus diputados, salvo por la desviación mencionada que se sugiere al dictarse el Estatuto en 2019 y que avanza en sus reformas de 2020 y 2022. Ahora se realiza, de espaldas a la tradición constitucional venezolana. Representará un abierto atentado a la división de poderes consagrada por la Constitución en su artículo 136; transformará la excepción – la del artículo 233 constitucional – a la prohibición de ejercicio de cargos públicos [léase funciones ejecutivas en el gobierno o en la justicia] por los diputados, volviéndola una regla; dejará de atenerse la Asamblea a sus específicas atribuciones constitucionales, con mengua del artículo 137 ejusdem, y trastocará la pretendida reforma el régimen constitucional republicano que nos caracteriza.

V

Es inevitable, en suma, dejar constancia de una consideración política necesaria sobre lo antes planteado. Al cabo toda alteración grave del orden constitucional parte siempre de una razón de poder, que no es otra, en el caso, que la purificación sobrevenida del régimen 8 de facto imperante en Venezuela; que lo es, formalmente, a partir de 2019 y se inicia en 2013 mediante una inconstitucional sucesión (vid. Asdrúbal Aguiar, El golpe de enero en Venezuela: Documentos y testimonios para la historia, EJV, 2013, passim).

Los partidos que hoy integran la Asamblea Nacional electa en 2015, en agosto 13 de 2021 firmaron con la delegación de Nicolás Maduro un Memorando de Entendimiento, cuya premisa es elocuente: “Las partes designadas a efectos de este proceso como el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela [los mismos partidos que integran la Asamblea Nacional de 2015], bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [Omisis] hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basados en una agenda, formato y pautas, acordados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela [el de Nicolás Maduro Moros] y la Plataforma Unitaria de Venezuela de manera previa al inicio de las conversaciones en ciudad de México…”. Los temas que encabezan a este reconocimiento tácito de un régimen hasta ese momento desconocido, interna e internacionalmente, en diálogos acompañados por Rusia y Holanda y facilitados por Noruega, no son, ciertamente, los muy específicos del Estatuto para la Transición; menos se atiende a lo citado y acordado por la misma Asamblea Nacional el 5 de febrero de 2019 , mientras preparaba el piso para aprobar el Estatuto para la Transición: “Cualquier intento de diálogo o contacto [tiene] como único objetivo ofrecer y acordar con el régimen usurpador, las garantías y condiciones para que entregue el poder de acuerdo a la Constitución”. Sólo se le sostiene este, por consiguiente, en lo único que le interesa a la Plataforma Unitaria a costa de sumarse a la cabal desmaterialización constitucional que tomara cuerpo en Venezuela luego del fallecimiento de Hugo Chávez Frías; y que este inició con su serie de «golpes inconstitucionales» a partir de 1999 (Vid. Asdrúbal Aguiar, Historia inconstitucional de Venezuela, EJV, 2012, passim). Serviría la reforma estatutaria, sí, apenas como un instrumento de poder muy relativo – que depende de Estados Unidos – para que el conjunto de los partidos presentes en la Asamblea Nacional de 2015 conserve algún margen de participación, en las cuestiones del poder fáctico en Venezuela, reducidas a lo central de la agenda adoptada para el diálogo: “3. Levantamiento de las sanciones. Restauración de derecho a activos [se entiende que son los del gobierno de Maduro reconocido]”, a fin de puedan considerarse, en algún momento, los temas 1 y 2: “Derechos políticos para todos” y “garantías electorales para todos” y un “cronograma para elecciones observables”. No se indica de cuáles se trata y no se mencionan las que justificaron el Estatuto, las elecciones presidenciales pendientes y que ordena el artículo 233 constitucional.

Diciembre 19, 2022

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