#España | Los fiscales del 1-O piden la inhabilitación para Turull, Romeva y Bassa

La Fiscalía del Tribunal Supremo, además de mantener la inhabilitación de 13 años para el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, también pide 12 años para los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados por un delito de sedición en concurso medial con malversación. Para la Fiscalía, los independentistas que fueron condenados por malversación –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa– deben mantener los 13 y 12 años de inhabilitación impuesta. Esto impediría que volvieran a presentarse a las próximas elecciones.

Los fiscales explican en su escrito que dicha pena está justificada y no es necesario someterla a una rebaja, puesto que está dentro de la horquilla penal tras la reforma del delito de malversación. A los nueve condenados que fueron indultados por el Gobierno se les perdonó la cárcel pero no la inhabilitación, de modo que ésta será la pena sobre la que se ponga el foco, porque es la única que tendrá efectos prácticos de cara al horizonte electoral.

Con todo, parten de la premisa de que cualquier reforma penal que pueda implicar un beneficio para los condenados deberá estudiarse para su posible aplicación, porque así lo establece el artículo 2.2 del Código Penal (CP), lo que en el caso del procés supondría revisar la única pena vigente, que es la de inhabilitación, teniendo en cuenta además que quienes fueron condenados por ambos delitos lo fueron en concurso medial, es decir, con la sedición como delito principal y la malversación como instrumental.

Condena

En octubre de 2019, el Tribunal Supremo impuso la pena de 12 años de cárcel a los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, por los delitos de sedición con malversación. Sobre Romeva, el Supremo resaltó que era conocedor de que se estaba promoviendo la creación de una «legalidad paralela» y que a través de la movilización ciudadana y el apoyo internacional se podría «neutralizar» la capacidad de reacción de las autoridades gubernativas y judiciales.

La sentencia apuntó que Romeva afirmó días antes del 1-O, el 28 de septiembre de 2017, que si ganaba el «sí» en el referéndum se declararía la independencia en 48 horas desde que se hiciese oficial el recuento y que además intentó convencer de la viabilidad de la construcción de una República catalana. Además, relativizó las dificultades logísticas para la celebración de la consulta y advirtió a las instituciones europeas de que perderían la credibilidad si no apoyaban el referéndum unilateral.

Sobre Turull, el Supremo destacó que intervino «activamente» en la «concertada actuación sediciosa», ya que participó en las reuniones en las que se definió la estrategia independentista, en primer lugar como parlamentario y presidente del grupo de JxSí, cargo desde el que impulsó la puesta en marcha del Pacto Nacional para el Referéndum.

Apuntó además que Turull sabía que no atender los requerimientos del Constitucional suponía un delito de desobediencia y que «tenía que prever también» que su imputación se agravaría si no se limitaba a desobedecer y también impulsaba la creación de una «legalidad paralela» para promover la «inobservancia de las leyes» y la celebración de un referéndum prohibido mediante una «tumultuaria movilización ciudadana para rechazar el cumplimiento de las resoluciones judiciales».

Dolors Bassa, según la sentencia, adoptó dentro de su área de influencia como consejera de Trabajo y Asuntos Sociales las decisiones ejecutivas necesarias para poder celebrar el 1-O, ya que cedió el uso de centros cívicos como locales para la votación y para la jornada de Escoles Obertes que se celebró ese fin de semana.

Para el Supremo, la campaña Escoles Obertes, que llenó de activistas del 1-O los puntos de votación en las horas previas al referéndum ilegal, pretendía «evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia sobre el cierre de los centros de votación». Sobre el uso de los locales, la consejera Bassa tuvo una intervención «decisiva» de cara a garantizar su disponibilidad para el referéndum, «blindándolos ante una eventual negativa de sus directores a la apertura», ya que para evitar riesgos avocó para sí la competencia de todos los directores responsables de los centros afectados.

Por: Ok Diario
Autor: OKDIARIO
Fecha de publicación: 2023-01-25 01:36:12
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